PSOE y PP han sumado sus votos ayer en el Pleno del Congreso para rechazar la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV para el cumplimiento y desarrollo de la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Los socialistas y la derecha parlamentaria –también han votado en contra los nacionalistas de CiU y PNV- han echado por tierra, entre otras cuestiones importantes, la posibilidad de que la Cámara Baja instara al Gobierno a declarar “nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo, y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia” por los tribunales u órganos penales de la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional de la República.

La iniciativa pretendía también que el Ejecutivo elaborara “un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos por miembros de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, prisioneros de campos de concentración, batallones de trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas”.

ERC-IU-ICV solicitaban al Gobierno que fomentara la conservación de la memoria democrática y, en este sentido, pedían que se garantizara “la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo”.

La nueva alianza del PSOE con el PP para impedir que se avance en la Ley de memoria Histórica ha impedido también posibilitar que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tenga que modificar las normas precisas para que puedan ser beneficiarias de las indemnizaciones las víctimas de la dictadura, los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la Ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición al régimen.

La iniciativa rechazada reclamaba también un “informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad de que sean consideradas beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

De igual modo, pedía trabajar para “reconocer y honrar a los guerrilleros y maquis que lucharon contra la dictadura franquista con las armas” y establecer las “indemnizaciones que les correspondan”.