La Audiencia Nacional admite la querella de este movimiento ciudadano contra el criterio del Fiscal General del Estado, que considera que no debe admitirse la querella porque "en este momento no cabe hablar de perjudicados por unas conductas delictivas inconcretas", por lo que, a su juicio, el 15-M no podría personarse como acusación particular, lo que sí ha aceptado la Audiencia Nacional.

El Ministerio Fiscal también argumenta que "no es posible tampoco imputar conductas delictivas a determinadas personas sobre la base de su pertenencia al consejo de administración" y que "la falta de esa necesaria concreción, siquiera sea provisional de los hechos, no cabe hablar de perjudicados por unas conductas delictivas inconcretas y respecto de las que, lógicamente, no puede establecerse el alcance de la imputación".

Al contrario, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu señala que los hechos denunciados no se advierten ni "absurdos" ni "irracionales" desde el momento en el que en las cuentas presentadas por la entidad hay una "exagerada" diferencia en "muy breve" periodo de tiempo y a tenor de los "numerosos" perjuicios causados, "no solo a los accionistas sino a la sociedad y a la economía en su conjunto".

Bankia acumula, así pues, querellas por parte de UPyD, el 15-M y denuncias de Manos Limpias y de la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (Adicae).

Aunque Izquierda Unida ha pedido hasta en cuatro ocasiones la creación de una comisión de investigación en el Congreso para dar a conocer lo ocurrido en "todo el sector financiero", según palabras de su coordinador general, especialmente, "en las cajas de ahorro", y suspendió de militancia a su único consejero en la entidad -José Antonio Moral Santín- al admitirse la primera querella, reconoce que UPyD se le adelantó al interponerla.