David Arévalo Ruiz •  Internacional •  03/12/2016

Amenazados en el año de la paz: los campesinos colombianos siguen sufriendo amenazas y asesinatos al mismo tiempo que el Congreso aprueba el acuerdo de paz

“Desde que uno decide luchar por sus derechos y por los de la comunidad, se vive con miedo. Pero esa no es causa para dejarlo [...] Todos los que estamos en esto, sabemos que cualquier día puede ser el último y que probablemente nuestro destino es el de ser asesinados”.

Amenazados en el año de la paz: los campesinos colombianos siguen sufriendo amenazas y asesinatos al mismo tiempo que el Congreso aprueba el acuerdo de paz

Andrés Narváez volvía en 2015 a su casa del municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre, al norte de Colombia. En el camino le esperaba un sicario, que sacó su pistola y le disparó 6 balas, de las cuales 4 impactaron en su cuerpo. Pero sobrevivió. Después se marchó exiliado 6 meses a la ciudad española de Gijón. Allí trabajó por hacer una denuncia internacional acerca de la situación que los líderes sindicales del campesinado colombiano sufren bajo el silencio de unos Acuerdos de Paz que parecen taparlo todo. Volvió a Colombia a mediados de noviembre del presente año, y tan solo un día después un grupo de personas desconocidas lo rodearon en Bogotá, preguntándole por información privada y personal. Ese extraño abordaje y las amenazas y ataques que otros compañeros de la zona han tenido en las últimas semanas, le hizo tomar la decisión de permanecer en la capital colombiana hasta que haya garantías de que pueda volver a su casa.

Argemiro Lara es amigo de Andrés Narváez desde que eran niños. Juntos han trabajado por la defensa de los campesinos en el municipio de Ovejas. En concreto, por la restitución de tierras en la finca La Europa. En los últimos años ha recibido sistemáticamente amenazas para que abandonase el liderazgo en la lucha colectiva que mantiene desde hace décadas. No le dio demasiada importancia a los mensajes hasta que el pasado 17 de noviembre un hombre se interpuso en su camino en el municipio de Sincelejo mientras caminaba hacia una reunión. A su escolta le pareció extraño ver un motociclista con casco, en una zona donde casi nadie lo utiliza. Ese reflejo salvó la vida de Argemiro, porque cuando el joven de 23 años que iba en la moto se enfrentó a su objetivo y sacó su pistola, el escolta fue más rápido y abatió al atacante, que murió de inmediato.

Estos sucesos están ocurriendo hoy en Colombia, en el que oficialmente debe ser el año de la paz. El jueves 24 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos se reunió en el Teatro Colón con el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko para firmar un acuerdo de paz con modificaciones al original, tras la derrota del texto en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Al tiempo que se producía esta firma, los líderes sindicales y de las luchas campesinas diseminadas por todo el país continúan sufriendo la violencia que los acompaña desde hace décadas. La situación en Colombia no se puede interpretar desde el maniqueísmo que sustenta el debate internacional. A pesar de los esfuerzos del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, por tratar de dividir la población entre guerrilleros o contrarios a la guerrilla, existen muchas personas que se ubican en el tono de grises. Entre ellos están los líderes del campo en un país inmenso como es Colombia y cuyas causas quedan tapadas por la violencia que ha azotado el país durante casi 50 años.

Argemiro Lara y Andrés Narváez no han cogido un arma en su vida. Nunca se han “echado al monte” para unirse a la guerrilla, a pesar de que su causa fue objetivo de los terratenientes y paramilitares de la zona. Su única herramienta ha sido la palabra, la permanencia y la capacidad para unir a los campesinos. Estos dos hombres son amigos desde que eran niños y correteaban por el pequeño municipio de Ovejas, en la subregión de Montes de María, cerca de la costa caribeña. En 1969, ambos fueron parte de una de las 114 familias a las que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) adjudicó la finca de La Europa, una hacienda de 1321 hectáreas, en calidad de títulos de propiedad común. La tierra de la zona, prolífica para el cultivo de yuca, arroz, tabaco o maíz, auguraba un feliz porvenir para todas estas familias, que ya residían en la hacienda. Sin embargo, a finales de los años 70, 38 familias abandonaron la hacienda para buscar la prosperidad en otros lugares. 27 nuevas familias llegaron a la hacienda para ocupar el espacio dejado por las familias salientes y a pesar de que solo una recibió el título por parte del INCORA después de reclamarlo, todas ellas se quedaron viviendo de facto en las parcelas, aunque el INCORA figuraba como propietario de los 37 derechos, exceptuando aquel que sí había sido otorgado a la familia entrante. En la década de los 80, la situación comenzó a complicarse. La guerrilla de las FARC aumentó el poder en la zona y ganaderos de la zona financiaron y auspiciaron grupúsculos militares para amedrentar a los campesinos beneficiados por la decisión del INCORA.

Pero el conflicto se intensificó con la aparición de los grupos paramilitares en la zona en 1996. Quince habitantes de La Europa fueron asesinados entre 1990 y 2005 y uno desapareció. A causa de la situación, varias familias huyeron debido a que, al estar en medio del conflicto, eran sospechosos y objetivos para ambos bandos, por ser posibles informantes. Algunos volvieron a Ovejas, aunque seguían trabajando en la finca durante el día, y otros acabaron pidiendo limosna en ciudades cercanas como Barranquilla o Cartagena. En 2005, solo 6 familias vivían en La Europa. Pero a partir de entonces, el incremento de seguridad por parte del Estado, propició la vuelta de varias familias. Con esta vuelta y la llegada de familias campesinas que no tenían derecho de propiedad de las parcelas, la confusión fue todavía mayor. Ocurrió que algunas familias que no tenían derechos de propiedad, ocuparon la tierra y la vendieron ilegalmente y a un precio irrisorio a diversas empresas que se aprovecharon de la ausencia de las familias originales.

En 2008 aparece en Ovejas Juan Guillermo Vélez Jaramillo como representante de la empresa Arepas Don Pancho. Esta compañía junto a otras empresas realiza compras masivas en la zona en la zona que abarca los Montes de María y Sincelejo, lugar donde se encuentra la finca. Dentro de esa operación global, Arepas Don Pancho consigue que varios propietarios elaboren cartas de venta autenticadas por la notaría, por un precio mucho más bajo del valor oficial. Sin embargo, este proceso se realiza sin amparo legal puesto que el carácter colectivo de los títulos de propiedad impide la adquisición individual de las parcelas. Además, esta hacienda estaba beneficiada por parte del organismo estatal Acción Social de una protección de compraventa. Esto ocurre porque muchas de estas parcelas han sido abandonadas a lo largo de las últimas décadas a causa de la guerra y el conflicto que, recordemos, ha provocado el desplazamiento obligado de millones de colombianos. Ante la ausencia de sus propietarios legales, aparecen personas que no poseen los bienes y los venden a grandes empresas que se aprovechan de la situación, o se apropian de ellos.

El conflicto se instala a partir de 2008 en un camino de intervenciones estatales y acaban deparando en una demanda por parte de los campesinos para impedir la compra de esas parcelas por parte de Arepas Don Pancho, por las causas descritas anteriormente. Esa lucha legal y colectiva es liderada por varios campesinos, entre los que están Argemiro Lara y Andrés Narváez. Desde entonces, todas las personas que han tratado de defender la lucha de estos campesinos, reciben amenazas para abandonar la hacienda y permitir la adquisición de la totalidad de la finca por parte de la empresa. Además, Arepas Don Pancho en su calidad de usuarios de algunas parcelas, cerca lo que consideran que es suyo dentro de la finca, provocando que algunos campesinos no puedan transitar libremente por la finca.

“Desde que uno decide luchar por sus derechos y por los de la comunidad, se vive con miedo. Pero esa no es causa para dejarlo”, cuenta Andrés Narváez con el semblante serio. “Todos los que estamos en esto, sabemos que cualquier día puede ser el último y que probablemente nuestro destino es el de ser asesinados”, relata Argemiro Lara en la sede bogotana de uno de los organismos que están protegiendo en estos días a los campesinos. “Detrás de estas amenazas y estos intentos de homicidio están las mismas personas que lo estaban en los años 80 o 90. Los conocemos y ellos nos conocen y no quieren que sigamos luchando por lo que es nuestro”, prosigue Argemiro, que asegura que “nosotros no sabemos hacer otra cosa. Queremos volver, tenemos nuestra familia allí y nuestra forma de vida. Pero no tenemos garantías para ello y es por falta de protección estatal en la zona”. Los mensajes para que no vuelvan se acumulan. En uno de ellos se puede leer: “Tienen 48 horas para abandonar la finca. Si no lo hacen, le mataremos, rata. Firmado, Águilas Negras”. Águilas Negras es el nombre un grupúsculo paramilitar que ha sembrado el terror durante los últimos 30 años en varias zonas del país.

Desde hace unos años existe mayor seguridad dentro de la finca, pero las cosas son diferentes cuando los campesinos salen fuera de ella. Debido al litigio y al hecho de que los campesinos defienden lo que el estado les proporcionó oficialmente hace casi 50 años, las amenazas y ataques para que se marchen se han precipitado. Curiosamente, la situación se ha agravado en los últimos meses, justo cuando el proceso de paz parecía llegar a su fin. La presión por parte de las empresas no es tan solo a través de la violencia. Los campesinos creen que también existen injerencias por parte de Arepas Don Pancho en la fiscalía de Cartagena, que es la que dirime el caso, y entre los funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), propietario legal del tercio de la finca tras la marcha de las primeras 38 familias en los años 70.

La paz en Colombia es un asunto enorme que no se concretará cuando se confirmen los acuerdos entre las FARC y el gobierno. La implementación de esa paz deberá estar repleta de paciencia ya que este tipo de conflictos llenos de aristas se multiplican a lo largo de todo el territorio. Lo que sí debe ser subsanado con celeridad es la situación de indefensión en la que viven centenares de líderes del campesinado, quienes todavía tienen que huir o exiliarse para evitar el asesinato. Aumentar la presencia del Estado en los lugares de conflicto, investigar a fondo las amenazas que los campesinos sufren y ganar velocidad en los procesos que están en los juzgados deben ser los puntos de partida para evitar más muertes. En los últimos 11 meses, 70 líderes sindicales fueron asesinados y los ataques se suceden rápidamente durante las últimas semanas. Y en el recuerdo de todos, está el genocidio que sufrió el partido de la Unión Patriótica, cercano a los intereses del campesinado, en los 80 y 90, en el que fueron asesinados más de 3000 militantes de la organización. Hoy, Argemiro Lara y Andrés Narváez esperan en Bogotá a que las cosas se calmen para poder regresar a su hogar. Lo harán con miedo, pero no tienen otra salida que hacerlo. “Está ocurriendo lo mismo que hace 30 años. Pero esta vez no nos iremos”, finaliza Andrés Narváez.


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