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Costa Rica: Comisión de Bioseguridad pospone decisión sobre maíces de Monsanto

Una nutrida movilización de activistas de organizaciones ecologistas llegó hasta las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde se reúne la CTNBio.

Internacional | Giorgio Trucchi - Rel-UITA | 15-11-2012 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) de Costa Rica decidió posponer hasta el 3 de diciembre su decisión sobre la solicitud presentada por D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land (Monsanto), para sembrar 15 hectáreas de los maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y MON-89034. Semillas del Trópico SA no pudo completar los trámites de su solicitud.


Nota relacionada: Alerta transgénica en Costa Rica

Una nutrida movilización de activistas de organizaciones ecologistas llegó hasta las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde se reúne la CTNBio.

Durante la actividad, se dio lectura a una carta abierta dirigida a los miembros de la Comisión, en la que se rechaza tajantemente “la autorización para la siembra de cualquier tipo de maíz transgénico en Costa Rica”, aún más si se trata del MON-603.

Un reciente estudio conducido por el biólogo francés Gilles Eric Seralini demostró que las ratas alimentadas con ese tipo de maíz transgénico, patentado por Monsanto, murieron prematuramente y tuvieron una frecuencia de tumores del 60-70 por ciento, frente a un 20-30 por ciento del grupo al que no se le proporcionó ese alimento.

“En varios países europeos se han prohibido diversos maíces de Monsanto. Obviar estos hechos es imprudente, sobre todo si lo que se compromete es la bioseguridad nacional.

Hacemos un vehemente llamado a la CTNBio para que evite una decisión precipitada. Sembrar maíz transgénico en el centro de origen mesoamericano es un acto de agresión corporativa que desemboca en la pérdida de nuestra diversidad y nuestro patrimonio agrícola cultural”, alerta el documento.

Las organizaciones ecologistas señalaron también la actitud hostil mostrada hasta el momento por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), así como por D&PL Semillas Ltda (Monsanto).

“La SFE cometió una grave vulneración al debido proceso, al no incluir en las carpetas de los miembros de la Comisión todos los documentos que presentamos juntos con la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de la Cultura y otras organizaciones.

Finalmente tuve que entregarlos personalmente, solicitando a los miembros que los leyeran y estudiaran”, dijo a Sirel, Fabián Pacheco, representante del sector ecologista ante la CTNBio.

Pacheco explicó también que la subsidiaria de Delta & Pine Land presentó una recusación, para que la Federación Ecologista no tuviera acceso a los documentos técnicos que entregó a los demás miembros de la CTNBio.

“De esta manera, Monsanto está denegándonos el derecho de poder estudiar dicha información”, señaló.

En la carta abierta, las organizaciones ecologistas aseguran que “la coexistencia entre el maíz transgénico y el maíz nativo es imposible. Múltiples experiencias han demostrado que la contaminación transgénica en el maíz es tan solo un asunto de tiempo.

Autorizar la introducción de cultivos transgénicos de subsidiarias de Monsanto tendrá un impacto muy negativo sobre la diversidad agrícola, quizás irreparable.

En materia de bioseguridad les pregunto entonces: ¿Para quién están regulando y trabajando? ¿Para proteger a los pueblos y a la agro biodiversidad nacional o para quienes patentan la vida del planeta?”, preguntan las organizaciones.

Finalmente, el sector ecologista, en vista de la decisión que el CTNBio deberá tomar el 3 de diciembre próximo, exigió que se aplique el principio precautorio "in dubio pro natura”, un principio acogido en el Protocolo de Cartagena y en la Declaración de Río.

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    IMG_20160722_185608.jpg​​Quiero denunciar los hechos que estoy viviendo en relación a una denuncia impuesta por la madre de mis hijos y los cumplimientos por parte de eso que llaman justicia en relación a la carta de los derechos de los ciudadanos empezando por la juez Ana Rosa Rincon Varona, el juzgado UPAD de 1 instancia e instrucción n 2 de Gernika , eso que llaman Justicia Gratuita y al abogado y procurador que presentan el escrito en nombre de la madre de mis hijos . También incluir en esta mi denuncia al colegio de abogados que se hacen llamar ilustres no se porque y a la abogada que me realizo el divorcio por no cumplir con su defensa presentándome una factura y desentendiéndose del caso

    QUIERO DESTACAR QUE TODAS LAS PERSONAS CITADAS SON COCIENTES DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PROFESIONALES COMO DEMUESTRA SU CATEGORÍA A LA ORA DE DECIDIR LOS CUMPLIMIENTOS DE SUS CONDENAS, ESCRITOS, DENUNCIAS, EXPROPIACIONES ETC .

    POR LO QUE SIGO QUIERO DESTACAR SU ALEVOSÍA A LA ORA DE TOMAR LAS DECISIONES, EJECUCIONES, EMBARGOS, CONDENAS, ETC INCUMPLIEDO ESTA CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

    Siendo consciente de mi denuncia YO IÑIGO LARTITEGI ARRIEN CON DNI: 30586290Q en Bermeo a 22/07/2016
    aportando documentos, como la demanda, mis solicitudes a la justicia gratuita, el rechazo del juzgado a mis pruebas aportadas por email, conversacional con la secretaria el día anterior al juicio, el auto de eso que llaman juicio, la factura de esa abogada que me deja el caso por mi imposibilidad de abonar la cantidad por email

    Carta de Derechos de los Ciudadanos
    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    EtiquetasEtiquetas: atención ciudadana

    PREÁMBULO

    I. UNA JUSTICIA MODERNA Y ABIERTA A LOS CIUDADANOS.

    Una justicia transparente.
    Una justicia comprensible.
    Una justicia atenta con el ciudadano.
    Una justicia responsable ante el ciudadano.
    Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada.
    II. UNA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS MÁS DÉBILES

    Protección de las víctimas del delito.
    Protección de los menores.
    Protección de los discapacitados.
    Los inmigrantes ante la justicia.
    III. UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y PROCURADORES.

    Una conducta deontológicamente correcta.
    Un cliente informado.
    Una justicia gratuita de calidad.
    EFICACIA DE LA CARTA DE DERECHOS.

    PREÁMBULO

    En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal es, precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001.

    Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de los usuarios de la Justicia. Idéntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas de día 22 de mayo de 2001.

    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    Este Grupo ha recogido las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas de la Cámara, así como las opiniones y sugerencias de las Instituciones y organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia. Buena parte de estas aportaciones se han integrado en el contenido de esta Carta.

    Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta desarrolla en su primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto de Estado, destacando la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

    La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica, para superar sus problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente los extranjeros inmigrantes en España a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios y derechos recogidos en esta Carta.

    La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, habiendo resultado especialmente útiles en esta materia las aportaciones recibidas del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

    Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta.

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