La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cuenta con 7 denuncias por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto de Roberto Micheletti, anunció en conferencia de prensa, el Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez quien estuvo acompañado por el jurista internacional español, Baltazar Garzón y el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé.

Las 7 comunicaciones es el nombre técnico con el que se conocen en el seno de la CPI, las denuncias que se hacen con crímenes que podrían ser de la competencia de la Corte Penal Internacional, explicó Pérez.

Señaló que “Honduras ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo tanto la CPI tiene la competencia y el Fiscal puede desarrollar esa investigación si encuentra que los elementos de los que dispone, permitirían deducir responsabilidades penales.

“Aquí se investiga y se condena a personas y no a cualquier persona, no a un soldado, a un policía que asesina o tortura, aquí se investiga y sanciona a los altos responsables de esa violaciones”, sentenció el defensor de derechos humanos.

Pérez junto al juez de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón y al representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé, hablaron en conferencia de prensa al cierre de su visita al país, en el que se entrevistaron con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y líderes y dirigentas del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe.

En torno al estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía hondureña, el presidente de la FIDH, Luis Guillermo Pérez comentó, (refiriéndose al presidente Manuel Zelaya), que si a un jefe de Estado se le violentan sus derechos humanos como se le han violentado sus derechos humanos al presidente Zelaya, ¿qué puede pasar con cualquier otro habitante del territorio hondureño?

¿Qué seguridad jurídica hay para las garantías a la libertad procesal, a un debido proceso, las garantías para no ser expatriado de Honduras?. A cualquier militar que se le ocurra expatriar a cualquier hondureño, puede ser el presidente de la Corte, o el Fiscal General, entonces encontrarán las puertas abiertas para hacerlo cuando les provoque y después con el uso de la fuerza impedir que regresen?, cuestionó el defensor de los derechos humanos.

Por su parte el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé destacó que a través de numerosas reuniones y entrevistas sostenidas han constatado detenciones arbitrarias, lesiones a la vida, lesiones físicas, torturas y violaciones a la libertad de expresión.

En segundo lugar quiero manifestar nuestro absoluto apoyo, confianza y esperanza en las autoridades que deben de juzgar estos hechos que son en primero lugar, las autoridades hondureñas, los jueces y los fiscales quienes tienen la responsabilidad de dar a todas y cada una de las denuncias que se están presentando con nombres y apellidos de los presuntos victimarios que están cometiendo los hechos.

En tercer lugar, para el caso de que no se produzcan y se pueda tratar de alcanzar la impunidad o por sectores interesados en la noticia de impunidad, desde luego ser un crímen internacional y un crimen que nos afecta no solo a los hondureños sino a toda la comunidad internacional.

“Entendemos que debería de tomar cartas en el asunto o de dar traslado a parte de las 7 comunicaciones que ya existen, o bien a la Corte Penal Internacional o bien a cualquier otra jurisdicción con base en el principio de justicia universal”, sostuvo Ollé.

En otras palabras, el abogado trata de explicar que si el actual sistema judicial hondureño, no brinda respuestas satisfactorias a las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, la Corte Penal Internacional (CPI) puede intervenir en contra de los responsables de crímenes de lesa humanidad, a partir de las denuncias presentadas en dicho tribunal de justicia.

“No se respeta el principio de igualdad”: Baltazar Garzón

Finalmente el Juez Baltazar Garzón destacó que se entrevistó con al menos unas 100 personas en Honduras en diferentes sectores, organizaciones sociales, de derechos humanos, políticos, operadores de justicia del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Naciones Unidas y el Cuerpo Diplomático, entre otras.

Garzón destacó que como persona interesada en lo que aquí está sucediendo tenía y con la aproximación inmediata a los hechos y testimonios de víctimas que directamente están sufriendo la agresión o la violación de derechos fundamentales, me han permitido conocer esa situación en una forma más clara y me permite afirmar mi gran preocupación por la situación que se está viviendo en este país.

“En orden a la violación de derechos básicos de los ciudadanos, derechos que afectan a aquellos bienes fundamentales para el ser humano, como son la vida, la integridad física, la integridad moral, psíquica, psicológica, situaciones de muerte, asesinato, lesiones, tortura, malos tratos, vejaciones, violencia de género con especial incidencia en las mujeres, agresiones a la libertad de expresión”, han sido de su especial atención, comentó el jurista internacional.

El juez recalcó los ataques perpetrados contra Radio Globo y Canal 36, cuando expresó que “son un ataque directamente dirigido a impedir la libre expresión de ideas. Eso en un sistema democrático no puede suceder, no se puede consentir, de modo que si acontece y no se investiga y se sanciona en forma contundente, algo no está funcionando bien”.

Agregó que “es muy peligroso y son los ciudadanos y ciudadanas de la nación hondureña las que van a sufrir las consecuencias y con ellos, todos nosotros. Esa situación de riesgo es evidente y yo he visto personas que tienen fracturas de clavículas, fracturas de manos, golpes en rostro, en cuerpo, relatos de líderes políticos que están siendo perseguidos, amenazados, y yo no voy a señalar quién o quiénes”.

Pero sí, hay que tener en cuenta -apuntó Garzón – que quién tiene el poder o la administración y el control punitivo del Estado y por tanto también los medios para prevenir que esas situaciones se produzcan, “tienen la obligación ineludible de atender y de proteger al máximo.

“El principio de igualdad ante la ley, creo que no se está respetando y lo digo con todo respeto hacia las instituciones hondureñas, creo que el sistema judicial que existía antes, durante y después del golpe de Estado, debe de responder en forma independiente ante las demandas que los ciudadanos están produciendo”, señaló Garzón.

El jurista internacional instó respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia para que haga todo lo posible porque el principio de legalidad se respete y que aquellos que tienen la parte más débil, es decir las víctimas que están siendo objeto de persecución, sean protegidas, se investiguen los hechos que se están cometiendo en su contra y se sancione a los culpables, por muy relevantes que sean.

En cuanto a los delitos que se han cometido y que afectan directamente a ámbitos esenciales en la vida de las personas, Honduras no es un país único en el mundo, es un país que forma parte de una comunidad internacional, señaló Garzón.

Lo mismo que España, Nicaragua o lo mismo que Francia, “me da igual cuál sea, lo que aquí ocurra se refleja en la comunidad internacional y no se engañen aquellos que afirman que a nadie le interesa lo que aquí sucede y no crean que dicen verdad, aquellos que afirman que no tenemos que hacer nada aquí, aquellos que somos de fuera”, comentó el jurista internacional.

Y añadió que “cuando se trata de defensa de los derechos humanos no hay fronteras, no hay limitaciones, la protección universal como su propio nombre lo indica y en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, es meridianamente clara”.

Los juristas internacionales estuvieron en Honduras el lunes 24 y martes 25 a invitación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) , con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre otras.