En pocos días la izquierda abertzale ha recibido dos buenas noticias por parte de los tribunales españoles. El miércoles se ha hecho público el fallo emitido por el Pleno del Tribunal Constitucional en el que por seis votos a cinco ha anulado la sentencia del Supremo que en marzo de 2010 prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Si en aquella fecha siete magistrados del Supremo, contra los nueve que votaron por la “ilegalización”, mostraron su negativa, ahora mucho de los argumentos que utilziaron estos han sido esgrimidos por la sentencia. Uno de los más importante haría referencia a que los estatutos del partido político Sortu rechazaban explícitamente la violencia.

El fallo también ha tenido en cuenta el precedente de Bildu, al que se dejó presentarse a las elecciones municipales, además ha alegado que se vulneró "el derecho de asociación" de los miembros de Sortu en suvertiente de "libertad de creación de partidos políticos".

Las reacciones ante esta sentencia no se han hecho esperar. Las asociaciones de víctimas, Partido Popular y UpyD han discrepado abiertamente. Por su parte el Gobierno Vasco cree que la decisión "legaliza y ratifica una realidad que ya existía" y PNV entiende que ayuda a “normalizar” la política vasca. Cayo Lara, coordinador general de IU, ha celebrado que se de "la razón al más común de los sentidos".

A esta noticia hay que sumar la absolución el pasado lunes de 11 miembros de las candidaturas de D3M y Askatasuna, que se enfrentaban a una petición fiscal de penas de entre cinco y seis años y cinco meses de prisión por delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista.

La Audiencia Nacional absolvió a los acusados al considerar que "no cabe estimar probado que los acusados tuviesen que conocer que estaban participando en una actuación diseñada por ETA, y no simplemente por la izquierda abertzale, ni que estaban contribuyendo a facilitar la presencia de la organización terrorista".

A pesar de que sigue considerando a ambas listas sucesoras de Batasuna, cree que los inculpados sólo han ejercido "derechos políticos de los que son titulares y de cuyo ejercicio no han sido suspendidos o inhabilitados" y por lo tanto “no son actuaciones inequívocas de integración o colaboración con banda armada, sino acciones realizadas en el ámbito del espacio público, de mediación en el sistema político, visibles y amparadas formalmente en la legalidad, alejadas de la clandestinidad y de la violencia contra las personas", por lo que "no aportan elementos incriminatorias concluyentes".