Colectivos sociales tildan de excluyente y autoritario al Ayuntamiento de Sevilla por combatir la pobreza con patrulleros y bancos “anti-indigentes”

13/07/2018
  • Critican que se sume a las corrientes europeas que criminalizan a las personas pobres.
  • Solicitan la urgente retirada del operativo policial y de la instalación de los bancos, así como un plan de acción social urgente hacia el colectivo de personas sin hogar.

Esta mañana, la Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA Sevilla), la Oficina de Derechos Sociales (ODS), la Asociación Vecinal del Casco Norte “La Revuelta” y Mujeres Supervivientes han denunciado las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Sevilla hacia las personas sin hogar.

En la Plaza del Pumarejo, de forma cronificada, se suele producir una importante concentración de ciudadanía en situación de extrema exclusión social, especialmente de personas sin hogar, debido a que en la zona se concentran gran parte de los recursos asistenciales dirigidos a este colectivo.

Esta situación ha derivado en quejas de algunos vecinos y vecinas de la zona especialmente por falta de limpieza viaria y por conflictividad que afecta a la convivencia.  El Ayuntamiento de Sevilla, como medida, ha decidido a apostar de forma permanente desde la mañana a la noche un patrullero de la policía local en la plaza.

Asimismo ha anunciado su intención de sustituir parte de los actuales bancos  por otros “anti-indigentes”.

Esto ha llevado a que los cuatro colectivos suscriban una declaración en la que recuerdan que el “sinhogarismo” es una de las formas de exclusión social más grave, en la que las personas que lo sufren quedan despojadas de sus derechos humanos esenciales.

Los colectivos sociales indican en su declaración cómo han fracasado las políticas asistencialistas, aquellas  basadas en los equipamientos y no en las personas, y cómo en los últimos años, desde instituciones europeas, estatales y autonómicas se ha ido conformando el diseño de un nuevo paradigma de intervención social hacia estas personas.

A pesar de ello, los colectivos afirman que “la literatura institucional lo aguanta todo, pero estamos en tiempos de una gran brecha ética producida entre lo que se dice y lo que luego se hace y que los acuerdos, programas y planes diseñados no están llegando a la vida real de las personas sin hogar”.

Las cuatro entidades indican en su declaración cómo el Ayuntamiento de Sevilla, aprobaba “el teórico” anunciando intenciones correctas, pero suspendía “el práctico”, ya que esas intenciones eran testimoniales, simbólicas y sin energía política que las priorizase. En este caso, las medidas adoptadas en la Plaza del Pumarejo suponen una absoluta involución, una regresión a formatos excluyentes, autoritarios  y aporofóbicos. 

Para los colectivos,  “que la respuesta a las personas sin hogar sean patrulleros policiales es indecente. El alcalde de Sevilla  decía que su política con respecto a las personas sin hogar era referente para las grandes ciudades españolas, pero con estas medidas está convirtiendo la Plaza del Pumarejo en un referente para las políticas de la Liga Norte, el Frente Nacional francés, el Gobierno bávaro o húngaro.”

Los colectivos señalan que “el mensaje es demoledor: para el Ayuntamiento de Sevilla el problema son las personas pobres, no la pobreza. La pobreza se está criminalizando y la combaten con patrulleros”. “Además – apuntan- la respuesta es costosa, el doble turno de patrulla permanente en la plaza cuesta más que experiencias exitosas del modelo Housing First que de forma piloto ha puesto en marcha por ejemplo, la Fundación Rais”.

Los colectivos califican la respuesta de “absurda”. “El único objetivo que ha conseguido es dispersar la concentración de las criminalizadas personas sin hogar hacia las calles y plazas adyacentes. El anuncio de sustituir los actuales bancos de la plaza por unos “anti-indigentes” es demencial, autoritario y deshumanizador y responde a la lógica de la concertina, fomenta la intolerancia y las conductas de odio hacia las personas pobres”.

Los colectivos han solicitado la urgente retirada del operativo policial y el desistimiento de instalar los bancos, un plan de acción social urgente hacia el colectivo de personas al que han intentado dispersar policialmente y medidas estructurales como un Plan Director frente al Sinhogarismo, con recursos y prioridad política.

De lo contrario, los colectivos plantearán denunciar los hechos ante instancias internacionales y una campaña de movilizaciones.