El proyecto había sido presentado públicamente como un centro de ayuda humanitaria para hacer frente a catástrofes naturales o epidemias. El sitio elegido para su emplazamiento fue el aeropuerto de Resistencia, capital de la provincia. En su predio se construyeron dos edificios, financiados por el Comando Sur, que depende del Ministerio de Defensa de Estados Unidos.

La inauguración estaba prevista para fines de mayo. Pero encontró el rechazo abierto de la población chaqueña, que suponía la instalación de una base militar encubierta, con el objetivo primordial de controlar recursos naturales estratégicos. La misma idea parece haber guiado la acción discreta y firme del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Jorge Capitanich es un aliado de la presidenta. Su disposición para complacer los intereses estratégicos de Estados Unidos acabó colisionando, sin embargo, con las posiciones de Argentina dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), bloques regionales que excluyen a Estados Unidos.

Reprendido por el gobierno central, Capitanich tuvo que dar un giro de 180 grados. El pasado 22 de mayo, aclaró que las instalaciones en el aeropuerto de Resistencia servirán de sede permanente a la Defensa Civil. Ese mismo día envió a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley de Defensa Civil de la provincia. En él se prohíbe expresamente la injerencia de cualquier Estado extranjero en caso de emergencias y catástrofes.

“Esto obedece sin dudas a una directiva dada desde el gobierno central”, dice a Apro Elsa Bruzzone, asesora del Ministerio de Defensa de Argentina. “Fue un tirón de orejas a un funcionario que se ha excedido en sus atribuciones, ya que ningún gobernador puede firmar un convenio con el Comando Sur, cualquiera sea la índole del mismo.”

Bruzzone explica que, además, “pendía sobre Capitanich un pedido de juicio político por parte de la Legislatura provincial”, que la reacción de todas las organizaciones sociales, culturales y políticas en la provincia fue enorme, y “hubo también mucha repercusión en los países de la Unasur y en el resto de los pueblos hermanos del Continente”, dijo.

Curiosamente, los grandes medios nacionales casi no cubrieron el tema. Clarín y La Nación –los principales diarios del país– no pierden oportunidad de criticar aspectos de la gestión de este gobernador “kirchnerista”. Han explotado las desventuras de Capitanich con su exmujer, la exministra de Salud provincial, Sandra Mendoza. La disputa conyugal tuvo por escenario varias veces el espacio de la gestión pública. En el caso del “centro de ayuda humanitaria”, sin embargo, los grandes medios guardaron silencio.

El diario Tiempo Argentino consultó sobre la decisión del gobierno a Gabriel Fuks, titular de Cascos Blancos de la Cancillería, según una nota que publicó el pasado 27 de mayo. “El principio consiste en evitar, bajo el paraguas de las urgencias humanitarias, la injerencia de potencias militares extranjeras”, sostuvo Fuks. “Con la imagen humanitaria muchas veces se enmascaran políticas de intervención”, dijo. “No es algo nuevo. Se suele usar lo humanitario, como Caballo de Troya, para establecer otra relación.”

Previamente, el gobierno nacional había vetado el ingreso del equipo tecnológico, las computadoras, los radares y el sistema operativo para el funcionamiento de la base en Chaco. Hoy se discute la devolución de los 3 millones de dólares que el Comando Sur donó para las instalaciones.

Agua

“En los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, Estados Unidos incrementó las presiones sobre los gobiernos argentinos para que permitieran la instalación de una base descubierta en la provincia argentina de Misiones”, dice Elsa Bruzzone. “El lugar elegido era San Ignacio, que es uno de los puntos más importantes de carga y descarga del Acuífero Guaraní. Ésta es la cuarta reserva de agua subterránea del mundo, que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”.

Licenciada en historia, miembro del prestigioso Centro de Militares por la Democracia (Cemida), Bruzzone es autora del libro Las guerras del agua (2008). “Entonces los estadunidenses agitaban el fantasma de la presencia de células terroristas en la zona de la Triple Frontera –prosigue–, cuando todos los informes elaborados por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el terrorismo en el mundo lo desmienten cada año”.

Explica: “Como no lograron ese objetivo, reflotaron un convenio firmado en 2006 entre ambos gobiernos, para intentar entrar por la puerta de servicio.”

El convenio bilateral se llama “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”. Fue impulsado por el Comando Sur y la embajada estadunidense y aprobado por el Ministerio del Interior, “como un aporte a los programas sociales del gobierno”.

La estratégica ubicación de Chaco, y la receptividad de su gobernador, dieron alas al proyecto del Comando Sur. Ya en 2007, siendo candidato a la gobernación, Capitanich se reunió con el embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, y le expresó que él “no compartía el sentímiento antinorteamericano de la población argentina”, según revelaron en 2011 cables de Wikileaks.

En marzo de 2008, se llevó adelante en Resistencia una jornada de capacitación para el personal de Defensa Civil de la provincia. Fue impartida por consultores designados por la embajada de Estados Unidos. Se tocaron temas relacionados con la organización y el funcionamiento de un centro de emergencias.

El embajador Wayne visitó la provincia el 13 de agosto de 2008, para presidir junto al gobernador “la ceremonia de cierre de un programa civil de capacitación para la prevención, mitigación y superación de desastres naturales”, según informó la página web de la embajada estadunidense en Argentina.

“Defiendo una alianza estratégica (con Estados Unidos) y estoy dispuesto a luchar por esa idea”, le dijo Capitanich a una delegación de legisladores estadunidenses que visitó Chaco en septiembre de 2010, según refleja Chacoonline, portal del gobierno de la provincia.

En diciembre de 2011, el gobernador recibió al coronel Edwin Passmore, máximo representante del Comando Sur en Argentina. Los antecedentes de Passmore no reflejan viículo alguno con la ayuda humanitaria. Participó en la invasión a Afganistán, fue asesor de inteligencia en Irak y terminó expulsado de Venezuela en 2008 por actividades de espionaje.

Passmore era, además, el encargado de recibir, en el aeropuerto de Buenos Aires, el avión militar estadunidense que “intentó ingresar un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes”, según informó el diario Página 12 el 13 de febrero pasado. El material supuestamente se usaría en una jornada de capacitación a la Policía Federal. Fue retenido durante meses por el gobierno argentino, lo que generó un incidente diplomático.

La donación del “centro de ayuda humanitaria” despertó grandes sospechas entre la población de la provincia. El Comando Sur no es precisamente una organización solidaria sin fines de lucro. Como unidad militar, dependiente del Ministerio de Defensa estadunidense, enfoca su acción en el continente latinoamericano, con excepción de México. Por otra parte, existen numerosas organizaciones civiles, argentinas e internacionales, que se orientan hacia la acción social y humanitaria, y que en caso de necesidad podrían cooperar en en este tipo de tareas.

Resistencia

El pasado 2 de abril, día en que se conmemoraron 30 años de la guerra de Malvinas, y el 25 de mayo último, día en que Argentina festeja su primer gobierno patrio, Resistencia fue escenario de dos marchas multitudinarias. Los manifestantes transitaron los 10 kilómetros que separan la Casa de Gobierno del Aeropuerto. Cantaban consignas de rechazo al acuerdo del gobierno provincial con el Comando Sur de Estados Unidos.

“No se trataba de una base militar, aunque los fondos para la construcción salieron del fondo de asistencia humanitaria del Comando Sur”, dijo el 27 de mayo Alfredo Forti, secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, al periódico Tiempo Argentino. “Aunque el convenio no preveía presencia militar, podría haber dejado una puerta abierta para un tipo de capacitación”, señaló.

Elsa Bruzzone se basa justamente en este punto para afirmar que la de Chaco iba a ser una base militar encubierta. “Las bases descubiertas operan a la luz del día –dice–. Las encubiertas se esconden detrás de estos centros de ayuda humanitaria o en instalaciones cercanas a algún aeropuerto”, explica. “Edifican una construcción que más o menos parece civil, pero que la pueden transformar en militar cuando se le requiera, porque tienen una pista que permite el aterrizaje de aviones de gran porte.”

Según estudios del Cemida, en el aeropuerto de Resistencia pueden aterrizar aviones militares con cargas pesadas, como los C-130 Hércules, C-17 Globemaster III y C-5 Galaxy.

“Dentro de los nuevos conceptos ‘flexibles’ del Pentágono sobre bases militares, hay un borde difuso en las actividades militares y civiles, lo que maximiza la confusión de la opinión pública”, escribió el politólogo Carlos Pereyra Mele, profesor de la Universidad de la Patagonia, en un texto difundido el 27 de marzo por Argenpress.

En el caso de estas bases se presenta un “componente humanitario visible al público, estructurado sobre actividades que la sociedad visualiza como ‘justas’ y en su beneficio, de modo tal que pueda justificarse una interacción bilateral”, según explican Bruzzone y José Luis García en su artículo El Comando Sur en el Chaco, publicado el 28 de marzo también por Argenpress.

“Pero hay, además, un componente no visible que se encuadra en los objetivos estratégicos afines a los intereses de Estados Unidos y muchas veces contrapuestos a los del país asistido, conducidos por un comando militar”, agrega.

Es posible que al principio la base militar encubierta opere sin personal militar. Pero una estructura de este tipo puede transformarse rápidamente en una instalación castrense formidable y muy difícil de eliminar.

Cuando ha sido alcanzada cierta aceptación social y un nivel de organización aceptable –según explica el citado artículo de Bruzzone y García–, la base puede convertirse en un Centro de Seguridad Cooperativa (CSL), que coordina la lucha contra las drogas, con poca o nula presencia permanente de los estadounidenses; pero ante una supuesta “amenaza”, por parte de un “enemigo común”, el centro puede pasar a ser Base de Operaciones Principales (MOB), con fuerzas operativas permanentes; o bien Base de Operaciones de Avanzada (FOB), que además incluye fuerzas para operaciones especiales.

Estados Unidos suele aprovechar estas bases para realizar operaciones militares encubiertas. Se vigilan y espían los sistemas de armas y fuerzas militares del país anfitrión, y sus vecinos. Se realizan acciones de infiltración, relevamiento, influencia y control sobre las fuerzas armadas y la población civil. Adicionalmente se monitorea y controla satelitalmente toda la región.

–¿Qué reacciones ha habido frente al tema dentro del ejército argentino? –se le pregunta a la asesora del Ministerio de Defensa.

–El ejército argentino ya no es el de la dictadura; no está formado en la hipótesis del enemigo interno. Hace unos años la fuerza elaboró el proyecto Ejército Argentino en el horizonte 2025, que en parte fue tomado por el ministerio de Defensa.

“Argentina tiene como hipótesis de conflicto susceptibles de transformarse en hipótesis de guerra la defensa de sus recursos naturales.” dice Bruzzone. Pone como ejemplos el Acuífero Guaraní, los minerales e hidrocarburos. “Lo que ha quedado perfectamente explicitado es que la agresión va a venir de un enemigo extraregional, extracontinental, que esta fuera de la Unasur y la Celac”, sostiene. “No se les nombra, pero sabemos ciertamente que se están refiriendo a Estados Unidos y a la OTAN.”

Emergentes

El liderazgo de Brasil en el subcontinente preocupa a Estados Unidos. La frustrada base en Chaco hubiera contribuido al cerrojo que ya sufre el gigante sudamericano. El país está rodeado por más de 20 bases de Estados Unidos, instaladas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Una vez más, para Bruzzone lo que está en juego es el control de recursos naturales estratégicos. “La Amazonia, que es el mayor pulmón del planeta, tiene el 25% de las reservas mundiales de agua dulce, la mayor fuente de biodiversidad, y no olvidemos que el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo están elaborados en base a plantas de los bosques y las selvas”, sostiene

Entre los minerales estratégicos cita el neobio, el titanio o el tugsteno, que se utiliza en la tecnología aeroespacial y en la industria militar. Hay también grandes riquezas hidrocarburíferas. “Estados Unidos ha utilizado la Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia para sembrar de bases toda la frontera amazónica”, dice la asesora.

La base inaugurada el 5 de abril de 2012 en Concón, Chile, es un centro de entrenamiento para las fuerzas de paz de la ONU. Fue construida con 500 mil dólares aportados por el Comando Sur. Apunta, según la analista, a la estrategia de control y militarización del Océano Pacífico que desarrolla Estados Unidos.

La estrategia incluye a México, Colombia, Perú, Chile, y también a Corea del Sur y los Tigres asiáticos. “El objetivo final es cercar a China, país que ellos perciben como el gran oponente en este siglo XXI, el enemigo que tiene visos de ser la gran potencia hegemónica”, dice Elsa Bruzzone. “Se toma posición enmascarada en el paraguas de la ONU –advierte –. Detrás de las misiones de Naciones Unidas desembarcan los soldados de la OTAN, los marines estadounidenses, no precisamente para preservar la paz sino para hacer pie y quedarse.”

Uruguay: cuestionan presencia de cabeza de playa del Comando Sur

Desde el 15 de mayo, fuerzas especiales de Mar, Aire y Tierra (Seal por su acrónimo en inglés) de la IV Flota de la Marina de Estados Unidos (Comando Sur) están en Uruguay. Llegaron con el propósito de entrenar a efectivos del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada Nacional en Contra Interferencia Ilícita de Buques (CIIB). La autorización para el ingreso de los militares con su armamento fue enviada como proyecto de ley por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Parlamento a principios de mayo, con los votos de todos los legisladores del Frente Amplio (FA). Sin embargo, luego de que se conocieron más detalles sobre los ejercicios, comenzaron a aparecer algunas voces discrepantes en algunos referentes del partido de gobierno.

El profesor Julio Louis, en un artículo publicado en el sitio web del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), titulado “¡Ay, general Licandro!”, se pregunta qué hace Uruguay trayendo soldados estadounidenses si “Brasil se pertrecha en la Amazonia como base defensiva nacional”, los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba) también se preparan “contra la agresión imperialista” y el Consejo de Defensa Sudamericano “tiene ese objetivo común”.

Louis dice que la reciente alerta por posibles “acciones terroristas de Hezbollah” en la región, detrás de las cuales estaría Irán, “es obvio que proviene” de Estados Unidos e Israel y mientras “se prepara sicológicamente a la población contra supuestos terroristas”, tropas de elite de uno de esos países “enseñan en la Marina a combatir acciones terroristas, con la aprobación del Parlamento”. “¡Imagine la respuesta del FA si lo hubiera hecho un gobierno blanco o colorado!”, comenta enseguida.

Según Louis, los efectivos de Seal, la principal fuerza de intervención de Estados Unidos, se preparan para “la defensa interna en el extranjero” y para el combate contra “insurgencias o amenazas en un Estado extranjero, denominado Nación Huésped”. Luego de describir una larga lista de países en los que intervinieron, el docente de Historia se pregunta si el presidente, el ministro de Defensa Nacional y los parlamentarios del FA ignoran “la ofensiva militarista” en América, la instalación de bases en “Colombia, Panamá, Aruba, Curazao, Guantánamo, Paraguay, Perú, y recientemente en el Chaco argentino o en Chile cerca de Valparaíso”, o la “actividad golpista” en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Honduras. “La conducta del gobierno avergüenza y se precisa una autocrítica profunda, con relevos de los responsables”, concluye Louis en su artículo, divulgado por el PVP.

Uno de los problemas es que este asunto fue tratado en el Parlamento de manera urgente. Las dos cámaras lo aprobaron y en el Senado ni siquiera se trató en la Comisión de Defensa, sino que pasó al plenario directamente.

El diputado Luis Puig (PVP), que votó a favor de la autorización como todos los frenteamplistas, dijo que su partido está analizando el tema porque “no existió la información previa sobre de quiénes se trataba” y se aprobó “porque venía una propuesta de la Comisión de Defensa, impulsada por los compañeros” del FA. “Vamos a analizar en detalle estas situaciones”, dijo, en referencia a esta iniciativa y a la prórroga de la permanencia de las tropas uruguayas en Haití, cuando “votamos por disciplina pero fundamentando en contra”.

El comité de base del FA Víctor Licandro, con sede en México, hizo circular una carta pública en las redes sociales, titulada “¿Uruguay será cabeza de playa de Estados Unidos en Sudamérica y en el Atlántico Sur?”. La misiva expresa que este hecho “hace perder credibilidad a la política exterior del gobierno con sus positivas posturas a favor de la no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos”, y expresa el “categórico rechazo a que Uruguay se preste a ser cabeza de playa de la intervención norteamericana”. Teoría y práctica

Los efectivos estadounidenses que llegaron a Uruguay son 11 entre oficiales y subalternos. El grupo está compuesto por un equipo de la unidad Seal y otro de la unidad especial de botes, el personal militar que inserta a los combatientes en los barcos blanco de las operaciones. Según el jefe de Relaciones Públicas de la Armada, capitán de navío Sergio Bique, los estadounidenses están trabajando en el Fusna realizando ejercicios teóricos y prácticos que “priorizan la contingencia de interdicción ilícita de buques”. Para Bique, Uruguay tiene, en tanto “país ribereño”, obligaciones a nivel internacional respecto de la “seguridad en la navegación” y eso forma parte “de los adiestramientos”, para prepararse en las “contingencias ilícitas de buques por piratería o por terrorismo”. En primer lugar, los estadounidenses están trabajando en el “mantenimiento de la lanchas” llamadas LRI (Lanchas Rápidas de Interdicción), que son las que transportan a los equipos Secron (Sección de Reconocimiento), “las fuerzas de operaciones especiales de fusileros navales”, dice Bique.

Luego del mantenimiento de las lanchas, se realiza el entrenamiento en las operaciones propiamente de CIIB. Bique expresa que “lo importante” es resaltar que esto se realizó “a solicitud de la Armada”. El comando consideró “hacer un refresco” de estas operaciones y “se buscó a nivel mundial los más altos estándares”, que en este momento los tienen los Seal. “Si esos niveles los cumpliera la infantería de marina argentina se hubiera citado a ese cuerpo” o a cualquier otro, explica Bique.

La Armada estudia la posibilidad de hacer una exhibición de un operativo conjunto entre Fusna y Seal en los próximos días para dar a conocer detalles del entrenamiento y sus objetivos en nuestro país.