No es que el gobierno vaya a dejar de dar fondos a esos periódicos: lo que propone el gobierno es más ladino. Se trata de no declarar la cifra que concederá a dichas publicaciones. Se impide así que éstas cuenten con esas cifras en sus balances empresariales a principios de año, y que tengan que apañárselas durante todo un año sin saber cuánto les concederá el gobierno al año siguiente. Si esta medida se aprobara, muchos periódicos entrarían en quiebra inmediatamente. Sería una puñalada.

Si bien es cierto que hay mucho despilfarro en esas subvenciones (1), también lo es que muchos diarios históricos como Il Manifesto o Liberazione correrían el peligro de desaparecer. La verdadera intención del gobierno se adivina a través del modo como propuso la enmienda: la presentaron sin focos ni cámaras el pasado viernes 3 por la tarde dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 y la votaron en la Comisión de Presupuestos el lunes -mucha gente hizo puente en Italia- por la mañana. Tampoco es la primera vez que el gobierno Berlusconi cuela dentro de proyectos de ley enmiendas relativas a cuestiones importantísimas que merecerían debates parlamentarios más serenos y profundos. Un ejemplo: el 8 y el 9 de julio el gobierno presentó un proyecto de ley que debía servir para corregir la Ley de Presupuestos Generales de 2009. Se titulaba “Disposiciones para el desarrollo y la internacionalización de las empresas así como en materia de energía”. Pues bien: el citado proyecto de ley, en el artículo 25 delegaba al gobierno -quitando la competencia a las Regiones- los asuntos nucleares. En una palabra: se daba el primer paso para el regreso a la energía nuclear.

Ahora le toca a la libertad de expresión. Saltándose a la torera al Parlamento, el gobierno propone un drástico recorte de las ayudas estatales a la industria editorial. Muy probablemente impondrán el voto de confianza y otro espacio de libertad será víctima de la “dictablanda”. Recordemos que de 90 leyes aprobadas por este gobierno sólo 9 son de iniciativa parlamentaria.

Gustavo Zagrebelsky, ex juez de la Corte Constitucional, miembro fundador de la Asociación Justicia y Libertad, explica en una entrevista a Il Manifesto que esta decisión, además de mostrar mediante hechos el verdadero rostro del gobierno, es consecuencia del conflicto de intereses: “Quien nos gobierna considera que la información necesaria y suficiente es la que proviene de las fuentes ’autorizadas’”. Para Zagrebelsky, la razón de fondo está clara: “[...] Esta medida tiene que ver con una concepción general de la vida en sociedad: no hace falta pluralismo. Se ajusta a una cierta idea de democracia por grandes números homologados: por rebaños, vamos. La democracia de masa debe detenerse en una suma de sujetos agregados, no de sujetos pensantes”.

Zagrebelsky recuerda, para explicar la situación en Italia, una máxima latina: motus in fine velocior. El movimiento es más rápido al final.

Notas: 1. Para profundizar en el tema, conviene ver el reportaje Il finanziamento quotidiano realizado por Bernardo Iovene para el programa Report de la RAI.

2. En este link se pueden consultar las subvenciones del año 2008.