La Confederación General del Trabajo (CGT) manifiesta su “absoluto rechazo” al acuerdo de incoación iniciado por parte del Ministro de Industria, José Manuel Soria, de un procedimiento de revocación de la orden ministerial que establecía el cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. CGT se opondrá a este nuevo procedimiento que“ pretende dejar sin efecto” el cierre de la planta establecido para el 6 de julio de 2013 y prorrogar la actividad de la misma hasta 2019.

Este procedimiento de revocación plantea a su vez iniciar una nueva renovación de la autorización, que la CGT considera que pudiera ser irregular toda vez que la Central aún no ha adoptado todas la medidas de seguridad que el propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear estableció para un funcionamiento más allá de 2013.

El Ministerio de Industria pretende iniciar de oficio un “apremiante procedimiento” de autorización “sin aclarar suficientemente” la tramitación que seguirá el mismo, y que permite a la Central la adopción de medidas que impida su cese definitivo sin definir las condiciones en las que se desarrollarán las mismas.

El procedimiento“ tampoco establece” medidas concretas a adoptar en materia de seguridad para el periodo transitorio que pudiera darse hasta la concesión de la nueva prorroga. Prorroga que, si bien aún no ha sido solicitada por el propietario, parece estar ya concedida. Por todo ello CGT “se personará” como parte interesada en el expediente y mantendrá la exigencia del cese definitivo de la nuclear para julio de 2013 en los términos establecidos en la orden que se pretende revocar, y que fue ratificada por sentencia de la Audiencia Nacional.

La prórroga de Garoña no es la única medida adoptada por el actual Gobierno, “abandonando los intereses generales que debe defender y allanándose a los intereses de las grandes compañías eléctricas.” La aprobación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas y la“ eliminación de un plumazo” de las ayudas al desarrollo de la energías renovables, que ya están destruyendo cientos de puestos de trabajo en este sector, son nuevos atentados a un modelo energético seguro, eficiente y sostenible en beneficio de los intereses de las grandes compañías eléctricas.