Ayer declaró en el juzgado de Instrucción Nº 28 de Barcelona Eva Sánchez afiliada de CGT y ex­-Secretaria General de Barcelona

En la declaración ha explicado que en la bolsa de Barcelona el 29-M colocó una cinta de plástico, de las que se utilizan para señalizar, en la zona de la puerta y que en ningún momento hubo peligro ni riesgo para nadie, ya que las puertas se podían abrir.

Los cargos que se le imputan y sobre los que el juzgado tendrá que decidir si se mantienen o no son: desordenes públicos, coacciones y daños.

La CGT ha exigido el “cierre inmediato” de este expediente que afecta a Laura y a Eva, “no tiene ningún sentido criminalizar actos simbólicos”.

La CGT ha manifestado “nuestra protesta contra lo que consideramos la continuación de las líneas maestras” marcadas desde la Consellería de Interior por su Nº 1, Señor Felip Puig I Godes y también por el máximo responsable del cuerpo armado de la Generalitat Manel Prats Peláez, de tolerancia cero con las protestas que denuncien de manera visible a los verdaderos responsables de la crisis, los banqueros y especuladores.

Desde la CGT “creemos que judicializar las protestas y encarcelar a manifestantes esta más cercano a un sistema autoritario que a uno plural donde diferentes maneras de pensar y actuar, tienen cabida.” El acto simbólico o performance, frente a la bolsa, el “Gran Casino Económico”, esta siendo utilizarlo“ como ejemplo de mano dura y de castigo. Consideramos que es una mala estrategia por parte del poder, convertir un acto que no ponía a nadie en peligro, en un juicio político a la disidencia que puede tener unas consecuencias penales tan desproporcionadas”. Desde la CGT “exigimos, que la Conselleria de Interior deje de perseguir a quienes luchamos por impedir que se siga precarizando y aumentando los afectados por las decisiones económicas de recortes que están llevando a la exclusión social, la pobreza y la miseria a millones de personas. ”

Desde la CGT “exigimos que políticos, jueces, y fiscales salgan de la burbuja en la que desarrollan su vida y se contaminen del sufrimiento y de la realidad social que estamos viviendo la mayoría de la población. La precariedad laboral y social, el recorte de los servicios públicos, etc… no se pueden consentir, estamos obligados a defendernos para evitar que unos pocos nos retrotraigan al siglo XIX. Los grandes delincuentes, los políticos corruptos, aquellos que desde una posición de poder lo utilizan para enriquecerse con las miserias de una mayoría, pocas veces van a los tribunales como imputados, tenemos un código penal muy generoso con los delitos económicos, aunque crean una gran alarma social y consecuencias desastrosas para muchas personas. La CGT exigimos que se cierren de una vez todos los expedientes penales y abiertos durante la huelga general, que se libere a Andréu y Rubén y se deje de perseguir a la disidencia ideológica.”