IU impulsa una iniciativa para que el Gobierno acometa de inmediato una “auditoría pública e independiente” del rescate de las autopistas por la “estafa organizada” oculta tras su gestión

Lunes, 5 de febrero 2018.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha presentado esta mañana junto al responsable federal de Políticas Económicas, Carlos Sánchez Mato, una importante iniciativa parlamentaria impulsada por esta formación en el Congreso en la que se insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a “realizar y poner en marcha de forma inmediata una auditoría pública en todas sus fases e independiente del Gobierno, con participación directa de la ciudadanía, de las autopistas de peaje incluidas en el Plan de Rescate del Gobierno de cara a depurar la legitimidad de toda la deuda”.

Garzón advirtió en sus explicaciones a los medios que, además del objetivo concreto que persigue esta proposición no de ley, lo que se busca también es denunciar la “estafa organizada” que ejemplifica perfectamente este caso y la “corrupción legal” que acarrea, que se une a la “trama de corrupción ilegal” protagonizada por el PP y sus muchas ramificaciones, desarrolladas ambas en medio de la crisis.

El máximo responsable de IU consideró que hay que evitar a toda costa que se sigan empleando fondos públicos para garantizar los beneficios privados, dentro de la clara política impuesta por el Gobierno de Rajoy para “socializar las pérdidas y privatizar los beneficios”, según dijo a modo de resumen.

Para Alberto Garzón estamos ante una “deuda ilegítima” del Estado con las concesionarias de las autopistas quebradas. Denunció que “mientras hubo beneficios, fueron para las empresas y sus accionistas”, pero cuando la situación dio la vuelta “lo mismo que ha pasado con la Banca, con el ‘proyecto Castor’ de la empresa de Florentino (Pérez) o ahora con las autopistas, quieren que se pague con el dinero de todos”.

“Estamos -sentenció- ante  una tomadura de pelo descomunal. La política del PP consiste en un engaño, un negocio perfecto. Resulta que los beneficios son privados y las pérdidas las tenemos que pagar entre todos, pagando así también los errores que ha cometido el PP y, antes, el PSOE”.

En esta misma línea, avisó de que “ahora pretenden rescatar las autopistas para luego, cuando se saneen, privatizarlas y volvérselas a conceder a los mismos que las tenían antes, como ha pasado con la Banca”.

Garzón apuntó con vehemencia que los miles de millones que el Gobierno pretende dedicar a este nuevo rescate “salen de la Educación y la Sanidad públicas. Esta es la contracara de los recortes. Sin este dinero tenemos menos camas y menos médicos en los hospitales, y también menos profesores; de ahí es de donde lo sacan”.

Destacó también que “no estamos ante un error técnico, ni tampoco político. Con nuestra iniciativa queremos que todo esto se conozca más públicamente y así se puedan  tomar decisiones concretas sobre lo que está pasando”.

Carlos Sánchez Mato incidió en esta misma idea al asegurar que el Ejecutivo del PP “presumió” en su momento de que esta ayuda a las concesionarias de las autopistas “no costaría un euro, lo mismo que dijo ante el rescate del sistema financiero. Por eso quieren que haya oscuridad, que no se conozcan los detalles”.

El responsable económico de IU apostilló que, además, “la cifra que apuntan que pude costar está minimizada. Hablan de cerca de 1.000 millones de euros, que ya es mucho dinero, pero esta cifra se puede cuadruplicar y sobrepasar los 4.000, como advierte el propio Tribunal de Cuentas. Queremos que haya luz y taquígrafos, que la claridad llegue a todo este proceso”.

Preguntado por los periodistas, Alberto Garzón se mostró confiado en que esta iniciativa se pueda debatir “lo antes posible, esperemos que este mismo mes” y señaló que intentará que salga adelante con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, porque “hay que hacer políticas distintas a las del PP. Hay que explorar esta oportunidad”.

La iniciativa se centra en la decisión del Gobierno de rescatar, a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), a las nueve concesionarias de autopistas de peaje quebradas: la R2 Madrid-Guadalajara, la R3 Madrid-Arganda, la R4 Madrid-Navalcarnero, el Eje Aeropuerto (M12), la autopista Madrid-Toledo (AP41), Ocaña-La Roda (AP36), Cartagena-Vera de la AP7 y la circunvalación de Alicante.

Denuncia los estudios de demanda y de uso “completamente ficticios e irreales”, el supuesto “error” de cálculo en el coste de las expropiaciones y el sobrecoste de construcción, que subió un 30%.