Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Torrijos, estaba imputado.

Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que Izquierda Unida no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra...) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la jueza que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de Izquierda Unida. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la jueza debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de Izquierda Unida que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarios. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura

expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Antonio Torrijos cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Es obligado recordar así mismo que la jueza responsable de la filtración, dado que ella es quien debe custodiar los documentos de su oficina, y por tanto del daño que se está produciendo al candidato, fue recusada en su día por ser esposa de una persona hace tiempo despedida de la empresa en cuestión. No afirmamos que se esté produciendo de esta manera una venganza pero sí podemos afirmar con rotundidad que la jueza actúa con una severidad moral frente a Antonio Torrijos que no aplica a su propio comportamiento.

Finalmente, queremos expresar que afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando.