A la reforma laboral, a los recortes que alcanzan incluso a derechos constitucionales como la sanidad y educación o las inyecciones de capital público a bancos privados, hay que sumar ahora un nuevo frente que el ejecutivo del PP califica como "ambicioso plan".

El nuevo plan del "reformismo" del Gobierno Rajoy afectará a grandes empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado, Paradores y Loterías y Apuestas del Estado (LAE), e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabell II, de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, contempla diversas desinveriones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España (REE).

El anterior Gobierno quiso vender las participaciones de SEPI en estas sociedades (2,71% de IAG, 10% de REE y 10,2% de Ebro), pero canceló la operación cuando ya había recibido el visto bueno del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) al considerar que no se daban las condiciones de mercado oportunas.

El plan de desmantelamiento del sector público se aprobará antes de verano y permitirá al Gobierno de Mariano Rajoy ingresar -según sus propios cálculos- hasta 30.000 millones que se destinarán a amortizar deuda y reducir las emisiones del Tesoro Público.

En estos momentos, el Gobierno está estudiando qué activos tienen un valor atractivo para los inversores para evitar ventas a precio de saldo y qué empresas tienen ingresos suficientes para aliviar la tensión de la deuda española.

El Gobierno Zapatero ya privatizó parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con el fin -en teoría- de reducir las emisiones del Tesoro hasta en 15.000 millones.

En el caso de Aena, el Gobierno aprobó un nuevo marco legal que le habilitaba a crear antes del 28 de febrero de 2012 una nueva sociedad mercantil en la que se diera entrada hasta un 49% al capital privado y se abrió la puerta a la gestión privada en régimen concesional de algunos aeropuertos, como el de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

Sin embargo, en el mes de enero, fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que paralizó los concursos de licitación de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat ante las desfavorables condiciones de los mercados, que podrían deteriorar el valor de los activos del gestor aeroportuario.

El caso de Loterías fue distinto, ya que el Gobierno del PSOE llegó a autorizar la salida a Bolsa del 30%, lo que habría convertido la operación, que contaba con la oposición frontal del PP, en la mayor privatización de la historia de España.

La salida estaba prevista para el 19 de octubre de 2011, pero antes de que acabara el mes de septiembre el Ejecutivo decidió paralizar la operación porque no se daban las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejaran su valor.

Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido retomar estas dos operaciones, a pesar de que se opuso firmemente a la privatización del 30% de Loterías argumentando que suponía una malversación de fondos públicos porque provocaría que el Estado dejara de recaudar una cantidad anual fija a cambio de determinados ingresos.

También rechazó la privatización parcial de Aena, aunque avisó de que si ganaba las elecciones generales revisaría las operaciones planteadas por el PSOE para estudiarlas y cambiar parte de sus contenidos y condiciones, manteniendo el mismo objetivo final, que no es otro que su completa privatización.