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Cortés asegura que en el primer año de legislatura “hemos demostrado que la política se puede hacer de otra manera”

La consejera hace balance de su departamento, con un trabajo marcado por el “diálogo abierto, crítico y constructivo con la sociedad civil organizada”

España | Tercera Información | 16-05-2013 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha hecho balance en el Parlamento andaluz de las políticas emprendidas por su departamento en el primer año de la IX Legislatura, tiempo en el que “hemos demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera con medidas —tanto de la Consejería como del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía— que han venido a contrarrestar las consecuencias de un duro contexto de ajustes”. De este modo, Elena Cortés ha resumido los primeros doce meses de su departamento, sobre el que ha realizado un pormenorizado repaso desde la vivienda a la obra pública, pasando por los puertos y áreas logísticas y la movilidad.

La lucha contra los desahucios ha sido, según ha destacado, “una realidad innegociable que situamos desde un primer momento y en la que hemos trabajado en una triple dirección: el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que ha conseguido frenar unos 1.500 desahucios en Andalucía y cuenta con el apoyo de más de 180 ayuntamientos; la aprobación del Decreto-ley para la Asegurar la Función Social de la Vivienda, que persigue promover el alquiler entre las numerosas viviendas vacías existentes en Andalucía; así como garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada a través de la redacción del nuevo Plan de Vivienda y rehabilitación 20013-2016”, que se adaptará a las actuales circunstancias económicas y realidad social de Andalucía.

En política de vivienda, la consejera ha recordado que en diciembre, en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda, se le reclamo al Ministerio la gestión directa por parte de la comunidad autónoma de las viviendas del Fondo Social y de aquellos suelos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

En materia de rehabilitación, ha dejado claro que el Plan de Choque, aprobado por el Consejo de Gobierno de julio de 2012, ha beneficiado a 1.445 familias, con un importe de 11,3 millones de euros y que ha permitido activar el empleo en estos municipios afectados gravemente por el desempleo, especialmente en el sector de la construcción.

Pasar de la especulación en la construcción a la cultura de la rehabilitación y convertir las ciudades en espacios compactos y más sostenibles es el principio que ha marcado, según ha comentado la consejera, el programa La Ciudad Amable, una iniciativa que ha despertado el interés de más de 340 ayuntamientos y 700 profesionales, y que pretende intervenir en el espacio público para mejorar la calidad de las ciudades, desde el punto de vista social, cultural y económico.

Infraestructuras y movilidad

En el marco de las infraestructuras, la primera decisión que adoptó la Consejería fue plantear la reformulación del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, Plan PISTA 2007-2013. En el actual marco presupuestario, “caracterizado por la importante reducción de recursos”, la actividad se ha centrado en actuaciones e inversiones como la conservación ordinaria y seguridad vial en la red de carreteras, actuaciones en la Red de Gran Capacidad, en la red convencional y vías ciclistas, punto en el que se ha detenido la consejera para explicar que el Plan Andaluz de la Bicicleta cuenta con una inversión de 10 millones de euros para integrar el uso de este medio de transporte en la vida urbana.

Sobre movilidad, Elena Cortés ha comentado que actualmente está en redacción el anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, se trabaja en el decreto y orden de creación del Observatorio del Transporte, la movilidad y la logística. En lo relacionado con la infraestructura y los servicios ferroviarios se han realizado actuaciones en defensa de los Servicios Públicos Ferroviarios estudiando las relaciones ferroviarias de media distancia en Andalucía y las incidencias que sobre éstas supone el planteamiento de Ministerio de Fomento de la supresión de algunas, que han sido excluidas de la definición de Obligación Servicio Público. Para ello, ha explicado la consejera, se han mantenido reuniones con el Ministerio de Fomento, al tiempo que se ha elaborado y distribuido un manifiesto elaborado con los sindicatos ferroviarios en defensa del Ferrocarril.

Metros, puertos y viviendas

Desde la Agenda de la Obra Pública de Andalucía (AOPA), la actividad se ha centrado en el impulso a las grandes infraestructuras de transporte público colectivo: Metro de Málaga, con el desbloqueo de las obras y previsión de funcionamiento de las líneas 1 y 2 hasta Renfe en el último tramo de 2013; Metro de Granada, con un fuerte avance de las obras y una previsión de puesta en funcionamiento en el primer semestre de 2014 y el impulso dado al Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz. “En total hemos movilizamos en estas tres infraestructuras, más el Metro de Sevilla, casi 450 millones de euros en 2013”, ha destacado.

Durante este primer año de legislatura, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha desarrollado su labor en actuaciones que han supuesto en total una inversión de 19,8 millones de euros, tanto en infraestructuras portuarias como en áreas logísticas. Elena Cortés ha subrayado además que en este primer año “hemos abierto una mesa de diálogo donde hemos alcanzado un acuerdo con los presidentes de los siete puertos del Estado para defender el ferrocarril de mercancías frente a la marginación inversora del Gobierno y para colaborar en el desarrollo de la red logística andaluza”.

Por último, la consejera se ha referido a la Empresa Pública del Suelo (EPSA), donde tomamos la primera decisión de “dar un cambio de rumbo con la reestructuración y reorganización interna mediante la reducción del número de directivos en el primer nivel de dirección de la empresa, modificación del Estatuto del Directivo Intermedio, con la que se apuesta por la progresiva devolución al seno del convenio de estos trabajadores y disminuir estructuras directivas intermedias, y reorganización de la empresa en su segundo nivel directivo”.

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    IMG_20160722_185608.jpg​​Quiero denunciar los hechos que estoy viviendo en relación a una denuncia impuesta por la madre de mis hijos y los cumplimientos por parte de eso que llaman justicia en relación a la carta de los derechos de los ciudadanos empezando por la juez Ana Rosa Rincon Varona, el juzgado UPAD de 1 instancia e instrucción n 2 de Gernika , eso que llaman Justicia Gratuita y al abogado y procurador que presentan el escrito en nombre de la madre de mis hijos . También incluir en esta mi denuncia al colegio de abogados que se hacen llamar ilustres no se porque y a la abogada que me realizo el divorcio por no cumplir con su defensa presentándome una factura y desentendiéndose del caso

    QUIERO DESTACAR QUE TODAS LAS PERSONAS CITADAS SON COCIENTES DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PROFESIONALES COMO DEMUESTRA SU CATEGORÍA A LA ORA DE DECIDIR LOS CUMPLIMIENTOS DE SUS CONDENAS, ESCRITOS, DENUNCIAS, EXPROPIACIONES ETC .

    POR LO QUE SIGO QUIERO DESTACAR SU ALEVOSÍA A LA ORA DE TOMAR LAS DECISIONES, EJECUCIONES, EMBARGOS, CONDENAS, ETC INCUMPLIEDO ESTA CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

    Siendo consciente de mi denuncia YO IÑIGO LARTITEGI ARRIEN CON DNI: 30586290Q en Bermeo a 22/07/2016
    aportando documentos, como la demanda, mis solicitudes a la justicia gratuita, el rechazo del juzgado a mis pruebas aportadas por email, conversacional con la secretaria el día anterior al juicio, el auto de eso que llaman juicio, la factura de esa abogada que me deja el caso por mi imposibilidad de abonar la cantidad por email

    Carta de Derechos de los Ciudadanos
    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    EtiquetasEtiquetas: atención ciudadana

    PREÁMBULO

    I. UNA JUSTICIA MODERNA Y ABIERTA A LOS CIUDADANOS.

    Una justicia transparente.
    Una justicia comprensible.
    Una justicia atenta con el ciudadano.
    Una justicia responsable ante el ciudadano.
    Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada.
    II. UNA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS MÁS DÉBILES

    Protección de las víctimas del delito.
    Protección de los menores.
    Protección de los discapacitados.
    Los inmigrantes ante la justicia.
    III. UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y PROCURADORES.

    Una conducta deontológicamente correcta.
    Un cliente informado.
    Una justicia gratuita de calidad.
    EFICACIA DE LA CARTA DE DERECHOS.

    PREÁMBULO

    En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal es, precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001.

    Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de los usuarios de la Justicia. Idéntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas de día 22 de mayo de 2001.

    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    Este Grupo ha recogido las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas de la Cámara, así como las opiniones y sugerencias de las Instituciones y organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia. Buena parte de estas aportaciones se han integrado en el contenido de esta Carta.

    Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta desarrolla en su primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto de Estado, destacando la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

    La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica, para superar sus problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente los extranjeros inmigrantes en España a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios y derechos recogidos en esta Carta.

    La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, habiendo resultado especialmente útiles en esta materia las aportaciones recibidas del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

    Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta.

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