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Aragón suspende los abortos con cargo a la sanidad pública

Una deuda de más de 800.000 euros obliga a las clínicas a tomar esta medida

España | Jesús Castro -Tercera Información | 03-05-2012 | facebook yahoo twitter

Las dos clínicas abortistas de Aragón, Actur y Almozara, dejarán, a partir de hoy día tres de mayo, de realizar interrupciones voluntarias del embarazo con cargo a la sanidad pública, debido al impago acumulado por el Gobierno autonómico, del Partido Popular, que asciende a más de 800.000 euros. Así, desde este jueves, las mujeres que quieran interrumpir su embarazo deberán pagar los costes de la intervención, que rondan los 300 euros.

Tras un año y nueve meses de negociaciones con la Administración, el Servicio Aragonés de Salud no ha ofrecido una salida viable a los centros, según informa la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) en un comunicado enviado a los medios. Además afirman que "en estos momentos las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre, lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país".

Según esta misma asociación, los representantes de las clínicas han tratado de negociar esta decisión con el Ministerio de Sanidad en una reunión que mantuvieron la semana pasada con la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos. Pero la respuesta fue que "no era el momento" para abordar la cuestión, ya que a su entender el servicio estaba funcionando con normalidad. Al ver que desde la Administración no se tiene el interés de solventar la deuda y ya que tampoco se ha presupuestado en sus partidas económicas para 2012, los centros han decidido formalizar “la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración”.

Así las cosas, desde hoy, las mujeres que quieran interrumpir su embarazo por decisión propia antes de la semana catorce, deberán pagar los más o menos 300 euros de la operación. Sin embargo, como informa ACAI, ambos centros han decidido continuar practicando los abortos que correspondan al supuesto de patología fetal (artículo 15 de la Ley del Aborto), con cargo al Servicio Aragonés de Salud, si este lo acepta. A pesar de los hechos, la asociación ha asegurado que todavía mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad, “con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a los centros”, según informan desde Público.

Aragón no es la única

Desde ACAI se señala además que Sanidad no descarta sacar el aborto de la cartera de servicios básicos ya que tiene previsto analizar cómo se está aplicando la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y es que Aragón no es la única comunidad que tiene facturas pendientes con las clínicas que practican abortos. La mayoría de las regiones han ido acumulando una importante deuda desde que esta prestación pasó a la cartera pública con la nueva ley del aborto en julio de 2010.

También Castilla la Mancha, Asturias, Baleares o Madrid acumulan deuda. Las clínicas aseguran que el problema se está presentando fundamentalmente en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular. “Están enmascarando tras los problemas económicos que esta es una prestación que no les interesa en absoluto. Para ellos no es una prioridad”, afirma Francisca García, vicepresidenta de ACAI.

A este respecto, el departamento de Ana Mato, Ministra de Sanidad, quiso apaciguar los ánimos y aseguró a Efe que el aborto voluntario es “una prestación que sigue estando garantizada”. “Si no lo hacen las clínicas privadas, con las que había concierto, lo tendrán que hacer los hospitales públicos”.

1 Mensaje
  • 3 de mayo de 2012 14:48, Tinejo

    Una nueva forma de buscar a la mujer mujer de Gallardón: dejar de pagar, dejar de cumplir su obligación legal de dar cobertura al mandato legal. Este país se está volviendo tan gris como lo era hace treinta años.

    http://casaquerida.com/2012/05/02/u...

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Colaborador
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Cito: Ya en 1830 el jurista alemán Karl Eduard Zachariae reconocía que no puede quebrarse el compromiso (de la deuda) sin razón, pero que los gobiernos tienen un deber superior al de pagar sus deudas: el de mantener vivos a sus ciudadanos. Y si no existe otra alternativa, deben desatender a sus acreedores”. (“Deuda, soberanía y crecimiento”- Mario Rapoport, Página 12, 24/08/14).-

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