La plataforma Antivirus, surgida como oposición a una ley a la que han apodado ley Virus por el nefasto efecto que tendrá sobre el medio rural y que integra a organizaciones ecologistas, académicos, colectivos de arquitectos, partidos políticos, entre otros, califica, ante la inminente aprobación del proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, como un grave error, carente de justificación.

La plataforma lamenta que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se doblegue al capricho de la Presidencia del Gobierno e ignore los argumentos de peso aportados por técnicos, académicos, asociaciones de arquitectos, asociaciones ecologistas y partidos políticos solicitando la retirada de la ley.

La oposición a dicha norma se basan en los siguientes puntos:

 Tendrá efectos ambientales irreversibles El consumo de suelo, la apertura de caminos, el cierre de fincas, y la presencia humana y de animales domésticos, supondrán una fragmentación y degeneración de los hábitats naturales, su flora y su fauna, un aumento del riesgo de incendio, y mayor dificultad en las tareas de evacuación.

 Destruirá la economía agraria El aumento de valor del suelo, como consecuencia de las expectativas urbanísticas que se generarán, hará inviables los usos rurales. Va en contra, y hace inviables, los modelos de revitalización propuestos por la Unión Europea: fomento de la agricultura, producción de calidad, y turismo rural.

 Impone un modelo de ordenación territorial insostenible La dispersión de usos urbanos por todo el territorio, genera infraestructuras y servicios ineficientes, y de difícil gestión, cuyo mantenimiento corresponderá a todos. Fomenta una movilidad insostenible.

 Afecta a derechos y deberes constitucionales Restringe el derecho al disfrute del medio, anteponiendo el interés privado al bien común. Se delega en los propietarios del suelo la función de protección asignada por la constitución a las administraciones públicas. Se aumenta el valor del suelo, sin contraprestación alguna para la colectividad, lo que favorecerá la especulación.

 Elimina las garantías de protección sobre el medio ambiente Vulnera del principio de excepcionalidad en las actuaciones sobre suelo protegido, al establecer una autorización con carácter general. Se impone sobre los Planes Generales de Ordenación, a los que corresponde la ordenación municipal. Elimina la participación pública y de los organismos responsables de la protección del medio, fomentando el fraude y la ilegalidad.

 No responde a ninguna necesidad En la legislación actual ya se contempla la posibilidad de vivienda asociada a actividades rurales, además de existir miles de parcelas no ocupadas en urbanizaciones dispersas.

 Degradará los hábitats naturales, debilitará la economía rural, afectará al derecho constitucional del disfrute de todos al medio ambiente, impondrá un modelo de ocupación del territorio insostenible, propiciando la ilegalidad….

 ¿A quién beneficia, entonces? Únicamente a los propietarios de grandes parcelas.

La plataforma Antivirus intentará que la nueva ley sea recurrida en el Tribunal Constitucional por incumplir normativa estatal. Denunciará los hechos ante la Comisión y el Parlamento Europeos por contravenir normativa europea e iniciará una campaña de divulgación entre los ciudadanos para que sepan que mientras miles de ciudadanos son desahuciados, el Gobierno regional se empeña en favorecer a terratenientes.