Redacción •  Vivienda •  26/10/2017

Los estafados de la Central Hipotecaria del Inmigrante piden la intervención del Papa Francisco en una audiencia en El Vaticano

- Esta mañana un delegado de Bertoglio ha recibido a una delegación de ecuatorianos encabezada por Aída Quinatoa.

- Tras el cierre del caso en el Tribunal Constitucional español, los afectados pedirán amparo a los tribunales europeos.

- Este grupo de ecuatorianos, junto a la FRAVM y otros colectivos pusieron en marcha en 2011 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid.

Los estafados de la Central Hipotecaria del Inmigrante piden la intervención del Papa Francisco en una audiencia en El Vaticano

Tras agotar todas las vías en el ámbito judicial español, las personas afectadas por la presunta estafa de la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) han decidido llevar su caso más allá de las fronteras del Estado español. Así, una representación de estos damnificados hipotecarios ha sido recibida esta mañana en El Vaticano. Tras exponer su caso a un delegado de Jorge Mario Bergoglio y pedir la intervención del pontífice, el grupo, de origen ecuatoriano, ha abandonado la sede de la curia. El Vaticano se ha comprometido a responder a la petición de los damnificados hipotecarios en las próximas semanas.

El pasado septiembre, el Tribunal Constitucional emitió un fallo por el que acuerda no admitir a trámite un recurso de amparo de los afectados de la CHI, cerrando de esta manera el proceso judicial contra uno de los responsables del chiringuito financiero, el tristemente famoso Enrique Caño. Este hecho supuso un auténtico jarro de agua fría para los damnificados, muchos de los cuales han sido desahuciados en estos años atrás al no poder afrontar los gastos de sus hipotecas. Sin embargo, el nuevo revés no ha acabado con su esperanza y tesón, y ahora darán a conocer al máximo exponente de la Iglesia católica su problema, para luego apelar a la justicia europea.

¿Cómo es posible que se haya producido el archivo de la causa penal contra la CHI, cuando incluso existen grabaciones en las que se puede ver claramente la manera irregular de actuar de citado Caño? se preguntan los abogados de los afectados, para quienes la juez instructora obvió la aportación de pruebas contundentes como “letras de cambio firmadas en blanco por parte de los perjudicados, denunciantes que creían estar avalando una compra cuando en realidad eran obligados del crédito o diversos casos en los que la trama mostraba a los potenciales compradores viviendas de una gama superior y que una vez habían conseguido que avalasen a una persona desconocida se les indicaba que esa vivienda ya estaba vendida, mostrando en ese caso viviendas de una calidad muy inferior”.

Caño se hallaba al frente de una entidad, la CHI, que se presentaba a los inmigrantes como una suerte de ONG que les ayudaba en su integración en España. Una vez que alguno mostraba interés en comprar una casa, se encargaba de realizar todos los trámites, organizando una red de avales cruzados: cada futuro propietario debía avalar a otro antes de firmar las escrituras. Muchos ni siquiera se conocían entre sí. La Central Hipotecaria del Inmigrante realizaba estas operaciones con entidades como Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Madrid, Caja España, BBVA, Catalunya Caixa o Caixa Bank. Decenas de familias afectadas, casi todas de rentas modestas, han sido desahuciadas en estos años al no poder hacer frente a sus créditos hipotecarios con ellas. Ahora, las que han podido mantener sus casas a pesar de una deuda hipotecaria a todas luces injusta e irregular, pueden correr la misma suerte.

A continuación reproducimos un extracto del testimonio que Aída Quinatoa, una de las afectadas y portavoz del grupo, ha presentado hoy en Roma:

Debido a las dificultades de sobrevivencia, luego de un “corralito bancario” y una crisis económica profunda, decidimos emigrar dejando nuestra familia y nuestra tierra el Ecuador. Nuestros hijos y esposos quedaron en nuestro país, siempre con la esperanza de unificar nuestra familia luego de legalizar nuestra estancia en España. Para traer a nuestros hijos, un requisito era disponer de una vivienda, y ante la dificultad de arriendo, lo único que se nos ofrecían era adquirir una vivienda en propiedad, mediante una hipoteca con una caja o banco a 25, 30 y 50 años de plazo. Los bancos disponían de agentes inmobiliarios para que intermediaran, a cambio de jugosas comisiones. En mi caso la intermediaria fue la “Central Hipotecaria de Apoyo al Inmigrante”, que nos engañó completamente.

Las entidades financieras disponían de empresas de tasaciones (propias o contratadas), que fijaban el precio de la vivienda para realizar la hipoteca. Este valor fue inflado enormemente con el pretexto del valor de mercado y consecuentemente la deuda fue agrandada, llegando a valer las viviendas de 50 m² y en barrios periféricos 200.000, 250.000 y hasta 300.000 euros.

Esta operación se realizó millones de veces no solo con familias inmigrantes, sino también con nacionales, convirtiéndose en un problema social general. Inicialmente las cuotas eran fijas y bajas, de 700 a 900 euros, luego con el alza del Euribor se dispararon y con la crisis económica perdimos el empleo y al no poder pagar tres mensualidades, los bancos, con apoyo de los juzgados, iniciaron las ejecuciones hipotecarias.

Algunos compatriotas, ante la desesperación de perder la vivienda y verse con su familia en la calle y en la más absoluta miseria, vendieron su insignificante propiedad en Ecuador para intentar pagar algo de la deuda. En todos esos casos no se consiguió nada y se perdió los bienes en ambos lados.

Los bancos utilizaron nuestras hipotecas para constituir fondos de titulización hipotecaria, traspasando el riesgo a los inversores y obteniendo mayores ganancias y beneficios. Este era el mismo modelo utilizado en la hipotecas subprime de Estados Unidos.

Los contratos hipotecarios estuvieron plagados de ilegalidades, condiciones usureras y cláusulas abusivas, tal y como lo ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias sentencias en los últimos años. Sin embargo, los sucesivos gobiernos no han querido incorporar la legislación europea que defendía los derechos de los consumidores.

A pesar del engaño, durante cinco, ocho o diez años hemos pagado puntualmente porque teníamos empleo (lo que lo teníamos), hemos asumido con responsabilidad nuestro compromiso hasta cuando nos ha sido posible. También les propusimos arreglar, postergar el pago. No han querido arreglar con el falso argumento de que se agravaría la situación del sistema financiero.

No hemos olvidado nuestras raíces y valores y solidariamente entre todos hicimos lo posible para organizarnos, denunciar y resistir ante la injusticia y el desamparo. Hemos acudido decenas de veces ante los juzgados, hemos acudido ante la fiscalía para que investigue estos casos de engaño y despojo de familias indefensas, pero la negativa ha sido permanente y rotunda.

Al final este injusto proceso, nos ha llevado muchas veces a perder nuestro hogar y a la exclusión; no tenemos una vida digna como nos merecemos, nos ha llevado a la marginalidad absoluta, ya que como deudores no podemos formalizar un nuevo contrato de arriendo, no podemos darnos de alta para disponer de servicios de luz, gas, en nuestras nuevas viviendas. Muchas familias estamos viviendo hacinados sin dignidad, somos familias pobres pero necesitamos y reclamamos dignidad.

No hemos olvidado nuestras raíces, valores y solidariamente seguimos levantando la voz, reclamando verdad, justicia , reparación . Por tanto solicitamos su apoyo e intervención inmediata para conseguir que se respeten los derechos que hasta ahora se nos han negado.

Estamos aquí caminando juntos hacia el futuro con nuestros sueños, sabiendo que algún día se hará justicia”.