IU pregunta a la UE si servicios de Inteligencia europeos están dando a Marruecos datos de activistas que protestan por la situación del Rif

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, se ha dirigido a la Comisión Europea para preguntar si tiene constancia de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o cualquier otro servicio de Inteligencia europeo esté proporcionando al Reino de Marruecos datos de activistas marroquíes que hayan participado en manifestaciones de solidaridad con el Rif y en protesta por las detenciones arbitrarias de los líderes del Movimiento Popular del Rif.

La eurodiputada ha dirigido esta semana una pregunta parlamentaria a la institución comunitaria tras la publicación de algunas informaciones que apuntan a que el CNI estaría compartiendo con Rabat información sobre manifestantes. Este trasvase de datos, señala la eurodiputada, podría ir en contra de la legislación europea sobre protección de datos y, lo que es más grave, podría poner en peligro a estas personas al entrar en Marruecos.

Las protestas en el Rif estallaron a finales del año pasado con la muerte de Mohssine Fikri como detonante. Fikri, un vendedor ambulante de pescado, falleció en octubre de 2016 tratando de recuperar su mercancía de un camión de basura después de que la Policía marroquí le confiscara todo el producto y ordenara deshacerse de él.

Su caso volvió a sacar a la superficie toda una serie de reivindicaciones que el pueblo marroquí, y en especial esta zona del norte del país, sufre en silencio por temor a la represión del aparato policial de Mohamed VI. Pese a ello, comenzó un ciclo de protestas en el Rif que rápidamente se extendieron incluso hasta Rabat y que han tenido su eco en aquellos países europeos con más población de origen marroquí.

Los motivos: la falta de democracia, la brutalidad policial, la corrupción, la ausencia de servicios públicos y una política económica fracasada que ahonda en las desigualdades. Rabat respondió a las manifestaciones como suele hacerlo siempre, con más represión. El 29 de mayo fue detenido Nasser Zafzafí, líder del Movimiento Popular del Rif, y después de él cayeron al menos otra decena de líderes tanto de esta plataforma como de otros movimientos sociales que se han ido sumando a las protestas. La última de ellas, Silya Ziani, estudiante y activista que se ha convertido en la primera mujer arrestada por su implicación política. Las detenciones de manifestantes se han sucedido desde el inicio de las movilizaciones y el pasado miércoles 25 personas fueron condenadas a 18 meses de cárcel.

“En toda la Unión Europea se han multiplicado los grupos y protestas de apoyo a estas manifestaciones y nos preocupa que diferentes servicios secretos europeos, como el CNI, estén colaborando con los servicios secretos marroquíes para identificar a estos manifestantes, que podrían enfrentarse a represalias al volver a Marruecos”, señala Albiol en su pregunta.

Denuncia ante la UE la represión financiera a la que somete Marruecos a los activistas saharauis

La eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo del Sáhara Occidental de la Eurocámara Paloma López ha registrado esta semana una pregunta parlamentaria en la que exige a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, que se pronuncie ante el hostigamiento económico que está llevando a cabo el Reino de Marruecos contra una serie de activistas saharauis.

Haciéndose eco de las denuncias de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos (ASVDH), López informa a la jefa de la diplomacia europea que Marruecos, en un paso más en la represión de cualquier movimiento que reclame la autodeterminación del Sáhara Occidental, está utilizando sanciones económicas ilegales contra activistas saharauis de derechos humanos.

Estas acciones afectan al menos a una quincena de personas y están enfocadas a evitar a toda costa su participación en la vida pública a través de la privación económica.

En concreto, la ASVDH ha denunciado que Aminatou Haidar, Mina Baali, Mbarka Alina Baali, Ali Salem Tamek, El Ouali Malaainine, Mohamed Mayara, Sidi Mohamed Alouat y Omar Ndour, todos ellos funcionarios, han sido privados de su salario. A ellos se les suman Fatima Diraa, Mahfouda Lefkir, El Houssin Ennassiri, Abdekarim Mbirkatte, Gajmoula Ismaili, Essaleh Meillid, que han visto congeladas sus tarjetas de Promoción Nacional, lo que en la práctica puede acarrear que se queden sin trabajo. Por último, Marruecos ha retirado a Fatimatou Bara, Mohamed Saleh Dial sus concesiones profesionales.

López cree que “esta situación de discriminación viola claramente el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y por ello pide a Mogherini que explique si en el marco del diálogo abierto entre la UE y Marruecos ha tenido conocimiento de esta situación y qué medidas piensa tomar al respecto.

Considerando que estas acciones violan el derecho humanitario internacional, la eurodiputada también ha pedido que el uso sistemático de cualquier forma de persecución económica suponga la cancelación del Tratado de Asociación entre Bruselas y Rabat que, como en otros acuerdos comerciales que firma la UE, vincula su mantenimiento, en su artículo 2, al respeto de los derechos humanos.

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