La Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en pié de guerra a diversos colectivos sociales y políticos que no han reparado en acusar de "represor" al Ayuntamiento del PP.

Para Ecoloxistes n´Aición d´Asturies esta ordenanza supone una política "prohibicionista", "represiva" y "sancionadora a numerosas actividades" que "erosionan las libertades políticas, garantizadas por la Constitución, y evitan todo tipo de contestación social además de ocultar bajo un manto de represión la exclusión y la pobreza".

Para este colectivo "muchas de las mediadas son claramente represivas para los colectivos sociales que son críticos con el poder y que necesitan disponer de elementos materiales para hacer sus críticas y/o convocatorias de actividad, pudiendo ser sancionados arbitrariamente por utilizar métodos de propaganda no mercantilizada como carteles o pegatinas".

El concejal de ASCIZ (Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda), Roberto Sánchez Ramos, también ha reclamado la retirada de la ordenanza alegando que es "inconstitucional", "criminaliza la pobreza y la población inmigrante y visualiza a los jóvenes como sujetos delincuentes". El concejal denuncia que se quiere "penalizar y criminalizar aquella reunión de tres o más personas y que se prohíbe cualquier tipo de expresión sobre superficies públicas o privadas".

Para el Bloque por Asturies el Gobierno municipal "está ejerciendo sus funciones de manera cada vez más autoritaria, al mejor estilo Berlusconi, sacando en este caso una ordenanza que en ningún momento fue consensuada con las organizaciones sociales, vecinales o políticas, además de vulnerar derechos y libertades recogidas en normativas jurídicas superiores".

Considera que "el accionar cada vez más frecuente y represivo de Gabino de Lorenzo, no busca en ningún momento soluciones hacia los colectivos más desprotegidos, sino que acentúa la discriminación que estas personas viven a diario, sólo por un afán recaudatorio".

ACIZ denuncia que se pretende prohíbir pegar carteles en cualquier espacio o elemento de la ciudad, "coartando de esta forma la comunicación, la libertad de expresión de ideas políticas, sociales y culturales de colectivos sin los medios económicos suficientes para difundir sus ideas a través de las empresas de comunicación". También denuncian que se pretende la "criminalización de la pobreza, los excluidos, y los inmigrantes", denuncia que "la simple petición de una limosna o un donativo está criminalizado por esta ordenanza". También se quiere penalizar, según Sánchez Ramos, jugar al balón en la calle o andar en monopatín

Cambalache considera que la ordenanza también "restringirá el derecho a la libertad de expresión" al multar con hasta 3.000 euros la realización de "cualquier tipo de pintada o expresión gráfica". Denuncian al igual que ASCIZ la restricción de las pegadas de carteles y del reparto de octavillas, lo que impide, según explicó el colectivo Cambalache, "trasladar las propuestas de las asociaciones y colectivos a la ciudadanía".