La justicia salvadoreña negó a España la extradición de 13 militares procesados por la masacre de seis sacerdotes jesuitas -en su mayoría españoles- y dos de sus colaboradoras, ocurrida durante la guerra civil, en la capitalina Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas" (UCA).

Nueve de quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron, el pasado ocho de mayo, en contra de la petición presentada el año pasado, por del Juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco.

El Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional admitió el caso en 2009, bajo el principio de justicia universal, y en el proceso de recolección de evidencia contra los militares denunciados solicitó inútilmente, y en reiteradas ocasiones, la colaboración de los tribunales de El Salvador.

“Queda claro que pesa más el sometimiento a los poderes amparados en la impunidad que la voluntad de transitar por la verdadera senda que conduce a la paz social", lamentó la UCA en un reciente comunicado, y agregó que con ese tipo de decisiones, “el sistema salvadoreño sigue protegiendo a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad".

Desde que ocurrieron los asesinatos, el Estado salvadoreño nunca mostró voluntad de investigar, procesar y castigar a todos los responsables, pese a las recomendaciones y exigencias de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los religiosos eran destacados defensores de la Teología de la Liberación. La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989, cuando un batallón del Ejercito salvadoreño irrumpió en la residencia de los sacerdotes, en la UCA, asesinando a Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López, Juan Ramón Moreno y Amando López, y dos de sus colaboradoras, madre e hija, Julia Elba y Celina Ramos.

En enero de 1992 se firmaron los Acuerdos Paz en El Salvador y en 1993 una Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas (ONU), determinó que la ’masacre de los jesuitas’ fue perpetrada por el Ejercito salvadoreño, a cargo del entonces Presidente de derecha Alfredo Cristiani, quien ese mismo año decretó una Amnistía General para impedir procesar a criminales de guerra dentro del país.

Además, la cúpula militar acusaban a los jesuitas de ser los "líderes ideológicos" de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en ese año de la masacre desarrollaba una ofensiva.

La UCA ha exigido siempre que sea la justicia nacional la que “abra sus puertas a todas las víctimas, las de antes y durante la guerra", a fin de hacer valer el primer artículo constitucional, que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de toda la actividad estatal.

España reclama a los militares Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Guillermo Alfredo Benavides, Tomás Castillo, Juan Rafael Bustillo, Joaquín Arnoldo Cerna, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Mauricio Guzmán, Humberto Larios y Oscar León Linares.

Larios era el ministro de la Defensa Nacional, Zepeda el Viceministro de Defensa y Bustillo el Jefe de la Fuerza Aérea. La guerra civil de El Salvador inició en 1980 con el asesinato del Arzobispo Oscar Romero, por escuadrones de la muerte ligados al partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y concluyó en 1992 con el cese al fuego y la firma de la paz.