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Un magistrado acusa a Grande-Marlaska de haber dado validez a una confesión que pudo haber sido otorgada «de manera verosímil o probable» mediante tortura

Ramón Sáez Valcárcel acusa al nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, de no haber rechazado la confesión y de no haber realizado «ninguna actividad indagatoria» pese a los informes forenses que informaban de torturas.

España | Nacho Hernandez-Tercera Información | 04-03-2012 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

Audiencia Nacional ha condenado esta semana a cinco años de prisión a los tres miembros del «Comando Otazua» Daniel Pastor, Íñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria por considerar probado que todos ellos colocaron un artefacto explosivo en los juzgados de Sestao (Vizcaya) en 2007 «con la intención de causar daños y desperfectos de magnitud». Para llegar a dicha conclusión, la Audiencia se ha servido de la primera declaración de Zapirain, durante el régimen de incomunicación ante el instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska y de la cual se retractó posteriormente, denunciando que fue otorgada bajo tortura. En la misma, Zapirain inculpó a los otros dos detenidos, reconociendo a su vez la participación del comando en otros doce atentados.

Si bien la sentencia ha sido condenatoria, el ponente de la misma, el juez Ramón Sáez Valcárcel, se ha desmarcado de la conclusión a la que han llegado los magistrados Javier Martínez Lázaro y Nicolás Poveda. A través de un voto particular discrepante con la sentencia, Saéz Valcárcel ha criticado duramente la actuación del juez instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska por no haber llevado a cabo «ninguna actividad indagatoria» a pesar de los informes forenses que informaban de lesiones, autolesiones y torturas. Asimismo, le reprocha que prorrogara al máximo el tiempo de detención, algo que «evidencia la ineficacia del mecanismo de garantía» constitucional que además «debió producir un impacto negativo en el ánimo» de los detenidos.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Sáez Valcárcel ha alegado en el escrito que la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que «solo cuando pueda afirmarse que la confesión ha sido prestada libre y voluntariamente, puede haber prueba en contra de su autor». Por lo tanto, para el ponente, «la ausencia de control jurisdiccional ante la denuncia de haber sido objeto de maltrato o tortura, seguida de la retractación de la confesión, debería anular todos los interrogatorios».

Un proceso falto de garantías para los detenidos

En su voto particular, Sáez Valcárcel suscribe que «cuando concurren circunstancias anormales durante la detención preventiva -porque hubiere evidencia de presión o coacción ilegítima- se requiere una diligencia reforzada del órgano judicial en la tutela de los derechos». Para Sáez Valcárcel, hay «un dato presente que permite identificar con precisión que no se estableció el control jurisdiccional mínimo requerido: los partes de estado del médico forense registraban lesiones, autolesiones y quejas de tortura, maltrato y vejaciones sexuales, sin que ello provocara actividad indagatoria alguna por parte del juez autorizante para comprobar la veracidad de la información y para amparar los derechos básicos de los detenidos. Lo que desvelaría la ausencia del mecanismo de garantía previsto en nuestro sistema constitucional para aquel fin -continúa-. Ha de tenerse en cuenta que el examen del médico forense era el único medio habilitado por el juez para conocer lo que estaba pasando en el espacio policial de la detención incomunicada, en ausencia de otros que podrían acompañarle y dotarle de mayor eficacia».

Por otro lado, el instructor Grande-Marlaska debería haber eliminado «la sospecha de falta de libertad» de los detenidos a través de «algún tipo de actuación», como puede ser el «retrasar la toma de declaración, permitir la entrevista previa con los abogados o recabar algún informe médico o psicológico adicional», medidas que no fueron tenidas en cuenta durante el régimen de incomunicación y que para el ponente ponen en entredicho la legitimidad de las declaraciones otorgadas en esa etapa del proceso. Además, a las denuncias de Zapirain hay que sumar las de los otros dos detenidos, quienes alegaron «torturas y malos tratos» durante los cinco días que duró la incomunicación. Daniel Pastor fue trasladado al hospital por autolesionarse la cabeza y manos contra la pared. Por su parte, Beatriz Etxebarria denunció ante el forense que la desnudaron y la violaron con el palo de una escoba. Ambos denunciaron haber sido sometidos a escuchar los gritos de sufrimiento de sus respectivas parejas en compartimentos cercanos durante esos días.

Esta situación de denuncias por tortura y retractación en libertad de lo dicho durante la incomunicación, que según el Tribunal Supremo debe llevar a la nulidad de los interrogatorios, no ha sido tenida en cuenta como relevante por la Audiencia para condenar a los acusados. Esta decisión de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no solo ha ido en contra del Tribunal Supremo, sino que ha chocado frontalmente con lo establecido en la Convención contra la Tortura de la que el Estado forma parte. Como apunta Sáez Valcárcel, dicho tratado afirma que «no debe aprovecharse información alguna obtenida del imputado por la autoridad o sus agentes durante su detención incomunicada cuando se haya denunciado, de manera verosímil o probable, algún tipo de violencia».

El magistrado discrepante ha señalado que la «mejor forma de prevenir la tortura es no incorporar a la prueba la confesión del detenido cuando éste se retracta en cualquier momento posterior y denuncia mal trato», desechando como «sospechosa la declaración que fue obtenida en un espacio de intensa constricción física, moral y psicológica, como es el caso de la privación cautelar de libertad en régimen de incomunicación, máxime si la medida ha sido ampliada respecto al plazo máximo ordinario -72 horas-».

1 Mensaje
  • 26 de marzo de 2013 09:52, Silvia Moreno
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    ¡¡¡Increíble que hoy en día todavía pasa esto en un país civilizado!!! Encima, Marlaska que toda la vida ha sido juez instructor y aliado fiel de la policía ahora lo han elegido como presidente de la sala de lo penal!!! Se puede imaginar uno el criterio de este juez en la hora de juzgar!!! Qué barbaridad!!! Menos mal que todavía existen jueces como Valcárcel y no se los ha olvidado en qué consiste su trabajo. Merece ser admirado.

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¡¡¡Increíble que hoy en día todavía pasa esto en un país civilizado!!! Encima, Marlaska que toda la vida ha sido juez instructor y aliado fiel de la policía ahora lo han elegido como presidente de la sala de lo penal!!! Se puede imaginar uno el criterio de este juez en la hora de juzgar!!! Qué barbaridad!!! Menos mal que todavía existen jueces como Valcárcel y no se los ha olvidado en qué consiste su trabajo. Merece ser admirado.

- -Silvia Moreno -
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Desde su llegada al trono y con el respaldo EEUU, Francia y España; Mohamed VI, decide desafiar a todas las resoluciones de la ONU, y entrar en un proceso de confrontación y obstaculización de los esfuerzos de la comunidad internacional, para buscar una solución al diferendo del Sahara Occidental, al anunciar que Marruecos rechaza cualquier solución que contempla el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y como contrapartida, decide imponer a la comunidad internacional, su propuesta de "autonomía amplia" para desviar el contencioso de su cauce jurídico internacional y desvincularse del Plan de arreglo de la ONU, que el 29 de Abril de 1991 fue aceptado y firmado por el régimen de Hasan II y el Frente Polisario, por medio del cual, se estableció en el territorio la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sahara Occidental).

Actualmente Marruecos tiene problemas muy serios, con sus mejores aliados, fundamentalmente con Francia y EEUU, y está obstaculizando todos los esfuerzos de mediación de la ONU, al acusar al enviado especial del S.G. el Sr. Ross, de "actuar con parcialidad" y de "hacer propuestas que rebasan su mandato" y de "marginalizar la iniciativa marroquí y de implicar a la Unión Africana", en la solución del contencioso; todas estas acusaciones son falsas y carecen de fundamento, ya que el trabajo del Sr. Ross como mediador, está sujeto al mandato y a las normas que establece la ONU, para arbitrar las negociaciones entre las partes, de acuerdo con las resoluciones de la ONU y con Plan de Paz, que habían firmado Marruecos y el F.Polisario, a través del cual se estableció la MINURSO, para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, para solucionar el diferendo del Sahara Occidental y garantizar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, ya que actualmente y según todas las resoluciones de la ONU, el problema del Sahara Occidental es un problema de descolonización, que está inscrito en la agenda de las Naciones Unidas, como uno de los T.N.A. (Territorios No Autónomos), aun pendientes de descolonización.

La invasión y ocupación ilegal a los territorios del Sahara occidental, a raíz de los vergonzosos acuerdos de Madrid, entre España, Marruecos y Mauritania, el 14 de noviembre de 1975, constituyen una flagrante conspiración y violación, de los legítimos derechos del pueblo saharaui, ya que los mencionados acuerdos, son incoherentes con la doctrina de descolonización establecida por la ONU, y con el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia del 16 de octubre de 1975, que dice textualmente "La corte llego a la conclusión, de que los elementos e informaciones puestos a su disposición, no demostraban la existencia de ningún vinculo de soberanía territorial, entre los territorios del Sahara Occidental por una parte y el reino de Marruecos o el complejo mauritano por la otra", una vez hecho público este veredicto, Hasan II en una hábil maniobra decidió implementar un falso nacionalismo y desarrollar una campaña de concienciación del pueblo marroquí y empujarlo en la "Marcha Verde" para agredir y ocupar los territorios de la RASD, conjuntamente con la penetración del ejército marroquí en el territorio, para entrar en una cruel guerra contra el pueblo saharaui, en la que han muerto miles de soldados marroquíes , y han caído en prisión muchos soldados marroquíes, era una guerra de desgaste, que Marruecos no habría podido afrontar, sin el respaldo y asesoramiento de expertos del ejercito israelí, que le han ayudado en el diseño y edificación de los muros defensivos, para proteger al ejercito marroquí de las incursiones de la guerrilla saharaui, aun así esos muros han tenido poca eficacia frente a los ataques de los intrépidos guerrilleros del Polisario.

A pesar de su ocupación de los territorios saharauis por la fuerza, Marruecos ha fracasado en su política para encontrar apoyo a su propuesta de autonomía, ya que ni la ONU, ni ningún país del mundo reconocen la soberanía de Marruecos sobre los territorios del Sahara Occidental, ni siquiera se le reconoce el estatus de potencia administradora del territorio, también ha fracasado, al no haber podido ganarse la confianza, ni la simpatía del pueblo saharaui; más bien su presencia en los territorios de la RASD, y su política intimidación al imponer la represión, las torturas para infundir el miedo, ha sembrado el odio y la confrontación entre el pueblo saharaui y el pueblo marroquí.

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