Rivas, el “pueblo rojo”, gana a los bancos

El pasado 18 de octubre tuvo lugar el fallo del Tribunal Supremo que establece que deben ser los bancos, y no sus clientes o clientas, quienes asuman el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más significativo que debe abonarse cuando se suscribe una hipoteca. Este dictamen responde a un pleito que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, el “pueblo rojo”, localidad gobernada por Izquierda Unida mantenía con la Comunidad de Madrid. El Alto Tribunal sentenció a favor del Ayuntamiento y varió la jurisprudencia hipotecaria.

Sin embargo, solo 24 horas después, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tomó la decisión de dejar sin efecto la sentencia. Esta polémica decisión judicial implica la no aplicación de esta nueva jurisprudencia a los recursos pendientes de resolver sobre la misma materia, además de ser un intento para dejar sin efecto la sentencia.

Este caso demuestra cómo hay responsables municipales que sí defienden los intereses de la gente, sobre todo de la más desfavorecida, por encima de los más poderosos, incluida la Banca privada y quienes les respaldan, como los distintos gobiernos del Partido Popular a nivel autonómico o municipal.

Los bancos cada año multiplican sus beneficios y los salarios de sus directivos, mientras que quien se empobrecemos somos los ciudadanos y ciudadanas, entre otros motivos por habernos obligado a pagar multimillonarios ‘rescates bancarios’, mientras los impuestos a la son ridículos. Ha bastado que la banca proteste 24 horas contra esta sentencia, para que el Tribunal Supremo, servilmente, adopte esta cuestionable decisión.

Los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y han contribuido a empobrecernos estos últimos años ahora demuestran su capacidad para intervenir ante las instancias públicas. Los bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo.

Esto no es reprochable a los bancos, que solo siguen su lógica de máximo beneficio a cualquier precio, es culpa de quienes detentan los poderes del Estado, que no defienden ni su independencia a las clases más desfavorecidas.

Para que estos chantajes no sean posibles hay que construir una banca pública que se guie por el lucro sino por las necesidades sociales y de desarrollo de España, tal y como propuso, el grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso donde se proponía no privatizar Bankia. Necesitamos una banca que esté de nuestra parte, y esa solo puede ser una banca pública.