Ramaris Vásquez • Opinión • 06/12/2020

Estados Unidos busca “pase” intervencionista contra Venezuela

Las aspiraciones intervencionistas del gobierno de Estados Unidos y sus pares europeos y latinoamericanos que han trabajado en la bifurcación del poder político en Venezuela, siguen violentando el derecho internacional, mientras procuran -por vía de presiones de la Organización de Estados Americanos (OEA)- lograr el ansiado “pase” intervencionista, con el aval de alguna instancia que lo legalice, manteniendo en riesgo al pueblo venezolano.

En 2019, el gobierno de Venezuela denunció que “la OEA convalida el plan de golpe de Estado iniciado el 23 de enero pasado, y pretende crear condiciones para profundizar la agresión injerencista contra nuestro país, incluyendo la amenaza de una intervención militar”, luego de lo cual se retiró del bloque. (1)

Según recoge elfinanciero.com, la OEA introdujo en la CPI -en septiembre pasado- un informe de presuntas violaciones a los DD.HH. en Venezuela, realizado por “un grupo de expertos que designó el secretario general de la OEA, Luis Almagro”, quien acusó este diciembre a la CPI de “inacción” sobre el caso venezolano. (2)

Venezuela denunció entonces a la OEA por “interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable” en “el funcionamiento independiente” de la Corte Penal Internacional (CPI), según publica Mercopress. (3)

Sin embargo, ante la demanda de Almagro, la oficina de la fiscal Fatou Bensouda –según refiere Voa Noticias (4)- respondió desde la cuenta de Twitter de la Corte que ya “completa los exámenes preliminares a la mayor brevedad posible; sin embargo, no comprometerá la calidad y rectitud/justicia de su proceso o permitirá que presiones externas dicten sus conclusiones”.

Esta respuesta merece recordar algunos aspectos recogidos por Human Rights Watch en su web. Primero, que el saliente mandatario de EE.UU, Donald Trump, “sancionó” a Bensouda y al jefe de la División de Jurisdicción Complementaridad y Cooperación de la oficina del Fiscal Phakiso Mochochoko (…)” de la CPI, quienes investigarán los crímenes de guerra cometidos por EE.UU. y sus aliados en Afganistán – a lo que la Corte se negara en 2019-. (5)

Segundo, la Human Rights Watch reconoce en su web, explícitamente, que la Orden Ejecutiva de Trump emitida en junio pasado contra la CPI “está diseñada para intimidar a los funcionarios judiciales y al personal involucrado en investigaciones críticas del tribunal (…)”. De esto se puede deducir la alta probabilidad de presiones para que la CPI emita un juicio contra Venezuela al ritmo de los intereses estadounidenses.

En noviembre pasado, Bensouda afirmó sobre el caso venezolano que existía “una base razonable” para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte, según publicó Noticias ONU, fuente que afirma que Bensouda se refirió a su voluntad de “analizar los crímenes presuntamente cometidos al menos desde abril de 2017 en el marco de las manifestaciones y las inestabilidad política” en Venezuela. (6)

Vale recordar que la CPI, “de carácter permanente” e “independiente” pero vinculada con el sistema de Naciones Unidas, en el marco del Estatuto de Roma, se creó con el propósito de que los llamados delitos de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra, y crímenes de agresión, pudieran ser juzgados.

Como indica la jurista Drnas de Clément, “tratándose de crímenes de derecho internacional, los Estados tienen la obligación de juzgar y sancionar al infractor en virtud de norma internacional, convencional o consuetudinaria, independientemente de su derecho interno (competencia universal)”. (De Clément, 2018, P. 13).(7)

Sin soslayar la valía de la CPI como tribunal penal permanente de alcance universal, y sus aportes doctrinales, como dejó saber EFE, es una instancia criticada por cuatro ex presidentes del órgano legislativo de esta Corte (Zeid Raad Al Hussein, Bruno Stagno Ugarte, Cristian Wenaweser y Tina Intelman), quienes demandaban fuera “reformada”, ante la negativa inicial que tuvo en 2019 de investigar la “guerra de Afganistán”. (8)

Luego, -según publicó Sputnik- cuando Rusia retiró su firma del Estatuto de Roma, en 2016, expresó mediante su Cancillería que “lamentablemente la Corte no llegó a colmar las expectativas y ni se convirtió en un organismo independiente y respetado de la justicia internacional (…) lo ineficaz y sesgado del trabajo de la Corte fue señalado también por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU”.

Como cita EFE en su reportaje “Oleada de críticas a la CPI por el rechazo a investigar la guerra de Afganistán”, hasta el año pasado, nueve de los 10 países con investigaciones abiertas en la CPI eran africanos, lo que ofrecería una idea de lo que hablaba Moscú al retirar su firma de esta Corte.

Asimismo, “la CPI solo ha condenado en firme a tres dirigentes por crímenes de guerra o de lesa humanidad: Thomás Lubangay, Germain Katanga, de la República Democrática del Congo, y el Yihadista Ahmad Al Mahdi, de Mali”, según reportara EFE.

Por tanto, la vida de millones de seres humanos puede pender ante una instancia que se pudiera debatir entre: las presiones de potencias interesadas en evadir su responsabilidad internacional, su credibilidad como instancia de justicia, y la concesión de “un pase intervencionista” contra Venezuela.

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