Después de que en la última campaña electoral el PP acusase al PSOE del "efecto llamada" y el PSOE tachase al PP de derechista por no apoyar a los inmigrantes, los dos partidos han pactado una nueva ley de extranjería que aleja a los extranjeros de ser iguales en derechos a los españoles.

Durante el gobierno del PSOE los inmigrantes han visto como se han endurecido los requisitos para obtener la residencia, la nacionalidad o simplemente para venir a visitar a España procedentes de un país que no esté desarrollado. Además el PSOE ha convertido a los empresarios en el principal motor de la legalización de la situación de los inmigrantes, por eso la mayoría sigue "sin papeles" trabajando mas horas por menos dinero que los españoles.

También se está produciendo una criminalización de los inmigrantes ya que el gobierno se reserva el derecho de retenerlos en Centros de Internamiento de Extranjeros, que han sido denunciados por el mal trato que se les dispensa a los que están privados de libertad en esos centros, por más de 60 días antes de devolverlos a un país que puede ser el de origen del inmigrante o no.

El diputado de Izquierda Unida en el congreso, Gaspar Llamazares se refirió a la nueva ley de extranjería como, "podría denominarse Ley de restricción o involución en derechos y libertades de los inmigrantes" y declaró que su formación política rechazaba esta nueva ley.

Diversos movimientos sociales de la Red Estatal por los Derechos de los inmigrantes denuncian que en base a esta ley, "faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior".

También hacen referencia a que "las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros". El gobierno del PSOE ha creado la "carta de invitación", documento que si la policía del aeropuerto pide al invitado y éste no la enseña le devolverán a su país sin derecho a llamar a quienes les esperan en el aeropuerto. Los requisitos para conseguir esta carta pasan por unas entrevistas con la policía donde hay que llevar los papeles de la casa, el padrón municipal, el pasaporte original compulsado en la embajada de España del país del que viaja y dar pruebas de la relación existente entre otros muchos requisitos como el pago de más de 100 euros por cada carta.

Se ha acusado al gobierno de violar con estas leyes de manera sistemática la declaración de los derechos humanos que entre otras cosas establece el derecho que cualquier persona a viajar y establecerse en cualquier parte del mundo.