En Junio de 2010, Maria Dolores de Cospedal decía en rueda de prensa que "lo que es impresentable es que la salida que tenga el gobierno para colocar la deuda sea dando una amnistía fiscal a aquellos que han defraudado a hacienda. Nosostros claro que estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales".

Por su parte, Mariano Rajoy afirmaba que "lo que España necesita para atraer financiación y capital no es una amnistía fiscal, sino confianza en la política económica del país y en el Gobierno que la debe implementar".

Era la reacción del PP al intento del gobierno Zapatero de amnistía a las rentas más altas y grandes empresas, que son las que defraudan el 70% del total de las decenas de miles de millones que anualmente pierde el Estado español por no combatir el fraude fiscal.

Ayer, tras la huelga general, la respuesta del gobierno de PP era anunciar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) más austeros de la democracia, que suponen un recorte de 27.300 millones de euros con los que el gobierno pretende llegar, mediante ajustes y medidas como subir la luz o algunos impuestos, al objetivo de déficit impuesto por Bruselas del 5,3% del PIB. Sin embargo, una de las medidas anunciadas ya está generando indignación: precisamente, la amnistía fiscal de la mayor parte del fraude.

Dolores de Cospedal dice ahora que la medida “va a ser buena para todos los ciudadanos”.

La propuesta consiste en un "gravamen especial" del 8% o el 10% para el capital que retorne a España desde los paraisos fiscales o que esté oculto dentro del país, evitando de esta forma cualquier tipo de sanción. Esta medida, con la que el Gobierno de Rajoy espera recaudar 2.500 millones de euros cuando deberían recaudarse 25.000 millones, o cualquier otra cantidad que se estime (si son 3.700 según otras fuentes, deberían recaudarse 37.000, que es el dinero evadido a la hacienda española) ha hecho reaccionar a los inspectores de Hacienda, quienes la han calificado como "muy injusta" e incluso "anticonstitucional". Los técnicos de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) rechazan frontalmente la medida porque el efecto perverso de la misma: "cualquier defraudador queda exonerado de cualquier penalización o sanción", de manera que se está incentivando el fraude fiscal en el futuro, y en España está por encima de la media europea.

Según los técnicos, esta medida es "muy injusta" porque va contra el artículo 31 de la Constitución: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio, señala dicho artículo. "Esta medida dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal e incluso el trabajo ordinario de la Agencia Tributaria", afirman. Por último, puede provocar un "derrumbe" de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos, perjudicando a la economía española.

El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha considera por su parte que además de atentar contra el principio constitucional de igualdad tributaria, supone un "agravio comparativo" para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el fisco pagando un 10% y evitando intereses, recargos y sanciones.

La actitud del PP es similar a la que ha tenido con la aprobación de la nueva reforma laboral de manera unilateral. En 2011, Soraya Sáenz de Santamaría afirmaba de la reforma laboral del PSOE: "el decreto del gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir, y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación".