La asociación de carácter estatal Plataforma por una Vivienda Digna inició sus pasos en el año 2003, en los tiempos en los que el precio de la vivienda crecía a un 17% anual mientras desde el Ministerio de Economía capitaneado por Rodrigo Rato, se nos decía -como si eso fuese motivo de orgullo- que “si la vivienda estaba cara era porque los españoles podían pagarla”. Tras el trabajo de análisis preliminar, pronto nos dimos cuenta de que eso no era exactamente así, sino que la vivienda estaba tan cara porque los bancos podían financiarla a esos precios trayendo recursos del extranjero y por ende, comprometiendo nuestro futuro, convirtiendo el tristemente famoso “milagro económico” en una falacia de proporciones históricas, porque era obvio que posteriormente llegaría el día en el que tendríamos que pagar las enormes deudas. Desde entonces llevamos denunciando adonde nos llevaba esto.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel momento y con tremenda incomprensión y desazón hemos contemplado año tras año, como prácticamente todas las medidas en materia fiscal, urbanística o de política de vivienda que han ido tomando los distintos ejecutivos nacionales y autonómicos, de uno u otro partido, no sólo no ayudaron a reconducir la situación del mercado inmobiliario, sino que sólo sirvieron para empeorarla. A pesar de nuestras repetidas denuncias, todo, absolutamente todo el marco regulatorio se ha puesto durante años al servicio de la compraventa de viviendas a precios disparatados, relegando otras opciones que existen y que son tan dignas como la propiedad, en el objeto de que la ciudadanía satisfaga su necesidad vital de alojamiento.

Esta aciaga reiteración en los errores de la clase política, llevó a esta organización a participar de las manifestaciones multitudinarias de 2006-2007 que vinieron a denunciar la profunda ruptura social y económica que estaba ya provocando el modelo de “gente sin casas y casas sin gente” –ya se habla de seis millones de viviendas vacías-. Incluso en aquella ocasión, las medidas que se tomaron por una “vivienda digna” al calor de la protesta social, salvo tenues avances que fueron deshechos poco después, se utilizaron subrepticiamente para fomentar aún más la compraventa de viviendas a precios desorbitados y con ello, el sobreendeudamiento generalizado de la población en base a sus necesidades vitales. La PVD por aquel entonces atónita ante lo que estaba sucediendo, llegó a pedir la dimisión del ministro de Economía, Pedro Solbes -al que se obsequió con un ladrillo gigante- por negarse a frenar o limitar en algún modo la espiral crediticia con la aprobación de la Ley Hipotecaria, una Ley que se redactó de espaldas a la ciudadanía al dictado de las entidades financieras y que, por cierto, contó con el apoyo del Partido Popular y de CiU –quizás el único precedente en toda aquella legislatura de sumo enfrentamiento político-.

Cuando el castillo de naipes construido sobre la necesidad de vivienda de los ciudadanos comenzó a tambalearse, nos dijeron primero que no pasaría nada, que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo, luego que eran pequeñas turbulencias provocadas por los avatares internacionales y que sería algo pasajero, posteriormente llegaron las ayudas públicas a los bancos para “garantizar el crédito y poder seguir creciendo” y cuando llegó el cambio de gobierno, que “se sabía lo que había que hacer” para arreglar el desaguisado. Y mientras, por otro lado se seguía haciendo “mas de lo mismo” y negando una burbuja inmobiliaria –y con ello la corresponsabilidad-, que por no ir más lejos fue calificada de “topicazo” por el actual ministro de Hacienda hace tan solo unos meses. Y ahora llegan las grandes nacionalizaciones y el traspaso ingente de la deuda odiosa a los ciudadanos, un quebranto monumental e histórico por el que no se tiene intención ninguna de responder.

Entre tanta declaración falaz y oscurantista destacó por doloroso el tópico de “nadie nos avisó”, “nadie fue capaz de prever esto”…Tajantemente falso: los avisos fueron constantes y reiterados tanto a nivel interno, como originados en el extranjero durante años. El propio Jaime Caruana ya en 2002 alertaba del aumento de riesgo por el endeudamiento de las familias, a lo que también el actual Ministro de Hacienda replicó “que eso era bueno ya que la compra de un piso programa a largo plazo un incremento del nivel de ahorro”1. Nos consta también que la intervención del Banco de España conocía al menos desde el año 2006 los grandes desequilibrios con los que el mercado inmobiliario estaba amenazando a la banca española. Y si fuera sólo eso…en esta asociación hemos tenido la oportunidad de examinar numerosísimos estudios e informes –los primeros datados en el año 2000-, y muchos otros como los de la ONU, el BdE, el CSCAE, The Economist, los servicios de estudios de distintas entidades financieras internacionales, la OCDE, el FMI, los distintos informes emitidos desde la Unión Europea y un largo etcétera incluyendo a los de esta asociación, que coincidían en desaconsejar la política de vivienda, fiscal y urbanística que se estaba practicando en España. Los casos más sangrantes se dan con los estudios que el propio gobierno encargó a sus órganos consultivos para pasar a olvidarlos a continuación: Consejo de Estado, Observatorio de la Vivienda, etc. Y la pregunta que surge es ¿por qué no hicieron nada ante las numerosas alertas? Quizás porque como dijo el comisario europeo Almunia “hubiese sido retirar la ginebra a mitad de la fiesta”. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿la fiesta de quién? Porque es obvio que alguien se ha pegado un gran festín en el mercado inmobiliario y ahora no quiere pagar la cuenta, que es bastante abultada.

Sin olvidar la parte de responsabilidad que también reside en entidades europeas, es tal el cúmulo de sinrazones y despropósitos, que sólo los intereses espurios de los que nos han gobernado a nivel personal, de sus formaciones políticas a nivel colectivo y de su interrelación con las entidades financieras y otros negocios privados, pueden explicarlos. Con un país al borde del colapso económico y social, creemos firmemente que de una vez por todas se ha de romper la baraja y que ha llegado la hora de que se depuren responsabilidades y que los que han perpetrado el “festín inmobiliario” paguen por el inmenso daño que han causado a la sociedad española.

Es por ello por lo que esta asociación ha decidido presentar varios escritos en las más altas instancias del Estado y de la Unión Europea: La Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, instándoles a iniciar un proceso indagatorio y de investigación que confiamos lleve a delimitar responsabilidades de todo tipo allá donde las haya. Hay mucho, mucho que investigar. No se puede aceptar, si queremos tener un futuro democrático y en libertad, que quienes han provocado el caos actual, sigan disfrutando de sus pingües sueldos y pensiones e incluso tomando decisiones, mientras a los ciudadanos –que ya estamos en una situación límite y somos los únicos que hemos pagado el “festín” hasta la fecha- se nos condena a lustros de degradación de nuestro sistema de bienestar social, a más empobrecimiento, a un desempleo fuera de todo orden y a una enorme exclusión social.

Y aún al borde del default, seguimos echando leña al fuego

Y hablando de todo ello ¿qué ha hecho el nuevo gobierno para enderezar esta situación? Pues la respuesta es simple: acelerar exponencialmente las mismas políticas del desastre. Esta asociación ya anunció el continuismo con las políticas del gobierno anterior, cuando en plenas navidades el ejecutivo incluía en un Real Decreto-Ley, a escondidas, una línea de avales para la banca de nada menos que 100.000 millones de euros. Poco después se anunció la aplicación de un IVA superreducido para todas las viviendas, incluyendo las residencias de lujo. También, resultó muy elocuente, el reforzamiento retroactivo de las deducciones a la compra de viviendas para nuevos demandantes, unas “ayudas” que realmente han venido terminando en manos de bancos y promotoras -77.560 millones desde 1979 nada menos2- y que todos los estudios e instituciones coinciden que han contribuido como nadie a que se infle la enorme burbuja inmobiliaria que hemos sufrido en España y que, por si fuera poco, a estas alturas están detrayendo unos recursos necesarios e imprescindibles a los servicios sociales básicos de la ciudadanía.

Ya más recientemente el gobierno ha anunciado más “cambios” regulatorios en el mercado de la vivienda, amenaza con precarizar aún más el mercado del alquiler con un lamentable anteproyecto de ley –favoreciendo así aún más la compra-, ha congelado vergonzantemente los módulos de protección oficial cuando lo que se debe hacer con ellos es reducirlos drásticamente y por si fuera poco, ahora se anuncian exenciones fiscales adicionales en impuestos inmobiliarios que son determinantes para el presupuesto de las comunidades autónomas. Todo ello persigue el mismo fin: que si tiene que bajar el precio de la vivienda, que sea la porción que disfruta el Estado y no la de las entidades privadas la que baje. Es absolutamente desquiciante comprobar que se sigue sin comprender que para deshacer el agujero negro inmobiliario que decía el gran profesor Naredo, sólo existe un camino que radica en la profunda desinversión y en la bajada drástica en el precio de la vivienda hasta volver a unos precios razonables en relación a los salarios y eso mientras se afianza una política de vivienda realmente social para garantizar el derecho al alojamiento a los más necesitados.

La asociación no da crédito a que todavía aún hoy, se siga intentando echar más leña a una hoguera que ha abrasado ya el país y que se siga obviando que cada persona que se endeuda en exceso por la compra de una vivienda, contribuye a afianzar aún más las insolvencias bancarias y la sequía del crédito tan necesario para generar empleo. Algunas veces han aludido al país que van a dejar nuestros gobernantes a las generaciones venideras, pero ahora vamos a probar con la dimensión trascendente de la persona, porque la Historia, esa eterna huella, juzgará a todas estas personas como lo que son, ni más, ni menos. De todo esto y dada la gravedad del asunto, tengan a buen seguro que algún día se escribirá, ya habrá un Pascual Madoz que lo cuente porque no se puede engañar a todos todo el tiempo.