Este miércoles el pleno del Parlamento Europeo ha rechazado el Acuerdo multilateral Comercial contra la Falsificación, llamado habitualmente ACTA. Socialistas y demócratas, la Alianza de los Liberales Europeos, la Izquierda Unitaria Europea y los Verdes y la Alianza Libre Europea han votado en contra, sólo el Partido Popular Europeo ha votado parcialmente a favor.

El ACTA ha nacido con la pretensión de “regular” la propiedad intelectual, buscando evitar la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería en Internet. Un acuerdo que se ha encontrado desde su nacimiento con la oposición de buena parte de la opinión pública que ha mostrado sus discrepancias por diferentes vías que han incluido correos electrónicos, llamadas telefónicas y peticiones formales avaladas por millones de firmas.

En esta ocasión han sido los europarlamentarios los que han esgrimido unos argumentos muy parecidos a los de los ciudadanos. Así, los que han mostrado su disconformidad en forma de voto, han declarado que “no es la solución adecuada” y consideran que “es demasiado vago, deja espacio para abusos e inquieta por su impacto en la privacidad de los consumidores, las libertades civiles, la innovación y la libre circulación de información”.

Tras este nefasto resultado se presenta un futuro incierto para dicho acuerdo, y por extensión de las leyes de protección de los derechos intelectuales, ya que para su aprobación sería necesaria la ratificación por al menos seis de las partes que lo han negociado, que han sido EE UU, Canadá, Suiza, Australia, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, México, Marruecos, Japón y la Unión Europea, que cuenta como un solo bloque ya que es necesaria unanimidad en sus estados miembros para su aceptación.