Podemos recurre ante el Constitucional la ley de desahucios exprés

14/09/2018

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, por entender que vulnera el principio de tutela judicial efectiva recogido en la Constitución, así como el derecho a la vivienda, ya que permite ejecutar desahucios sin alternativa habitacional.

Ione Belarra / Congreso_Es

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de desahucios exprés por entender que vulnera el derecho a la vivienda, la inviolabilidad del domicilio y el principio de tutela judicial efectiva recogidos en la Constitución, ya que permite ejecutar desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables.

Aprobada el pasado mes de abril por el Congreso, con los votos a favor de toda la derecha parlamentaria: PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat, la ley de desahucios exprés entró en vigor el pasado 12 de junio. Se trata de la primera ley de vivienda que aprueba el Congreso y, Unidos Podemos denuncia que ésta, en lugar de para proteger el derecho a la vivienda de miles de familias vulnerables, sea para poder desahuciar familias y personas vulnerables sin ninguna garantía de realojo digno.

El recurso presentado argumenta que la ley de desahucios exprés vulnera la Constitución y los Tratados Internacionales en relación con el derecho a la vivienda y, además, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, ya que permite ejecutar el desahucio en tan solo cinco días impidiendo la posibilidad de alegar si los ocupantes no pueden demostrar su derecho sobre esa vivienda en ese plazo. Asimismo, el recurso alega que la ley vulnera el derecho a la vivienda: permite ejecutar los desahucios sin garantizar la alternativa habitacional, y tampoco cuenta con medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

"El problema central de esta ley es que ataca el derecho básico a un juicio justo, puesto que limita de forma brutal el derecho de defensa y al mismo tiempo no cumple con los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos", explica Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Unidos Podemos.

Además, otro de los principales agravios de esta ley es que afecta a las ocupaciones en precario: familias vulnerables, en riesgo de exclusión, con niños, personas mayores... que ocupan por necesidad y no cuentan con alternativa habitacional.

Bancos y fondos buitre

Aunque en el papel el texto excluye a gestores privados de vivienda social, bancos y fondos buitre; en la práctica la Ley podría ser utilizada de forma fraudulenta por parte de fondos buitre, que han comprado a los bancos a precios de saldo gran cantidad de viviendas habitadas por familias y, que a su vez, ya han sido transmitidas a personas físicas vinculadas directamente con dichos fondos para eludir normativa que protege a estas familias en otros procedimientos.