Ante el sofocante conflicto social vinculado al servicio privado de transporte colectivo, en El Salvador, el Sínodo Luterano Salvadoreño (SLS) sugirió que la mejor alternativa es su nacionalización.

La Iglesia Luterana, que se ha convertido en un importante interlocutor en la vida política del país centroamericano, a través de un comunicado difundido hoy, brindó sus apreciaciones sobre el conflicto del transporte y sus argumentos para nacionalizar el servicio.

Esto sucede mientras las gremiales de empresarios amenazaron, esta semana, con incrementar el costo del pasaje por falta de acuerdos en las negociaciones entre el Gobierno y las gremiales del ramo, y exigieron un aumento al subsidio ofrecido por El Estado.

El elevado precio del petróleo, derivado de la especulación financiera, impacta negativamente a los países altamente dependientes de este recurso, principalmente a aquellos ’no productores’ como El Salvador.

El Estado salvadoreño, con el propósito de disminuir ese efecto negativo en la economía local, subsidia una parte del servicio, beneficiando a millones de salvadoreños y salvadoreñas, además de volver rentable el negocio a los empresarios.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, $77 millones es la erogación anual del Estado para el subsidio del transporte público. La disputa por el problema del subsidio data desde hace una década, cuando el ex Presidente Francisco Flores suspendió, en 2001, el subsidio a los transportistas, que posteriormente se restituyó.

El ex presidente Antonio Saca, en 2008, autorizó un incremento del subsidio mensual de $800 para buses y $400 para micro buses; no obstante, la Asamblea Legislativa aprobó la reducción a $500 por bus y $250 por microbús el año siguiente.

En tanto, el año pasado, el actual gobierno aprobó un incremento y condicionó a los empresarios a mejorar el servicio. Sin embargo, el servicio prestado es deficiente, ineficiente, “espinoso", con autobuses en malas condiciones y con "pésimo trato" a usuarios.

“Siendo el transporte colectivo un problema recurrente, viciado y que afecta a las grandes mayorías del país, debe ser tratado como un tema de nación y no como un problema de sector", expresa el Sínodo Luterano.

El transporte colectivo, agrega el comunicado, es un servicio útil y necesario, pero se ha convertido en una amenaza y en un tema de chantaje por parte de “los grandes empresarios que se escudan en la crisis del sector", para amenazar y hasta amedrentar al pueblo con incrementos, cuando la gente es la que paga todos los costos. "Aquí cabe preguntarse, ¿y al pueblo quien lo defiende?".

El Sínodo reconoce que los transportistas son un "sector sufrido y víctima de la situación de violencia y delincuencia que vive el país", pero también son un sector empresario solvente, que adquieren ganancias por su servicio.

De tal manera que apoyan la continuidad del subsidio, pero mejor "focalizado" para que beneficie a la población y "no sea un premio para el gremio" de empresarios.

A juicio del Sínodo Luterano, la mejor alternativa es, en todos los sentidos, la nacionalización del transporte colectivo. Asimismo, el Estado debe iniciar una política nacional de transporte colectivo que incluya una consulta nacional y una negociación profunda para que, en un plazo mediano, se vuelva garante del sector.

“Los empresarios deben ser parte y no dueños", concluye el mensaje del Sínodo.