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Piden cárcel para Sánchez Galán y 13 consejeros de Iberdrola por cobrar 30 veces más que en Japón

El catedrático de Economía, Roberto Centento, ha pedido esta semana el “procesamiento” y “cárcel” para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y sus 13 consejeros, muchos de ellos ex-políticos, por autoasignarse un sueldo 30 veces mayor que sus homólogos en Japón y 5 veces más alto que en Alemania.

España | Tercera Información | 27-11-2013 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

Para ello, los citados directivos han tomado parte en la subida de un 323% en la tarifa de la luz con el apoyo de diferentes Gobiernos, lo cual ha llevado a la ruina a numerosas pequeñas y medianas empresas españolas y a la pobreza a millones de familias.

“Esto es simplemente de cárcel: los responsables de esta iniquidad contraria a los intereses más elementales de España y de los españoles deben ser destituidos y procesados”, ha escrito Centeno. Su análisis es concluyente: “El beneficio de las empresas en el mismo periodo ha sido de 42.000 millones y las remuneraciones de los directivos son las más altas del mundo occidental, a pesar de que los accionistas han perdido hasta la camisa”. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, “es el mejor pagado del mundo occidental y oriental, gana cinco veces más que, por ejemplo, el de la gran eléctrica alemana E.On; y ¿saben cuánto gana el presidente de la tercera eléctrica japonesa (mucho mayor que Iberdrola)?: 250.000 euros. Sí, han leído bien ¡30 veces menos!”.

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Felipe González y Aznar hoy comparten intereses como directivos energéticos

El abuso es descrito en estos términos por este catedrático especializado en la industria energética: “Los consejeros, lo mismo, casi un millón de euros anuales por dos horas de presencia (que no de trabajo) al mes los no ejecutivos, y lo que es un escándalo que no sería tolerado en ningún otro país: son los grandes políticos que presuntamente favorecieron a las compañías. Felipe González en Gas Natural; Pedro Solbes en Enel, a quien entregó la mayor eléctrica de España; Elena Salgado en una filial de Endesa y Aznar, que es asesor (de esta compañia) por sus conocimientos del sector eléctrico mundialmente reconocidos y de gestión, como demostraría metiéndonos en el euro sin molestarse en hacer ni el más mísero análisis sobre tan trascendental decisión”.

Aunque ningún partido político de los 10 que componen el Congreso de los Diputados ha pedido nunca este procesamiento, son numerosas las voces que desde la sociedad civil reclaman penas de cárcel y esa investigación de la Fiscalía Anticorrupción para esos consejeros y directivos que, junto a Ignacio Sánchez Galán, han tomado las decisiones. Sus nombres son conocidos en el ambiente político-financiero madrileño: son el banquero valenciano de 70 años Julio de Miguel (Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, de Banco de Valencia y Banco de Murcia), el banquero salmantino de 72 años Sebastián Battaner (Caja Duero), el banquero vasco de 67 años y ex presidente de Iberia, Xabier de Irala (Kutxabank), el “delfín” de la familia Oriol, ya con 50 años, Iñigo Víctor de Oriol Ibarra y la profesora vasca pero con residencia en Barcelona, Inés Macho Stadler.

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El banquero socialista andaluz Braulio Medel

Por último, el banquero socialista andaluz Braulio Medel (Unicaja), la consultora escocesa Samantha Barber, la heredera del multimillonario burgalés José Antolín Toledano (Grupo Antolín), María Helena Antolín, familia que se hizo rica con los recambios de automóviles, el abogado gallego Santiago Martínez Lage, el ingeniero vasco cercano al PNV, José Luis San Pedro Guerenabarrena, el ex dirigente del PP, Ángel Acebes, el joven banquero madrileño Manuel Lagares Gómez-Abascal (BFA) y la política y banquera mexicana Georgina Kessel Martínez.

Los directivos de Iberdrola que han tomado la decisión de la meteórica subida de la luz a costa del contribuyente y para los que se solicita también el procesamiento son José Luis San Pedro, consejero y director general, Julián Martínez-Simancas, secretario general del consejo, José Sáinz Armada, director económico-financiero, el ex político del PP, Fernando Becker, director de recursos corporativos, Juan Carlos Rebollo, director de administración y control, Javier Villalba, director del negocio de redes del grupo, Francisco Martínez Córcoles, director del negocio liberalizado del grupo y Xabier Viteri, director de energías renovables.

“Hay que ser muy canalla o estar literalmente vendido a la mafia financiera y oligopolista. Las brutales subidas que se derivan del real decreto son una salvajada desconocida no sólo en Europa, sino en toda nuestra historia industrial” denuncia Centeno. El ministro canario José Manuel Soria, “amigo de Rajoy, no sólo es un irresponsable, sino que es también un analfabeto en los temas de su competencia”. Según los datos facilitados por un empresario austriaco con industrias en Munich, Hungría y Polonia, la energía eléctrica que paga por su casa en Valencia es el doble de cara que en Viena por kwh consumido y la más cara de Europa. “Este expolio sistemático a la sociedad española por parte de un sistema político oligárquico y corrupto, con una sólida red de intereses compartidos con las élites financieras y oligopolistas, hace inviable la salida de la crisis”, afirma Centeno, que concluye:

“Mentiras, errores de bulto, rectificaciones y todo tipo de disparates, un relato clarificador de que estamos en manos de ineptos y ladrones. En cualquier otro país esto habría llevado a su procesamiento, algo que la Fiscalía Anticorrupción tendría muy fácil”.

Fuente: http://www.espiaenelcongreso.com/20...

17 de enero de 2014 13:44, indignado
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Estoy totalmente de acuerdo con la petición de cárcel para este "señor". Es una vergüenza lo que cobran estos directivos, con la que está cayendo en el país. Con familias buscando comida en la basura, y sin calefacción o luz en casa, por no poder pagarlas. Ladrones.La ambición humana, no tiene límites, ni la crueldad. No me extraña que la gente se levante, como en Burgos. Lo raro es "que no ardan todos en la hoguera", toda esta gentuza.

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Estoy totalmente de acuerdo con la petición de cárcel para este "señor". Es una vergüenza lo que cobran estos directivos, con la que está cayendo en el país. Con familias buscando comida en la basura, y sin calefacción o luz en casa, por no poder pagarlas. Ladrones.La ambición humana, no tiene límites, ni la crueldad. No me extraña que la gente se levante, como en Burgos. Lo raro es "que no ardan todos en la hoguera", toda esta gentuza.

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IMG_20160722_185608.jpg​​Quiero denunciar los hechos que estoy viviendo en relación a una denuncia impuesta por la madre de mis hijos y los cumplimientos por parte de eso que llaman justicia en relación a la carta de los derechos de los ciudadanos empezando por la juez Ana Rosa Rincon Varona, el juzgado UPAD de 1 instancia e instrucción n 2 de Gernika , eso que llaman Justicia Gratuita y al abogado y procurador que presentan el escrito en nombre de la madre de mis hijos . También incluir en esta mi denuncia al colegio de abogados que se hacen llamar ilustres no se porque y a la abogada que me realizo el divorcio por no cumplir con su defensa presentándome una factura y desentendiéndose del caso

QUIERO DESTACAR QUE TODAS LAS PERSONAS CITADAS SON COCIENTES DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PROFESIONALES COMO DEMUESTRA SU CATEGORÍA A LA ORA DE DECIDIR LOS CUMPLIMIENTOS DE SUS CONDENAS, ESCRITOS, DENUNCIAS, EXPROPIACIONES ETC .

POR LO QUE SIGO QUIERO DESTACAR SU ALEVOSÍA A LA ORA DE TOMAR LAS DECISIONES, EJECUCIONES, EMBARGOS, CONDENAS, ETC INCUMPLIEDO ESTA CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Siendo consciente de mi denuncia YO IÑIGO LARTITEGI ARRIEN CON DNI: 30586290Q en Bermeo a 22/07/2016
aportando documentos, como la demanda, mis solicitudes a la justicia gratuita, el rechazo del juzgado a mis pruebas aportadas por email, conversacional con la secretaria el día anterior al juicio, el auto de eso que llaman juicio, la factura de esa abogada que me deja el caso por mi imposibilidad de abonar la cantidad por email

Carta de Derechos de los Ciudadanos
La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

EtiquetasEtiquetas: atención ciudadana

PREÁMBULO

I. UNA JUSTICIA MODERNA Y ABIERTA A LOS CIUDADANOS.

Una justicia transparente.
Una justicia comprensible.
Una justicia atenta con el ciudadano.
Una justicia responsable ante el ciudadano.
Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada.
II. UNA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS MÁS DÉBILES

Protección de las víctimas del delito.
Protección de los menores.
Protección de los discapacitados.
Los inmigrantes ante la justicia.
III. UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y PROCURADORES.

Una conducta deontológicamente correcta.
Un cliente informado.
Una justicia gratuita de calidad.
EFICACIA DE LA CARTA DE DERECHOS.

PREÁMBULO

En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal es, precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001.

Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de los usuarios de la Justicia. Idéntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas de día 22 de mayo de 2001.

La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

Este Grupo ha recogido las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas de la Cámara, así como las opiniones y sugerencias de las Instituciones y organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia. Buena parte de estas aportaciones se han integrado en el contenido de esta Carta.

Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta desarrolla en su primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto de Estado, destacando la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica, para superar sus problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente los extranjeros inmigrantes en España a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios y derechos recogidos en esta Carta.

La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, habiendo resultado especialmente útiles en esta materia las aportaciones recibidas del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta.

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