Tras más de dos meses de huelga de hambre de 32 presos mapuche, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció ayer la constitución de una mesa de diálogo entre el Gobierno y las comunidades mapuches.

Piñera, que hizo el anuncio durante uno de los actos con los que se celebraba el bicentenario de la independencia chilena, ha accedido por fin, a raíz de la presión social e internacional, a una de las principales reivindicaciones de la treintena de comuneros que desde hace 67 días mantienen una huelga de hambre y a la que se unieron la semana pasada cuatro diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

Según el anuncio del mandatario, la mesa de diálogo se constituirá la próxima semana en el cerro Ñielol de Temuco y estará formada por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet; el de Desarrollo y Planificación, Felipe Kast, delegados de las comunidades mapuches y de las organizaciones sociales de las regiones de Biobío y Araucanía y representantes de las iglesias católica y evangélica. Sin embargo, en la mesa por ahora no se han incluido a Eric Milán ni Victor Queipul, portavoces de la comunidad autónoma de Temucuicui, como habían reclamado los presos mapuche en huelga de hambre.Tampoco se ha dicho nada sobre que la directora del Instituto de Derechos Humanos del Ministerio del Interior chileno, Lorena Fries, asuma el papel de garante de los acuerdos a los que se puedan llegar, lo que era otra de las reclamaciones de la comunidad mapuche.

El presidente chileno reconoció también la deuda del país con el pueblo mapuche, al que le fueron arrebatadas gran parte de sus tierras tras la independencia. "Todos los chilenos estamos conscientes de que tenemos una deuda con nuestros pueblos originarios y, particularmente, con el pueblo mapuche", afirmó en el acto. Para saldar esta deuda, Piñera afirma que el Gobierno ha elaborado un programa denominado Plan Araucanía, que será una especie de "Plan Marshall" para impulsar el desarrollo en la región pero que ya fue criticado a principios de año por algunos sectores de la comunidad mapuche, en base a que no había contado con la consulta previa a este pueblo, aunque también fue defendido por otros.