José Haro Hernández •  Opinión •  03/03/2021

¿Hay democracia en España?

Esa sección fija de la que dispone una parte de los medios con la única finalidad de linchar, un día sí y otro también, a Pablo Iglesias y Unidas Podemos, se ha estirado en estos días hasta casi el infinito, tanto en extensión como en intensidad, a cuenta de las palabras del vicepresidente segundo en relación a la escasa calidad de nuestra democracia.

Se ha generado un tenso debate que da pie al interrogante que encabeza este artículo. Y, en mi opinión, la respuesta es muy simple: todo lo concerniente al rey emérito demuestra que no existe normalidad democrática en este país. El lector o lectora pensará que estoy despachando un asunto muy complejo con una derivada que no parece determinante para el devenir institucional del país y su marco de libertades. Veamos. Un exjefe de Estado abandona el país, con la anuencia y complicidad del gobierno y del monarca actual, para mitigar la fuerte controversia suscitada por los sólidos indicios de corrupción que afectan al huido, tanto durante su etapa al frente de los destinos del país como posteriormente. Una mayoría de diputados esquiva el Congreso, evitando que en sede parlamentaria se investigue el presunto enriquecimiento ilícito de Juan Carlos I, a pesar de que los letrados de las Cortes dan el visto bueno a que se constituya una comisión a tal efecto. En ningún país de nuestro entorno se hubiera vivido algo semejante, por la sencilla razón de que lo descrito supone que alguien que se sitúa por encima de la ley goza del trato de favor de las instituciones, hasta el punto de que el gobierno paga al fugado la seguridad y los criados. Con el agravante de que lo que se pretendía investigar no corresponde al período durante el cual era inviolable. Se trata de una quiebra flagrante del Estado de Derecho y, por consiguiente, de la democracia misma.

Tirando de este hilo, llegamos al meollo del asunto: la restauración monárquica que se solapa con el restablecimiento de las libertades formales tras la muerte del dictador. Éste impone al rey, cuya inviolabilidad recoge la flamante Constitución. Los partidos dinásticos y la cúpula judicial, primero tácitamente y después explícitamente, se encargan de convertir dicha inviolabilidad, que por lógica sólo debía afectar a los actos refrendados como Jefe de Estado, en impunidad para cualquier delito privado que el monarca pudiera perpetrar. El mal en la cabeza se expande, cual metástasis, por el conjunto del cuerpo social. La corrupción se instala en todas las instituciones del Estado, de manera que en estos últimos 40 años hemos asistido, a través de las privatizaciones, las puertas giratorias y las ‘mordidas’ en las contrataciones públicas, a una simbiosis político-empresarial que, utilizando como vasos comunicantes las cloacas del Estado, ha llevado al saqueo de las arcas públicas, para mayor gloria de las cuentas corrientes de las élites y de los fondos para las campañas electorales del bipartidismo.

La corrupción que así se afirma no podía tener otro correlato en el ámbito socioeconómico que el de una crónica desigualdad social, de suerte que ni siquiera en los momentos más brillantes de la marcha económica de España, nuestro nivel de paro ha dejado de doblar al de la eurozona ni nuestro Estado del Bienestar se ha aproximado al de los vecinos. La gente joven, en el país que hasta el Covid más crecía en Europa, tenía y tiene dos opciones, a partes iguales: paro o esclavitud laboral.

A un sistema parlamentario con la corrupción institucionalizada(hasta el punto del desprecio a la vida de los gobernados que supone, por parte de los gobernantes, colarse para las vacunas)y la desigualdad instalada estructuralmente, sólo puede corresponderle un sistema judicial arbitrario, cuya cúpula ha sido recusada en demasiadas ocasiones por la Justicia Europea en materia de derechos humanos, así como impugnada por los tribunales de los distintos países europeos en lo tocante a los huidos del procés o los raperos exiliados para evitar la cárcel. Una justicia que ralentiza los procesos de corrupción hasta el punto de que los delitos terminan por prescribir; que considera, en fin, que la inductora y beneficiaria de un máster falso no tiene que cumplir condena, mientras entran en prisión las amanuenses que confeccionaron el documento.

Una democracia en la que, sorprendentemente, una parte de los servidores del Estado, a quienes la sociedad ha hecho depositarios del monopolio de la violencia, no tiene ningún escrúpulo en ensalzar la figura de Franco, glosar las hazañas de la División Azul o elogiar al general Galindo, un condenado en firme a 75 años por terrorismo. Sin que ello tenga consecuencia alguna, a diferencia de países como Alemania.

No, esto no es, como aseguran Sánchez y el PP, una democracia plena. A no ser que reduzcamos la idea de ésta a la existencia de una relativa libertad, tanto para expresarnos(con cuidado) como para elegir a nuestros representantes políticos(con permiso de la ley electoral y las financiaciones en b de las elecciones). El Estado Social y Democrático de Derecho es mucho más que eso.

joseharohernandez@gmail.com


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