IU y el resto de asociaciones de la ‘Querella Bárcenas’ celebran los avances al cumplirse cinco años de su presentación “a pesar de las trabas y del uso por el Gobierno de todos los poderes del Estado”

28/02/2018

La acusación particular destaca la promoción de más de 200 diligencias e indica la relevancia de su fiscalización del caso en acontecimientos como la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP, en la que ha sido imputado el partido de Mariano Rajoy.

Enrique Santiago, abogado de Izquierda Unida y actual Secretario General del PCE

Se cumplen exactamente cinco años desde que Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y Ecologistas en Acción presentaran ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra varios altos dirigentes del Partido Popular y un buen número de responsables de grandes empresas constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados ‘Papeles de Bárcenas’, publicados en la Prensa justo un mes antes.

Esta formación política y estas asociaciones hacen balance de lo conseguido hasta la fecha. Con la casi inmediata admisión a trámite de la querella se cumplió uno de los objetivos perseguidos por esta acusación popular: evitar que siguieran prescribiendo los delitos que se deducían de los manuscritos del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Se paraba así el reloj de la prescripción de los presuntos cohechos, tráficos de influencias, prevaricaciones y otros delitos que se han sustanciado a medida que avanzaban las diligencias.

Los querellantes mantienen que la mayor parte de los pagos, supuestamente ilícitos al PP, que aparecen en estos papeles presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles infraestructuras que ahora debemos pagar, incrementando de forma abrumadora la deuda pública. Ahí está el ejemplo del rescate con fondos públicos de las autopistas de peaje, quebradas por falta de tráfico. Todas ellas se licitaron mientras Francisco Álvarez Cascos era ministro de Fomento y muchos de los constructores aparecen como donantes en los manuscritos de Bárcenas en las fechas en las que se adjudicaron las obras.

Durante estos cinco años que lleva abierta la causa, Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y Ecologistas en Acción han tenido que hacer frente a un sinfín de obstáculos que casi siempre buscaban proteger a los presuntos delincuentes que aparecían en estos papeles. Ahí están las amenazas del PP de querellarse por injurias y calumnias contra la acusación popular, que luego no se sustanciaron o la querella de uno de los demandados, Álvarez Cascos, contra uno de los abogados del equipo, Enrique Santiago, que finalmente se desestimó.

La Fiscalía no sólo no actuó de oficio una vez se publicaron los ‘Papeles de Bárcenas’, sino que durante la mayor parte del proceso ha intervenido más bien como parte defensora de los imputados.

A esta relación de trabas hay que añadir los ‘sospechosos’ cambios en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), entre ellos, tres relevos del inspector jefe durante este tiempo. También están ahí la ‘misteriosa desaparición’ del expediente judicial de la pieza separada por Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y Ecologistas en Acción la destrucción de los ordenadores de Bárcenas o los constantes intentos de colocar en la causa a jueces próximos al PP, como el caso de los magistrados López, Espejel y González, todos ellos recusados por la acusación popular.

Otra dificultad más fue la forma en que el magistrado Pablo Ruz cerró la instrucción, tras poco más de dos años de investigación. En las primeras fases de la instrucción hubo hasta 36 imputados, incluyendo a los presidentes de las principales constructoras de este país -Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL; Luis del Rivero, de Sacyr, entre otros-, además de altos cargos del PP.

Pero en abril de 2015 Ruz concluyó que no se había acreditado la vinculación entre las donaciones ilegales y la adjudicación de grandes contratos de obra pública, y eso a pesar de que en muchos casos la ‘donación’ se producía el mismo día en que la licitación a la empresa beneficiada se publicaba en el BOE. De esta forma quedaron sólo seis imputados, todos ellos vinculados a la reforma de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid, presuntamente realizada con fondos opacos.

Tampoco se entienden bien los motivos por los que, en enero de 2015, la Audiencia Nacional acordó el fin de la prisión provisional de Luis Bárcenas. Paradójicamente, los magistrados señalaban que el extesorero del PP no había colaborado con la instrucción de la causa, además de conocerse que acumuló hasta 48 millones de euros en sus cuentas en Suiza.

A pesar de todas estas zancadillas, esta acusación popular ha promovido más de 200 diligencias y ha profundizado en las piezas separadas que han surgido. Entre ellas está la de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, en la que se ha imputado al propio Partido Popular, o la que investiga la presunta financiación ilegal de la campaña de María Dolores de Cospedal en Toledo, ligada a un contrato de recogida de basuras.

Del mismo modo, se ha logrado acreditar la veracidad de buena parte de los apuntes reflejados en los ‘Papeles de Bárcenas’, sin que hasta la fecha ninguno se haya demostrado como falso.

Además, las conexiones de los ‘Papeles de Bárcenas’ con otras importantes causas abiertas por supuesta corrupción -como Gürtel, Lezo o Púnica-, permitieron reabrir la ‘querella Bárcenas’ en marzo pasado en la Audiencia Nacional y que se vuelva a investigar a constructores y políticos ante las nuevas evidencias de sus presuntas conductas delictivas.

Para Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y Ecologistas en Acción lo que se ha ido conociendo durante estos cinco años -cuentas en Suiza de constructores y políticos, ‘puertas giratorias’, nuevos escándalos de corrupción- constata que lo que se investiga tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Confirma lo que ya sospechaba esta acusación popular: que los recortes impuestos desde hace años sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen su origen en el despilfarro de fondos públicos que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos.

Por todo ello, Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y Ecologistas en Acción esperan que su trabajo, como expresión de la voz de la ciudanía, consiga que los culpables de esta injusta situación paguen su responsabilidad.

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