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Fukushima 2015, reflexiones locales de un aniversario

Artículos de Opinión | Miguel Muñiz Gutiérrez * | 15-03-2015 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

El balance de lo que ha significado el cuarto aniversario de la mayor catástrofe de la industria atómica en toda su historia, catástrofe que, además, continúa, no puede sino alegrar a las empresas, instituciones académicas, fundaciones, bancos y medios de comunicación, representativas de lo que se define con el eufemismo de “lobby nuclear”.

Recapitulemos, si descartamos las habituales notas de prensa y sumamos alguna que otra información puntual sobre lo que está pasando en Japón, incluida la manifestación citada de manera parcial por los medios, encontramos que la consigna de silencio, dictada hace dos años por el “lobby” atómico mundial sigue plenamente en vigor.

En el período 2014 – 2015, escasas informaciones sistemáticas sobre el incremento de casos de cáncer de tiroides (una de las dos únicas enfermedades "oficialmente" reconocidas como vinculadas a la radiación); nada de que 4 años después aún no se puede acceder a los núcleos destruidos de los reactores; ni de las consecuencias que el flujo diario de más de 300.000 litros de aguas altamente radioactivas, y que van a parar al océano, tienen en la cadena biológica y los seres humanos; nada sobre las amplias zonas de Japón en que la población vive sometida diariamente a dosis de radiación que aquí corresponderían a las salas de radiología de un centro médico.

Y tampoco nada sobre consecuencias sociales y políticas en la sociedad japonesa; sobre el control gubernamental de una sociedad cada vez más vigilada, sobre la ley “de información”, en trámite, que amenaza con prisión de hasta 10 años a funcionarios o ciudadanos que "divulguen secretos de Estado", y de 5 años a periodistas que divulguen "información clasificada"; nada sobre la creciente exaltación nacionalista hacia “enemigos” exteriores como "China" y "Corea"; ni sobre el cambio de artículos de la Constitución para autorizar intervenciones militares en el extranjero; ni sobre que el director general de la única empresa pública de radiodifusión declare que no llevará en ningún caso la contraria a lo que diga el gobierno que le ha nombrado, etc.

En Japón, este silencio es el resultado de una estrategia de miedo, cuidadosamente diseñada y ejecutada, ajustada a los intereses del “lobby” atómico.

Pero dónde, paradójicamente, la eficacia de las políticas de silencio se nota más es en España.

En estos momentos la estrategia del “lobby” nuclear en el estado se concreta en dos objetivos: el primero es pasar desapercibido, conseguir mantener el tema atómico fuera de la agenda de debate público; el segundo, más a medio plazo, es conseguir el blindaje político que permita a las centrales atómicas alargar su funcionamiento hasta los 60 años; protegiéndolas de potenciales injerencias de fuerzas políticas que cuestionen el consenso. En ambos casos el discurrir del aniversario de Fukushima también ofrece motivos de felicitación.

En este último año, los escasos "debates" (por llamarlos de alguna manera) sobre política nuclear se han llevado a cabo, bien dentro de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, o bien dentro de una Subcomisión secreta de la misma denominada de “relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear”, situación de secretismo y opacidad que los políticos y los "representantes sociales" que participan en ella aceptan sin problemas. Nos referimos, lógicamente, a aquellos que mantienen una postura crítica ante la energía atómica, al resto ya les va bien.

En la reunión del 2 de diciembre de 2014 de dicha Subcomisión, el señor Antonio Cornadó Quibus, presidente del Fórum de la Industria Nuclear Española, planteó claramente el primer objetivo, el silencio. Según la transcripción de su intervención que hizo pública su organismo, dijo: "Al mismo tiempo, la actividad de la industria es un sólido argumento para mejorar la imagen pública de la energía nuclear, ya que constituye, y puede presentarse, fundamentalmente, como una actividad industrial, lejos de la controversia y el debate."

El carácter secreto de la Subcomisión dónde intervino el señor Cornadó nos impide saber la respuesta a dicha intervención por parte de los representantes de Greenpeace y Ecologistas en Acción que estaban presentes, ni por parte del representante del grupo de la Izquierda Plural.

El segundo objetivo se enmarca en el contenido de la carta dirigida el 14 de enero de 2014 desde IBERDROLA Generación Nuclear al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la que formulaba explícitamente la petición de legislar los 60 años de funcionamiento; por su parte, ENDESA, ya indicó en su oferta de venta de acciones, en noviembre de 2014, de manera unilateral y “pasando” del gobierno, que sus centrales tenían aseguradas un período de 50 años. Posteriormente, el 26 de febrero de este año, Europa Press, recogía que ENDESA “confía” en que el gobierno asuma su planteamiento.

En Cataluña se han adelantado incluso al gobierno estatal y a las empresas; de manera discreta, el denominado Consell Assessor para la Transició Nacional (CATN) publicó, en el mes de octubre del 2014, el informe número 9 sobre “Abastecimiento de agua y energía” que, en su página 111 dice: “(...) En los EE.UU., más del 50% de las centrales nucleares de la misma tecnología que las centrales catalanas ya disponen de autorización de funcionamiento de 20 años adicionales a los 40 años por los cuales fueron diseñadas. Es posible prever, pues, que (...) las centrales nucleares catalanas podrían disfrutar de una extensión de vida de 20 años más, cuestión fundamental para que el sistema eléctrico catalán sea un sistema económicamente competitivo.“

A retener también el dato de que los actuales presupuestos de la Generalitat contemplan una partida, la 231.0001, en que contabiliza un ingreso de 39,6 millones de euros en concepto de “impuesto” a la generación eléctrica de las tres atómicas que funcionan en Cataluña; una parte más de la vertiente política del negocio.

Si las empresas, instituciones académicas, fundaciones, bancos y medios de comunicación que constituyen el “lobby” atómico local, consiguen el objetivo de los 60 años, los siete reactores que funcionan en España cerrarán en las siguientes fechas: Almaraz1, en 2041; Almaraz2 y Ascó1, en 2043; Cofrentes, en 2044; Ascó 2 en 2045, y Vandellòs 2 y Trillo en 2047. Y está pendiente de decisión la reactivación de Garoña, cuya empresa ya se ha adelantado y ha pedido un permiso de funcionamiento por 17 años más, hasta 2031.

Estas centrales vierten cada día radiación en el medio ambiente (que llega a los seres vivos), aumentan el volumen de veneno radiactivo que se acumula hacia el futuro, incrementan el número de armas atómicas en el mundo y, a medida que envejecen, nos sitúan ante la posibilidad de una catástrofe irreversible como la de Fukushima. Mientras gocen del silencio podrán mantener nuestra salud y seguridad fuera de la agenda de debate político y social.

Pero para que las organizaciones ecologistas, fuerzas políticas, sindicatos y asociaciones que se declaran contrarias a la energía atómica, pasen de manifestarse “en privado” a hablar públicamente y actuar, se necesita un movimiento social de base. Si las cosas siguen como hasta ahora, y los límites de silencio impuestos por el “lobby” atómico se siguen respetando poco se puede hacer. Romper el silencio impuesto es, acaso, la mejor reflexión que resulta del cuarto aniversario de una catástrofe que, no lo olvidemos, se continúa desarrollando.

* Miguel Muñiz Gutiérrez. Miembro de la coordinadora TANQUEM LES NUCLEARS, I 100% ESTALVI, EFICIÈNCIA I RENOVABLES. Este texto es una versión adaptada de la intervención que realizó en el Encuentro – Debate que se realizó el 11 de marzo de 2015, en el Centro Cívico de las Cotxeres de Sants.

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