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#Honduras: Sangre campesina derramada en el Bajo Aguan

Los que conocen los problemas agrarios, saben que por aferrarse a una parcela de tierra, el ser humano es capaz de ofrendar la vida debido a que una tierra cosechada es la seguridad alimentaria de toda la familia.

Internacional | Eduardo David Ardón | 21-06-2011 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

Por otra parte, el trabajo campesino de sol a sol es sacrificado y costoso y crea un sentimiento de apego profundo a la propiedad agraria, que hace que sea difícil, por no decir imposible, que el campesino la deje.

Problema muy sensible en nuestro país, ha sido el agrario en el Bajo Aguan, que hasta el momento ha causado la muerte de 39 campesinos y 19 guardias de seguridad, que ha motivado división y puntos de vista encontrados entre el INA, otros funcionarios del gobierno, campesinos, empresarios y la ciudadanía en general. El Director del INA, Cesar Ham, considera que la solución a la crisis en esta zona del atlántico hondureño, es un desarme general que incluya armas legales e ilegales y que paralelamente se expropien las tierras que pertenecen a tres empresarios agrarios y que se les entregue a los campesinos aglutinados en el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguan, MUCA.

En el Consejo de Ministros y el Ejecutivo no han podido resolver nada porque cada vez que se discute el tema, las discrepancias se profundizan.

Otros funcionarios rechazan la expropiación y en su lugar sugieren una comisión de alto nivel con expertos hondureños para que propongan una solución inmediata. Lo que han esperado y esperan, es una solución negociada sin llegar a la expropiación.

El Presidente Pepe Lobo esta anuente a resolver el problema, pero no está de acuerdo en pagar por las tierras un centavo más, que lo que dictan los avalúos que se han realizado a estas fincas y que se espera de los empresarios la aceptación de la oferta que propone el gobierno.

De no aceptar estos, lo que procede es la aplicación de la ley, es decir, solicitar al Congreso Nacional un decreto de expropiación de las 3,200 hectáreas de tierra, previo pago del precio justo que son los 280 millones de lempiras que arroja el avaluó realizado. Según la ley, la expropiación es con fines de utilidad pública y no debe entenderse como una confiscación al estilo de los gobiernos socialistas, ya que se paga el precio justo por las tierras. En sentido diametralmente opuesto, opina Don Santiago Ruiz, Presidente del COHEP, cuando califica al problema en el Bajo Aguan como el caso insigne en Honduras de inseguridad jurídica y de atropello a la propiedad privada.

Además, agrega Ruiz, que la reforma agraria basada en la confiscación de tierras ya ha sido superada en toda América Latina. Al respecto, no coincidimos con estas aseveraciones porque las confiscaciones agrarias la efectúan las revoluciones socialistas y no los gobiernos burgueses, y no es cierto que en el Bajo Aguan ha existido atropello a la propiedad privada y mucho menos ejemplos de inseguridad jurídica.

Tampoco coincidimos con el Presidente del COHEP, cuando afirma que hay funcionarios gubernamentales en clara alusión al Director del INA, Cesar Ham, que sub vierten el orden público y atentan contra la propiedad privada. Tratar de llegar a una solución pacifica tomando en cuenta los argumentos de ambas partes y aplicando el ordenamiento jurídico, no significa atentar ni subvertir nada ni a nadie.

La otra cuestión señalada por Santiago Ruiz, es la actitud de Don Miguel Facussé de querer poner fin al conflicto admitiendo el precio ofrecido por el gobierno a las 3,205 hectáreas de tierra cultivada, aunque no estuvo de acuerdo en vender cuatro de sus propiedades, propuesta rechazada por el INA y los campesinos, pues estos no están de acuerdo en ser desalojados de las fincas que ya les pertenecen, pues han cosechado y comercializado la fruta, aunque los empresarios sostengan que la cosecha les pertenece.

Algunos economistas especializados en la materia, consideran que la crisis en el Bajo Aguan, es muy delicada en el aspecto político y económico por la inseguridad de la inversión. Los bancos perciben que existe una amenaza que puede generalizarse en el resto del sector agrícola, y, esto significa que dejaran de hacer préstamos para la agroindustria.

Pero, a pesar de ello, los campesinos necesitan que les entreguen las tierras que les pertenecen para poder cultivarlas con la debida asistencia.

A pesar de lo delicado y profundo de la confrontación entre empresarios y campesinos en el Aguan, la carta firmada por Don Miguel Facussé, “Solución final al conflicto del Aguan” aunque no sea aceptada en algunos de sus señalamientos, por ser atentativos a los intereses del MUCA, constituye un paso importante en el proceso del dialogo y las conversaciones para lograr la paz y la pérdida de vidas de inocentes campesinos que han regado su sangre en las corrientes del rio Aguan.

El primer paso, de aceptar las condiciones planteadas por el gobierno, es muy importante, porque esto significa que ya pueden sentarse a dialogar alrededor de otros temas que por hoy son conflictivos como el punto dos, que se refiere a las órdenes de desalojo de las fincas Lempira y Concepción que contienen un área de 839.81 hectáreas y que según la empresa Dinant, nunca formaron parte de la negociación con el gobierno.

También el punto tres, en donde la empresa exige se le cancele el dinero proveniente de la comercialización de la fruta.

Si la empresa exige, de acuerdo a sus intereses, se les reconozca el derecho de propiedad, también ellos están en la obligación de respetar el derecho de propiedad de los campesinos. No olvidar que antes de que fueran dueños, producto de una compra, esas tierras eran de propiedad estatal.

Sin menoscabar el derecho de propiedad privada de los empresarios del Bajo Aguan, el gobierno debe también defender los intereses de los pobres del campo para detener el derramamiento de sangre inocente.

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