Un Rey golpe a golpe es el primer intento de aproximación crítica a la figura de juan carlos de borbón y borbón, actual rey de España y el mayor tabú informativo del reino. Con inmunidad penal ante cualquier acto delictivo que pudiera cometer, y protegido por los medios de comunicación convencionales como si fuera una especie en peligro de extinción, son muy pocas las cosas que se publicado sobre su persona y sobre sus afinaciones políticas con un mínimo de objetividad.

"Un rey, golpe a golpe". Cap. 12. 2. El triunfo del golpe

La inmensa mayoría de los casi 300 guardias civiles y más de 100 soldados que ocuparon el Parlamento nunca fueron juzgados. En total, sólo fueron encarcelados y procesados 32 militares y un civil, y ni siquiera todos resultaron condenados después. El juicio empezó en febrero de 1982, en un antiguo almacén de papel del Servicio Geográfico del Ejército, habilitado para la ocasión, en la zona militar madrileña de Campamento.

Sabino y varios funcionarios e instituciones se esforzaron mucho para intentar dejar a Juan Carlos al margen del procedimiento judicial. Los abogados defensores mantuvieron la tesis de que los militares insurrectos habían actuado "por obediencia debida" al rey. Y pretendieron que Juan Carlos prestara declaración como testigo, como mínimo por escrito, teniendo en cuenta el protagonismo que había tenido la noche y la madrugada del golpe de Estado. Pero no hubo manera. En lugar suyo, declaró Sabino. De todos modos, el rey acabó saliendo como implicado en las declaraciones de la mayor parte de los encausados. No en la de Armada, que se comprometió en un pacto de silencio que no pudo romper nadie. Los otros coincideron en el hecho de que el rey estaba enterado de todo y que participó en el plan de actuación. Aquellos meses tuvieron que ser amargos para el monarca, aunque una multitud enfervorizada de columnistas y políticos intentaron paliarlo en la medida de sus posibilidades, con una sólida campaña en defensa de la Corona. La Junta de Andalucía llegó a hacer una declaración oficial de adhesión al rey el marzo de 1982 durante el juicio.

El 3 de junio se dictó una sentencia que no gustó a nadie. De los 33 encausados, 11 resultaban absueltos, a Armada sólo le caían 6 años y, aunque a Milans y a Tejero se les aplicaba la pena máxima (30 años), el mismo Tribunal Militar anunciaba que solicitaría el indulto al Gobierno. El entonces presidente, Calvo Sotelo, expresó su disconformidad y anunció la intención gubernamental de recurrir en contra de la sentencia. Con esto, la causa pasó a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia. El 6 de abril de 1983 se abría la vista de los recursos en la Sala Segunda. Pero cuando se dictó sentencia firme, el 28 del mismo mes, se pudo ver que los cambios eran poco significativos, excepto en el caso de Armada, que ahora salía con 30 años de condena. Para suavizarlo un poco, el Tribunal especificaba que "si el Consejo Supremo de Justicia Militar persiste en su propósito, pronunciada la sentencia, de dirigirse al Gobierno para que se ejercite el derecho de gracia respecto al teniente general Milans y al teniente coronel Tejero, deberá hacerlo extensivo, para evitar agravio comparativo, al general Armada". Milans, Tejero y Armada fueron los únicos con una condena superior a 12 años. Con más de 3, sólo fueron condenados ocho de los encausados. Aunque el número de absueltos se redujo sólo a tres, a la mayoría les correspondieron penas de l a 3 años, tras los cuales se podrían reincorporar nuevamente a sus puestos en el Ejército. Uno de los condenados, éste a 5 años, fue el capitán Jesús Muñecas, cuya brillante actuación televisiva, anunciando al hemiciclo la llegada inminente de una "autoridad militar", también merecería haber sido premiada con un Oscar. Otros que tuvieron la suerte de no salir por la tele se pudieron salvar con mucha más facilidad. Los coroneles Valencia y Arnáiz, por ejemplo, que se encargaron de tomar RTVE y varias emisoras de radio, no fueron encausados y al poco del 23-F los dos resultaron ascendidos a general.

Gracias a los esfuerzos no se sabe muy bien de quiénes, las referencias al rey desaparecieron en la sentencia, y Sabino ocupó su lugar como responsable de algunas de sus actas. Por ejemplo, se atribuyó al secretario de la Casa la conversación que el rey había tenido con Armada, a las 18:30 aproximadamente, en la que el general se "ofrecía" para ir a La Zarzuela. Y esto teniendo en cuenta que esta novísima versión no se correspondía con ninguna de las declaraciones que habían tenido lugar durante el juicio: ni con la de Fernández Campo, ni con la de Gabeiras, ni con la de Armada. Después el mismo rey también se encargó de desmentirla en las conversaciones que tuvo con Villalonga para su biografía autorizada. No fue la única vez que metió la pata en aquellas largas entrevistas, en qué, además, se permitía descalificar a los golpistas, con exclamaciones como "¡Verdaderos amateurs!", o "¡Era un golpe de Estado montado sin sentido común!" Exclamaciones que le habrían podido valer que fieles como Armada le perdieran el respeto y rompieran el pacto de silencio, pero que Sabino, siempre más atento a los detalles que el monarca, se encargó de que fueran suprimidas en la edición española del libro.

El que salió peor parado de todo el proceso, sin duda, fue Tejero. Le tocó comerse casi todo el marrón. Aparte de los 30 años, fue condenado a pagar al Estado 1.076.450 pesetas por los destrozos que había causado en el Parlamento. Además, como se le había expulsado del cuerpo, toda su familia tuvo que desalojar el piso de la Guardia Civil en que vivía. Su castigo aumentó cuando fue trasladado al Castillo de Santo Ferran, en Figueres, una fortaleza del siglo XVIII, en la que fue prácticamente el único inquilino de 1983 a 1991. Actualmente continúa en prisión, en la de Alcalá de Henares, pero disfruta de régimen abierto.

A Milans del Bosch le fue algo mejor. El Ejército empezó por mostrarle su apoyo concediéndole la medalla de sufrimientos por la patria, a finales de 1981, aunque después el Gobierno consiguió anularlo, porque aquello era demasiado descarado. Con una condena de 30 años a la espalda, pasó por varias prisiones (Algeciras, Alcalá de Henares, Figueres y la Prisión Naval de Carranza, en el Ferrol de su Caudillo). No quiso pedir nunca el indulto, pero el 1 de julio de 1990, después de haber cumplido la tercera parte de la condena (dicen, aunque las cifres no cuadran: desde febrero de 1981 sólo habían pasado 9 años), fue puesto en libertad. Se instaló en un chalé de La Moraleja, un barrio residencial de lujo, en Madrid, y murió en 1997, al parecer de un tumor cerebral. Le enterraron como a un héroe en la cripta del Alcázar de Toledo, por su condición de defensor del recinto durante la Guerra Civil.

El asunto de Armada, que sólo cumplió 7 años de prisión en total, se puede decir que fue una ganga. A finales de 1987 el Consejo Supremo de Justicia Militar ya le había rebajado la pena a 26 años, 8 meses y 1 día. Pero la libertad definitiva la obtuvo el 24 de diciembre de 1988 cuando el Gobierno socialista de Felipe González le indultó por razones de salud y por "acatar la Constitución". Ahora vive en Galicia, en una casa solariega, donde se dedica a cultivar camelias.

Con respecto al CESID y a su papel en el 23-F, igual que en todo lo que hace referencia al monarca, también hubo una campaña de silencio, adoctrinamiento y destrucción de pruebas. Entre los documentos desaparecidos en los días siguientes, de los cuales sólo queda el recuerdo en la mente de los agentes que entonces estaban activos, se citan el informe "Delta sur" (que evaluaba la actitud de cada mando del CESID respecto a un cambio de régimen), unos edictos y decretos que se tenían que difundir una vez hubiera triunfado el golpe, e informes de vigilancia que incluían fotos de reuniones conspirativas celebradas en varios puntos de Madrid. Después se elaboró el "informe Jáudenes", "acerca de la posible participación de miembros de la AOME [Agrupación Operativa de Medios Especiales, cuyo jefe era José Luis Cortina] en los sucesos de los días 23 y 24 de febrero pasado". Fue encargado al teniente coronel Juan Jáudenes el 31 de marzo de 1981, cuando ya no quedaban pruebas. Pero todavía se pudieron reunir testigos que implicaban a unos ocho agentes (García Almenta, Monge, Sales y Moya, entre otros). De todos modos, ninguno fue denunciado por el CESID.

Si Cortina llegó a ser procesado, fue en base a las imputaciones de Tejero. Pese a que el fiscal le pedía 12 años, por actuar de enlace de Armada en Madrid y dar apoyo logístico a Tejero para que tomara el Parlamento, fue absuelto de manera poco convincente por falta de pruebas. No dejó el Ejército. Desde 1983 tuvo diversos destinos: el Regimiento de Infantería Jaén 25, el Polígono de Prácticas de Carabanchel y, para terminar, en 1985, el Cuartel General del Ejército, en el departamento MASAL (Mando de Apoyo Logístico), ascendido a coronel de Estado Mayor. En 1990 le fue concedida la Cruz Militar con distintivo blanco y la placa de San Hermenegildo. Después, su suerte dio un vuelcoo: todavía con el PSOE en el poder, en 1991 fue expedientado y destituido por negligencia en la custodia de documentos secretos. Pero esta es otra historia.

Gómez Iglesias fue el único agente del CESID condenado por implicación directa en el asalto al Congreso. El Tribunal Militar sólo le impuso una pena de 3 años, aunque después el Supremo la amplió a 6. Pero los otros ni siquiera atestiguaron en el juicio.

El "informe Jáudenes" fue incorporado a la causa 2/81 y después devuelto. En los 13.000 folios del sumario no se hace ninguna mención del Rey. En cuanto a la implicación de políticos, y muy especialmente de los socialistas que estaba probado que se habían reunido con Armada, hace falta decir que también tuvieron mucha suerte en el juicio. Tanto ellos como el grupo de La Zarzuela, incluyendo a Armada, cumplieron el compromiso de no implicarse mutuamente. Un equipo de abogados entrenó a Múgica durante mucho tiempo para que su declaración como testigo se ajustara a los intereses del PSOE, que consistían en desvincularse de Armada. Al cabo de los años, Múgica no ha modificado su disciplina y todo lo que reconoce es que hablaron de la cría de mulas para el transporte de las unidades de artillería de montaña. Cuando salió la sentencia, Felipe González, que ya era presidente del Gobierno, declaró en el Congreso: "Esta sentencia cierra un capítulo importante y doloroso de la historia de España". Empezaba a entrenarse en la disculpa de que se enteraba de las cosas por la prensa, cuando, recalcando "la absoluta independencia entre el poder judicial y el ejecutivo", dijo: "Yo me he enterado a media mañana del contenido de la sentencia, por una nota manuscrita del portavoz del Gobierno". Para que la historia lo juzgue, permanece la anodina sentencia del Supremo, que a lo largo de los considerandos puntualizaba que la rebelión habría existido incluso con el supuesto "impulso regio". Se decía literalmente: "No sobra razonar que si, hipotéticamente y con los debidos respetos a Su Majestad, tales órdenes hubiesen existido, ello sin perjuicio de la impunidad de la Corona que proclama la Constitución, no hubiera excusado, de ningún modo, a los procesados, pues tales órdenes no entran dentro de las facultadas de Su Majestad el Rey, y, siendo manifiestamente ilegítimas, no tenían por qué haber sido obedecidas".

El triunfo del golpe

El golpe del 23-F, al fin y al cabo, acabó triunfando de cualquier modo. No solamente por la sesión de maquillaje a que fue sometida la versión oficial. La pasividad popular fue el éxito más importante. Consiguieron que toda España se quedara clavada ante el televisor esperando las palabras del monarca, con una representación regia digna del sainete del "gobierno de salvación nacional". Su éxito recogía los frutos de los primeros años de la Transición, con los partidos defraudando las expectativas y las reivindicaciones populares. Como consecuencia, se habían producido altas tasas de abstención en las elecciones, multiplicada por dos y por tres entre 1977 y 1980, bordeando el 70%; y, paralelamente, la desafiliación casi en masa de militantes de los partidos Comunista y Socialista (superior al 50% entre 1977 y 1980). El cénit fue el 23-F. Unos días después, el 27 de febrero, hubo una multitudinaria y pacífica manifestación en Madrid que inauguraba la nueva etapa política, con los "héroes" del 23-F (Felipe González, Carrillo y hasta el mismo Fraga Iribarne) encabezando la promovida concentración de masas y dando vivas al rey.

Por otra parte, el ingreso de España en la OTAN fue inmediato. En octubre de 1981, Juan Carlos se reunió con Reagan en visita oficial a Washington y, unos meses después, en mayo de 1982, Calvo Sotelo consiguió que las Cortes la aprobaran. Por lo general, hubo un vuelco hacia la derecha en todo el Estado, con la LOAPA como estandarte antinacionalista. En este marco, AP ganó las elecciones autonómicas de Galicia (el 20 de octubre), cosa que suponía pisar por primera vez el poder en la Transición. Y en las andaluzas (el 23 de mayo), el PSOE barrió al PCE. En todas partes bajaba en caída libre la UCD, a la cual se hacía responsable de lo que se estuvo a punto de perder. El golpe de Estado había mostrado que las libertades existentes eran frágiles. Incluso el PCE, algunos sectores del cual habían mantenido hasta entonces reservas críticas hacia la política de concentración democrática, reconocía que había subestimado los riesgos de involución.

Cuando en agosto se convocaron elecciones generales para octubre, el PSOE ya estaba preparado para cambiar su discurso, no preocupar a la banca ni a los poderes fácticos, y apoyar a la monarquía sin complejos. El 23-F fue la coartada perfecta. Fue la definitiva domesticación de las bases del partido. El 28 de octubre ganó por mayoría absoluta con el 48% de los votos, con promesas de salir de la OTAN, crear 800.000 puestos de trabajo y consolidar las libertades. En el discurso de apertura del nueve Parlamento, en noviembre, el antes republicano Peces-Barba se permitió el lujo de decir que "Monarquía y Parlamento no son términos antitéticos, sino complementarios, y su integración en la monarquía parlamentaria, tal como se dibuja en nuestro texto constitucional, produce una estabilidad, un equilibrio y unas posibilidades de progreso difíciles de encontrar en otras formas de Estado". Cuando Juan Carlos firmó el decreto de nombramiento de Felipe González, el 3 de diciembre, dijo emocionado a Peces-Barba: "Si mi abuelo hubiera podido tener esta relación con Pablo Iglesias, habríamos evitado la guerra civil". Y Gregorio le contestó: "Quizá, señor, para llegar a esto tuvimos que pasar por aquello". Y por el 23-F, podríamos añadir, también, sin duda.

Nota. Alfonso Armada, el amigo del rey, indultado en 1988

Amigo de Juan Carlos I, se convirtió en su tutor en 1954, jefe de la Secretaría del Príncipe en 1965 y secretario general de la Casa del Rey (1975-1977) y segundo jefe del Estado Mayor del Ejército el 23-F, el general de división Alfonso Armada y Comyn (Madrid, 1920) fue el líder intelectual del golpe. El Consejo Supremo de Justicia Militar le condenó a seis años en 1982, pena que el Supremo elevó a 30 un año más tarde. El Gobierno lo indultó en diciembre de 1988. Hoy vive entre Madrid y A Coruña. Allí reside en un pazo en el que cultiva camelias.

Fuente: http://www.unidadcivicaporlarepubli...

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