Redacción •  Actualidad •  28/03/2024

La Ecomarcha 2024 denuncia los vertidos mineros de metales pesados al Guadalquivir

  • En su tercera etapa, desde Villavarde del Río hasta Coria del Río, los más de 120 ciclistas de esta Ecomarcha de primavera han realizado un parada en Sevilla, junto al río Guadalquivir frente al Estadio de la Cartuja.
La Ecomarcha 2024 denuncia los vertidos mineros de metales pesados al Guadalquivir

En esta parada han denunciado el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar que pretende autorizar la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la empresa Minera Los Frailes, cuando se van a cumplir 26 años desde la catástrofe ambiental anunciada que provocó la rotura de la balsa de lodos mineros de Boliden, el 25 de abril de 1998.

Entonces se produjo un vertido tóxico de más de 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas contaminadas por toda la cuenca del Guadiamar, hasta las puertas de Doñana. La mayor parte de esos lodos fueron recogidos, trasportados y depositados en la denominada Corta de Aznalcollar (CAZ), hueco minero donde siguen depositados junto con una capa de agua igualmente tóxica, cargada de metales pesados, que amenaza desde entonces la calidad de las aguas subterráneas del entorno.

Ahora, 26 años después, el proyecto de reapertura proyecta construir una tubería de 30 km desde el recinto minero de Aznalcóllar hasta Sevilla para realizar un vertido tóxico continuo en el Guadalquivir, frente del Estadio de la Cartuja.

Se pretender verter en una primera fase de 18 meses, 2.520 millones de litros de aguas contaminadas que actualmente se acumulan en la Corta de Aznalcóllar (CAZ) y vaciar completamente los 15 mil millones de litros de aguas -igualmente contaminadas- que se acumulan en la Corta de Los Frailes (CLF), donde pretender iniciar una nueva mina subterránea, que estará operativa durante 17 años. En esa fase operativa, la Junta de Andalucía pretende autorizar un vertido tóxico continuo al Guadalquivir de 4 mil millones de litros anuales.

En total pretenden autorizar un vertido de 85.520 millones de litros durante los 18 años y medio de las fases inicial y operativa. A pesar del proceso de depuración que anuncian, la carga contaminante máxima acumulada tiene un alto contenido en metales como Arsenico, Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Niquel, Plomo, Selenio y Zinc, entre otros metales contaminantes.

Este vertido tóxico envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlucar de Barrameda, a las puertas del Parque de Doñana. En este tramo del estuario se localizan las tomas de riego de los arrozales y donde se crian los alevines del golfo de Cádiz, por lo que se pondrá en peligro la seguridad alimentaria de esos productos.

Este vertido se acumulará con el que ya tiene autorizado la empresa minera Cobre Las Cruces (CLC), cuyo vertido se sitúa también en el Estuario del Guadalquivir, en La Algaba, con un volumen total autorizado de 2.340 millones de litros durante un periodo aproximado de 14 años, es decir, un total de 32.760 millones de litros de vertido igualmente toxico y altamente contaminado con de los mismos metales pesados.

Los participantes en la Ecomarcha 2024 han denunciado la impunidad con la que las autoridades ambientales de la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pretender permitir el envenenamiento del río Guadalquivir.


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