Audiencia Nacional ha condenado esta semana a cinco años de prisión a los tres miembros del «Comando Otazua» Daniel Pastor, Íñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria por considerar probado que todos ellos colocaron un artefacto explosivo en los juzgados de Sestao (Vizcaya) en 2007 «con la intención de causar daños y desperfectos de magnitud». Para llegar a dicha conclusión, la Audiencia se ha servido de la primera declaración de Zapirain, durante el régimen de incomunicación ante el instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska y de la cual se retractó posteriormente, denunciando que fue otorgada bajo tortura. En la misma, Zapirain inculpó a los otros dos detenidos, reconociendo a su vez la participación del comando en otros doce atentados.

Si bien la sentencia ha sido condenatoria, el ponente de la misma, el juez Ramón Sáez Valcárcel, se ha desmarcado de la conclusión a la que han llegado los magistrados Javier Martínez Lázaro y Nicolás Poveda. A través de un voto particular discrepante con la sentencia, Saéz Valcárcel ha criticado duramente la actuación del juez instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska por no haber llevado a cabo «ninguna actividad indagatoria» a pesar de los informes forenses que informaban de lesiones, autolesiones y torturas. Asimismo, le reprocha que prorrogara al máximo el tiempo de detención, algo que «evidencia la ineficacia del mecanismo de garantía» constitucional que además «debió producir un impacto negativo en el ánimo» de los detenidos.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Sáez Valcárcel ha alegado en el escrito que la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que «solo cuando pueda afirmarse que la confesión ha sido prestada libre y voluntariamente, puede haber prueba en contra de su autor». Por lo tanto, para el ponente, «la ausencia de control jurisdiccional ante la denuncia de haber sido objeto de maltrato o tortura, seguida de la retractación de la confesión, debería anular todos los interrogatorios».

Un proceso falto de garantías para los detenidos

En su voto particular, Sáez Valcárcel suscribe que «cuando concurren circunstancias anormales durante la detención preventiva -porque hubiere evidencia de presión o coacción ilegítima- se requiere una diligencia reforzada del órgano judicial en la tutela de los derechos». Para Sáez Valcárcel, hay «un dato presente que permite identificar con precisión que no se estableció el control jurisdiccional mínimo requerido: los partes de estado del médico forense registraban lesiones, autolesiones y quejas de tortura, maltrato y vejaciones sexuales, sin que ello provocara actividad indagatoria alguna por parte del juez autorizante para comprobar la veracidad de la información y para amparar los derechos básicos de los detenidos. Lo que desvelaría la ausencia del mecanismo de garantía previsto en nuestro sistema constitucional para aquel fin -continúa-. Ha de tenerse en cuenta que el examen del médico forense era el único medio habilitado por el juez para conocer lo que estaba pasando en el espacio policial de la detención incomunicada, en ausencia de otros que podrían acompañarle y dotarle de mayor eficacia».

Por otro lado, el instructor Grande-Marlaska debería haber eliminado «la sospecha de falta de libertad» de los detenidos a través de «algún tipo de actuación», como puede ser el «retrasar la toma de declaración, permitir la entrevista previa con los abogados o recabar algún informe médico o psicológico adicional», medidas que no fueron tenidas en cuenta durante el régimen de incomunicación y que para el ponente ponen en entredicho la legitimidad de las declaraciones otorgadas en esa etapa del proceso. Además, a las denuncias de Zapirain hay que sumar las de los otros dos detenidos, quienes alegaron «torturas y malos tratos» durante los cinco días que duró la incomunicación. Daniel Pastor fue trasladado al hospital por autolesionarse la cabeza y manos contra la pared. Por su parte, Beatriz Etxebarria denunció ante el forense que la desnudaron y la violaron con el palo de una escoba. Ambos denunciaron haber sido sometidos a escuchar los gritos de sufrimiento de sus respectivas parejas en compartimentos cercanos durante esos días.

Esta situación de denuncias por tortura y retractación en libertad de lo dicho durante la incomunicación, que según el Tribunal Supremo debe llevar a la nulidad de los interrogatorios, no ha sido tenida en cuenta como relevante por la Audiencia para condenar a los acusados. Esta decisión de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no solo ha ido en contra del Tribunal Supremo, sino que ha chocado frontalmente con lo establecido en la Convención contra la Tortura de la que el Estado forma parte. Como apunta Sáez Valcárcel, dicho tratado afirma que «no debe aprovecharse información alguna obtenida del imputado por la autoridad o sus agentes durante su detención incomunicada cuando se haya denunciado, de manera verosímil o probable, algún tipo de violencia».

El magistrado discrepante ha señalado que la «mejor forma de prevenir la tortura es no incorporar a la prueba la confesión del detenido cuando éste se retracta en cualquier momento posterior y denuncia mal trato», desechando como «sospechosa la declaración que fue obtenida en un espacio de intensa constricción física, moral y psicológica, como es el caso de la privación cautelar de libertad en régimen de incomunicación, máxime si la medida ha sido ampliada respecto al plazo máximo ordinario -72 horas-».