Alfredo Sáenz, consejero delegado del Grupo Santander condenado a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad, ha sido indultado por el Consejo de Ministros saliente este Viernes.

La condena impuesta por el Tribunal Supremo fue recibida con el informe favorable del Ministerio Fiscal y la petición de indulto por parte del Ministerio de Justicia, con lo que el consejero delegado conserva los requisitos de "honorabilidad" que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero, y puede seguir ejerciendo. Hasta hoy, Alfredo Sáenz estaba suspendido "de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección públicos o privados vinculados con entidades bancarias crediticias o financieras durante el tiempo de la condena".

El Supremo ya rebajó a la mitad la pena de seis meses contra Sáenz y otros dos directivos que había dictado previamente la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre de 2009. El fallo ya había obligado a los tres a indemnizar a uno de los perjudicados con 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil con el objetivo de reparar los daños y perjuicios causados por la acusación y denuncia falsa y un "injusto ingreso en prisión por una prevaricadora actuación judicial".

Según una nota de prensa del Ministerio de Justicia, "la concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años, conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso".

Pese a ello, la decisión última del indulto no correspondía al Consejo de Ministros, sino al Gobierno en funciones, que la ha rubricado en la que puede ser la última y significativa actuación de relevancia de esta legislatura del PSOE.

La condena de Sáenz se produjo al presentar Banesto una querella por estafa contra Pedro Olabarría y Luis Fernando y José Ignacio Romero, para la recuperación del crédito superior a los 640 millones de pesetas al citado Grupo y que no le fue devuelto a Banesto.

"El Banco Santander muestra su satisfacción tras conocer la decisión del Consejo de Ministros de conceder el indulto a Alfredo Sáenz", ha afirmado en una escueta nota la entidad presidida por Emilio Botín. Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) ha considerado "un acierto" la decisión, ya que "es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero español en los últimos 25 años".

No es la primera vez ni la más grave que el gobierno del PSOE intercede por el Banco Santander en los tribunales. Recordemos que, según informó la web EL CONFIDENCIAL el 21 de septiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables;

(...) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (...) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.

El 27 de mayo de 2008, para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado "instrucciones" sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito", concretamente, pidiendo que no se dirigiera "acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes". Gracias a lo cual, su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.