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Sobre la "insumisión fiscal" propuesta por la oficina de desobediencia económica

El Grupo de Trabajo Economía Sol ha realizado un análisis de los planteamientos y acciones propuestos por la Oficina de Desobediencia Económica, llegando a las siguientes conclusiones;

España | #Acampadasol | 28-03-2013 | facebook yahoo twitter

El Grupo de Trabajo Economía Sol ha realizado un análisis de los planteamientos y acciones propuestos por la Oficina de Desobediencia Económica, cuyas conclusiones son las siguientes:

La Oficina de Desobediencia Económica plantea extender una acción de insumisión fiscal en la declaración de la renta como herramienta para no pagar la deuda, ni los gastos militares, ni los gastos de represión social, senado, monarquía e iglesia. Esta acción se presenta como una forma de hacer efectivo el “No debemos, No pagamos” en relación a la deuda que no ha revertido en beneficio de la ciudadanía.

Entendemos que estos planteamientos contienen errores de base. Por un lado, los impuestos que pagamos a través del IRPF van a una “caja común” desde la que se financian tanto la deuda, los gastos militares o de la iglesia como la construcción y el mantenimiento de hospitales, centros sociales, escuelas o infraestructuras necesarias. Si a esto añadimos que los recortes en lo público que realizan estos gobiernos al servicio del capital llevan precisamente a la reducción de los fondos dedicados a inversiones sociales, podemos deducir que la disminución de recursos derivada de la insumisión fiscal va a recaer sobre la educación, la sanidad y las prestaciones sociales y no sobre la deuda o los gastos policiales, que como hemos visto están aumentando en los últimos presupuestos generales del estado.

Además, esta estrategia no sirve para hacer efectivo el “NO DEBEMOS, NO PAGAMOS”, puesto que el pago de la deuda tiene carácter prioritario frente a cualquier gasto social tras la reforma del artículo 135 de la Constitución que realizaron con alevosía PSOE y PP. El no pago de la deuda ilegítima es una posición de firmeza como sociedad contra los poderes establecidos, y busca precisamente que no sean esquilmadas las finanzas públicas, lo que es contradictorio con esta propuesta.

Por otro lado, no creemos que la alternativa a la gestión pública de los impuestos sea su gestión privada, pues es el pueblo en su conjunto, y no el individuo de forma aislada, el que debe decidir a qué se dedican estos recursos comunes. En este sentido, la lucha estriba en recuperar la soberanía popular sobre la gestión de lo público y lo común. Y estamos en contra de la evasión fiscal, porque entendemos que todas las personas, en la medida de sus posibilidades, deben aportar recursos a una caja común que garantice la financiación de aquellos bienes y servicios que no podemos obtener de manera individual.

Tampoco estamos de acuerdo con dedicar esta financiación a proyectos de particulares, por muy loables que sean muchas de las actividades cuya financiación se propone. Y más cuando también se invita a financiar proyectos privados en los que no se dan la transparencia ni el control necesarios. Apoyamos de manera expresa aquellas iniciativas que tienen como objetivos la autogestión, el apoyo mutuo, la cooperación y la utilidad pública, pero creemos que la financiación de las mismas no puede llevarse a cabo a costa de reducir los recursos comunes.

Queremos poner de manifiesto que esto no implica estar conformes con el actual sistema tributario, como ya hemos desarrollado, ni con el destino dado a las cantidades recaudadas. Defendemos la necesidad de crear mecanismos que eviten la acumulación de la riqueza y de otros que sirvan para su redistribución. Tampoco presupone estar o no de acuerdo con el actual modelo de estado. Creemos, independientemente de la forma de organización social, en la necesidad de contar con instrumentos que sirvan para obtener los recursos suficientes para cubrir las necesidades de toda la población por medio de bienes y servicios comunes cuya gestión sea democrática y participativa.

Invitamos a las asambleas populares a tener en cuenta estos argumentos a la hora de analizar la iniciativa de insumisión fiscal propuesta por la Oficina de Desobediencia Económica.

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