El Gobierno aborda la «alargascencia»: prolongar la vida útil de los productos
- Amigos de la Tierra ve con buenos ojos la aprobación de medidas encaminadas a ampliar la durabilidad de los productos.
- La organización considera necesario ahondar más en la reparabilidad de los objetos, así como establecer incentivos para fomentar prácticas como la reparación, la segunda mano o el alquiler.
- Estas medidas son un paso más hacia la Alargascencia para evitar el despilfarro de recursos.
Este martes, 27 de abril, a través de un Real Decreto para transponer un paquete de directivas europeas, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas relacionadas con la durabilidad y reparabilidad de los productos.
Amigos de la Tierra lleva años trabajando para poner fin a la obsolescencia programada y lograr el establecimiento de medidas tales como la ampliación de las garantías, la reducción el IVA a los comercios de reparación y segunda o mano, así como facilitar la reparabilidad de los objetos. Estos tímidos pasos por parte del Gobierno suponen un pequeño empujón a unas políticas basadas en la Alargascencia, alargar la vida útil de los objetos, y evitar así el despilfarro de materiales y recursos.
El Gobierno ha aprobado la ampliación de las garantías de dos a tres años, lo que supone un avance en los derechos de los consumidores, aunque resulta un plazo insuficiente para la organización ecologista. Por otro lado, obliga a los productores a disponer de piezas de recambio hasta 10 años después de que el producto deja de fabricarse (frente a los 5 de la actualidad).
Hasta la fecha la legislación relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mencionaba de manera anecdótica la prohibición de productos de corta vida sin establecer medidas concretas. Por este motivo Amigos de la Tierra celebra la inclusión de estos epígrafes encaminados a alargar la vida útil de los productos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).
Sin embargo, la organización apunta a la necesidad de adoptar políticas de mayor alcance para abordar el problema de la obsolescencia programada y percibida, en un contexto en que la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos crece cada año. En 2019, se generaron en España 888 mil toneladas de residuos de este tipo (lo que equivale a 19 kilos de residuos por habitante) (1) . Esto supone un derroche de recursos naturales valiosos en un contexto de creciente escasez, así como un peligro para el entorno y la salud de las personas, por los componentes químicos tóxicos presentes en este tipo de productos tales como el mercurio.
Por ello, Amigos de la Tierra reclama ir mucho más allá de las medidas adoptadas el martes. En primer lugar, la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de productos más duraderos y reparables recae sobre las empresas que fabrican y distribuyen productos. Así, la ley debe prohibir la puesta en el mercado de productos que no sean reparables, reutilizables o fácilmente reciclables.
Se debe además promover la economía colaborativa y de funcionalidad destinada al alquiler, préstamo o trueque de productos, una medida que además contribuiría a la creación de empleo sostenible y solidario. Asimismo, hay que activar la fiscalidad verde, por ejemplo mediante la reducción del IVA a la reparación y venta de segunda mano.
En el contexto actual, la reforma de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados presenta también una oportunidad para implementar políticas que, siguiendo el ejemplo de países del entorno como Francia, actúen en la fase de diseño y fabricación de los productos, cumpliendo con la jerarquía de residuos que demanda priorizar la prevención.
Notas:
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