So pretexto de sacar del poder al gobierno del general Manuel Antonio Noriega y preservar la vida de los norteamericanos en el país, la acción fue -al decir de expertos- un ensayo para el modelo de guerra total, sin importar el alcance del experimento.

Los estudios muestran que la administración del entonces presidente George H. W. Bush desplegó para la agresión unos 26 mil efectivos de unidades elite, entre ellas la 82 División aerotransportada.

Otros 12 mil hombres se encontraban dislocados en la extensa red de bases que disponía Washington en territorio panameño, a fin de enfrentar a las Fuerzas de Defensa y los llamados Batallones de la Dignidad.

Como complemento, Panamá sirvió de laboratorio para el empleo de armamentos sofisticados del tipo del bombardero "invisible" Stealth F-117, helicópteros del tipo Blackhawk, Apache y Cobra, además de misiles, cañones de fuego rápido y blindados.

Una evaluación realizada tres años después de los acontecimientos de diciembre de 1989 situó en unas 300 las víctimas fatales, si bien agrupaciones populares mencionan una cifra cercana a las cuatro mil.

La mal llamada operación Causa Justa, con una elevada cuota de víctimas civiles, evidenció que las acciones tuvieron un objetivo más amplio que el de actuar contra Noriega.

El popular barrio de El Chorrillo fue prácticamente destruido por los ataques estadounidenses, con un estimado de cuatro mil viviendas dañadas.

De acuerdo con el profesor Marco A. Gandasegui, la invasión de Panamá fue manipulada para que apareciera como una gran victoria de la Casa Blanca sobre un peligroso enemigo.

Incluso, la analista Jane Cramer -citada por Gandasegui- consideró que esa acción se concibió y ejecutó por razones de política interna en Estados Unidos.

Por su parte, el Partido Alternativa Popular afirmó que a dos décadas del genocidio, "se ha caído la máscara de supuesta liberación con que los medios de comunicación al servicio del imperialismo han querido cubrir la salvaje y cruenta agresión militar".