Una delegación de organizaciones internacionales de periodistas se ha reunido en Madrid con portavoces de grupos parlamentarios del Congreso y otras instituciones, a quienes ha expresado su preocupación por las limitaciones a la libertad de información y las dificultades al trabajo de los periodistas que el Gobierno y el PP han introducido en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, así como en otras reformas de leyes que se encuentran en tramitación en las Cortes.

Esta misión internacional, que ha mantenido las reuniones durante los días 17, 18 y 19 de junio, estaba integrada por representantes del Instituto de Prensa Internacional (IPI), Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Federación Europea de Periodistas (FEP), asesores independientes sobre libertad de información del Consejo de Europa y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), constituida en noviembre pasado en Madrid. A las reuniones también ha asistido el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, por ser esta organización una de las fundadoras de la PDLI.

En todos los encuentros, los integrantes de la comisión han mostrado a sus interlocutores su preocupación por los siguientes asuntos:

• Denuncias que han recibido sobre la manipulación y falta de independencia RTVE. así como por el cambio del sistema de elección del Consejo de Administración, que aprobó el PP y que permite designar al presidente del ente público por mayoría simple y no exige consenso;

• El Gobierno no ha creado el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que preveía la Ley General de la Comunicación Audiovisual, alegando que resulta costoso;

• La Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como Ley Mordaza- y los proyectos de reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen límites injustificados al trabajo de los periodistas y a la libertad de información;

• Falta transparencia en la adjudicación de la publicidad institucional del Gobierno y las distintas Administraciones Públicas a los medios de comunicación, que denuncian que se utiliza como presión cuando son críticos.

Los diputados Antonio Hernando (PSOE), Cayo Lara (IU) y los portavoces de los partidos de la oposición en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Control de RTVE han coincidido con la delegación en sus preocupaciones, tanto por la falta de independencia de la radio y televisión pública como por las amenazas y limitaciones de la libertad de información y al ejercicio del periodismo introducidas en varias leyes. Se han mostrado dispuestos, cuando cambie la composición actual del Parlamento, a volver a la anterior fórmula de elección del Consejo de Administración (por mayoría cualificada del Congreso).

Por el contrario el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y los diputados de este partido Julia de Micheo y Miguel Sánchez de Alcázar, se han mostrado en contra de esas críticas y atribuyen la mala situación de TVE a la eliminación de la publicidad por parte del Gobierno de Zapatero y a la aparición de nuevos canales de televisión. Hernando justificó las polémicas normas conocidas como ’Leyes Mordaza’, que han sido rechazadas y criticadas tanto la oposición como por numerosos colectivos profesionales, sindicales y sociales. Hernando dijo a la delegación internacional que el Gobierno del PP no ha adoptado medidas contra la libertad de expresión e información ni ha despedido a nadie ni hecho contrataciones en RTV, "salvo algún directivo".

La delegación se ha reunido con el presidente y los portavoces de la Comisión de Control de RTVE; portavoces de los grupos parlamentarios del PP, PSOE e IU-ICV-CHA: la Izquierda Plural; presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo; Defensora del Pueblo, y un representante de Podemos.

Los portavoces de CiU y PNV comunicaron a última hora que debían suspender las reuniones previstas. UPyD y Ciudadanos no contestaron a la petición de entrevistas. Tampoco respondieron desde la Vicepresidencia del Gobierno ni desde el Ministerio de Justicia. El ministro del Interior no pudo recibi a la comisión por motivos de agenda y su departamento no respondió a la propuesta de entrevistarse con otra persona.

De la situación que se vive en España en relación a los ataques al derecho a la información se hacen eco varios medios de comunicación europeos, como demuestra esta crónica publicada en The Guardian.