Recortes a la Fotovoltaica

Durante la semana pasada el Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se reunió con las principales asociaciones empresariales fotovoltaicas (ASIF, APPA y AEF). Allí anunció la intención del ejecutivo de Zapatero de recortar las primas fotovoltaicas a las nuevas instalaciones, incluyendo un recorte retroactivo del 30% de la prima a las existentes.

Las nuevas instalaciones también sufrirán recortes en sus primas. Concretamente, se reducirán en un 45% para instalaciones sobre suelo, un 25% para placas sobre cubiertas, y en un 5% las de pequeña potencia sobre techo. No obstante, éstas últimas son prácticamente inexistentes dadas las dificultades legales para llevarlas a cabo.

El carácter retroactivo de las primas a las instalaciones fotovoltaicas realizadas con anterioridad a 2009, ha sido uno de los puntos más criticados de la reforma anunciada. Pues el hecho de incumplir la ley bajo las que se construyeron esas instalaciones está llenando de desconfianza al sector hacia las condiciones futuras de la legislación. Lo que, unido a la inexistencia de inversión pública directa, puede tener efectos devastadores en el sector.

El recorte también ha sido criticado duramente por el ecologismo social. Según Ecologistas en Acción, el Gobierno ha perdido totalmente los papeles bajo la presión de las grandes compañías eléctricas, preocupadas por la baja producción asignada a sus centrales de gas y carbón desde hace un año.

Además, el gobierno ha anunciado, por medio del IDAE, una rebaja de más de 2 MW en los objetivos para 2020 en energía solar (fotovoltaica y termoeléctrica)

Recortes a la energía eólica

El gobierno también prepara un cambio para las tarifas de la energía eólica, que según todas las fuentes, apunta a una bajada considerable.

Aún no se ha concretado oficialmente en que nivel se situarían las bajadas, aunque recientemente se han recortado los objetivos de energía eólica previstos para 2020 desde los 40 GW de potencia instalada hasta los 38 GW. Este hecho, que parece ser insólito en ningún otro país europeo, se une a los efectos del Real Decreto 6/2009 que paralizó la instalación de nuevos parques durante 9 meses.

Está política está teniendo efectos sobre el empleo en un sector que debería ser prioritario. Además, existe una la campaña incesante que acusa a las renovables de ser las responsables de la subida de la luz y del déficit tarifario, que según algunas fuentes estaría impulsada por algunas compañías eléctricas con la connivencia del actual Ministerio de Industria.

De hecho, la política gubernamental en el sector eólico está siendo muy criticada por los ecologistas, concretamente Juan López de Uralde, director de Greenpeace España, ha señalado que el actual Ministerio de Industria "es el que más daño ha hecho a las energías renovables en la última década".