Alianzas frente a la especulación inmobiliaria

Hace falta un frente común contra el peligro actual de que Barcelona se vacíe de ciertas capas y generaciones de población.

Tal como explica la urbanista brasileña Raquel Rolnik, decisiones globales del circuito financiero hacen que las inversiones especulativas se dirijan a comprar ciudad, especialmente edificios de vivienda, pero también hoteles, empresas, oficinas, servicios, museos, o lo que sea. Hoy los mayores intereses, se dice que una media del 8,8%, se obtienen adquiriendo piezas de la ciudad consolidada y cualificada. Esta decisión financiera pone en peligro a las urbes más deseadas: después de haber fagocitado enclaves como Venecia o de tener menos interés en ciudades como Nueva York, Londres o París, con precios ya muy altos; y después de devorar los lugares más representativos de Vancouver, Río de Janeiro o San Francisco;  parece que las ciudades europeas son las más deseadas, y entre ellas, Berlín y Barcelona.

Barcelona, por tener calidad urbana, buen clima, dieta mediterránea, patrimonio, cultura y creatividad, es hoy deseada por el turismo masivo, por la 'global class' y por los residentes extranjeros temporales, que la encuentran asequible. Estamos viviendo otro momento económico similar al de finales de los 70 y principios de los 80, cuando gran parte del empresariado catalán decidió convertir su patrimonio industrial en suelo para inversión inmobiliaria. En Barcelona, Terrassa o Sabadell desmantelaron naves, deslocalizaron la producción y despidieron a los obreros textiles. Sintonizaban en sus expectativas de negocio rápido con la clase inmobiliaria que destrozó nuestras costas, primero la Costa Daurada y luego la Costa Brava. Algo que no sucedió en tal escala en el País Vasco, donde la burguesía decidió no desmantelar la industria, como fuente de producción y trabajo, y proteger el paisaje y los tejidos históricos.

El negocio del desmantelamiento

Hoy, en Barcelona, a través de la venta de unos 80 edificios enteros a fondos especulativos, una parte de esta burguesía propietaria se ha incorporado al negocio del desmantelamiento. Propietarios de rostro lejano, en Finlandia, Inglaterra, Luxemburgo, Israel, Turquía y países del Norte de África, han adquirido estos inmuebles y persisten en la voluntad de saltarse los derechos de los actuales inquilinos.

Las ciudades catalanas, especialmente las del área metropolitana, que también sufren la subida de precios, tienen capacidad para resistir y responder, empezando por el reclamo y autoorganización de los vecinos afectados. Nuestra cultura urbana, crítica y empoderada, no acepta esta situación. La sociedad organizada, la PAH, el Sindicat de llogaters, asociaciones de vecinos y vecinas exigen el derecho a vivir dignamente de  alquiler, y reclaman que es prioritario defender la función social de la propiedad antes que el beneficio ilimitado.

Al mismo tiempo, las administraciones locales hacen todo lo posible para revertir esta situación. En Barcelona se están utilizando al máximo los limitados recursos económicos, humanos y legales disponibles para defender los derechos de los vecinos y vecinas: asesorando e interviniendo desde las oficinas de vivienda de cada distrito; sancionando usos antisociales de la propiedad como las viviendas vacías de los bancos, y desbaratando algunas de las compras de edificios enteros a través del tanteo y retracto, como en el caso de la calle Leiva 37 en Sants-Montjuïc, o de la compra directa, como en los números  7, 9 y 11 de la calle Lancaster, en Ciutat Vella.

Pacto necesario

Y es que el peligro de que la ciudad se vacíe de ciertas capas y generaciones de población ya aparece. Para detenerlo hace falta una alianza de los diversos agentes urbanos: además de la presión de la ciudadanía organizada y de la acción municipal, es necesaria la responsabilidad y cooperación de los propietarios e inmobiliarias locales para impedir el aterrizaje de estos fondos especulativos, rechazando la ola especulativa y rentista y aprendiendo de promotoras con visión urbana y social como Amat, Visoren o Cevasa.

Resulta, además, imprescindible la colaboración de la Generalitat de Catalunya, consiguiendo que el índice de precios recién estrenado tenga valor dentro de la futura Ley Catalana de Arrendamientos Urbanos. También sería clave que ciertos grupos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados dejen de lado su endémico partidismo y se avengan a proteger los derechos de las personas que viven de alquiler. En Francia, Alemania, Holanda o Canadá, han dotado a los ayuntamientos afectados de las competencias necesarias para impedir alquileres abusivos y penalizar a las empresas que pisotean los derechos de los inquilinos. Está en juego el futuro de Barcelona y de nuestras ciudades y, tal como sucede con el planeta, desentenderse bajo el espejismo del negocio fácil acabará siendo fatal para todos.

* Artículo de Josep Maria Montaner, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona

Fuente: https://barcelonaencomu.cat/es/post/alianzas-frente-la-especulacion-inmo...

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