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El Gobierno dispara: "prepara medidas penales para reprimir al 15M y a todos los que se oponen al sistema capitalista"

Mientras, La Razón apunta: Izquierda Anticapitalista y El Militante son acusadas de hacer “llamadas constantes a la lucha y la desobediencia”

España | Tercera Información | 16-04-2012 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento
  • · El gobierno es muy consciente de que su salvaje política antisocial y de recortes va a generar- ya lo está haciendo -una gran contestación social.
  • El Gobierno de Rajoy se arma legalmente para hacer frente a las protestas masivas que puedan tener lugar, indicando con claridad que piensa recurrir todo lo que haga falta a la represión directa sobre los movimientos de protesta.
  • Sentarnos en el suelo nos convertirá en “criminales”.
  • Izquierda Anticapitalista exige la dimisión del Ministro del Interior.

La batería de recortes de derechos impulsada por el gobierno del PP se amplía. No solamente es “imponer la Reforma Laboral”, critican desde Izquierda Anticapitalista (IA), sino que el gobierno “pretende armarse legalmente para descargar la represión sobre los movimientos sociales. Pretenden convertir en «criminales» (o sospechosos de poderlo ser) a todos aquellos grupos que se oponen frontalmente al sistema capitalista”. Mientras tanto, los “altavoces mediáticos de la extrema derecha”, en este caso La Razón, han señalado ya con el dedo a organizaciones como Izquierda Anticapitalista o el Militante acusándolas de hacer “llamadas constantes a la lucha y a la desobediencia”.

Para Izquierda Anticapitalista (IA), el procedimiento es sencillo: se publicitan y magnifican hasta el paroxismo acciones como las que recientemente sucedieron en Barcelona y, a continuación, se mete en el mismo saco a cualquier persona o colectivo más o menos “radical” o “antisistema” que por este mismo hecho se convierte ya en “sospechoso”. Si los hechos “violentos” no ocurren por si solos da igual, para eso están los “provocadores policiales”, cuya acción ha sido detectada y denunciada en múltiples ocasiones.

Sentarse en el suelo nos convertirá en «criminales»

“El colmo llega”, mantienen desde IA, cuando “se nos indica que la «resistencia pasiva grande» (¿cuál es la pequeña?) ante las fuerzas de seguridad será un atentado” contra ésta. Lo cual “quiere decir que si nos sentamos en el suelo y no nos movemos cuando la policía nos lo indique, nos convertimos en «criminales»”, denuncia la organización anticapitalista.

Todas estas medidas anunciadas por un Ministro del Gabinete de Rajoy, según IA, además de convertirse en “armas represivas dispuestas a ser disparadas sobre los movimientos sociales, intentan generar miedo.” Un miedo que “se pretende hacer extensivo” no sólo a las propias activistas de los movimientos“, sino a la ciudadanía en general a la que se busca retraer de participar en protestas y aislar de los núcleos políticamente más conscientes y activos.” En particular, aunque no únicamente porque el objetivo es muy amplio, se apunta hacia el movimiento del 15M, caracterizado por su uso intenso de las redes sociales, las ocupaciones pacíficas y la resistencia pasiva. Es decir, de un plumazo, por ley, quieren convertir a un movimiento que siempre se ha manifestado como pacífico en violento y criminal.

El papel de los altavoces mediáticos de la extrema derecha: La Razón

En este sentido, comentan desde IA, tiene especial importancia el papel que juegan determinados medios, “altavoces mediáticos de la extrema derecha”, en este caso “La Razón”, que ha señalado ya con el dedo a organizaciones como Izquierda Anticapitalista o el Militante acusándolas de hacer “llamadas constantes a la lucha y a la desobediencia”. “Unos apuntan –La Razón- y otros disparan. El Gobierno con su batería jurídica que criminaliza a los movimientos sociales. ”

El gobierno es muy consciente, a juicio de los anticapitalistas, de que su “salvaje política antisocial y de recortes” va a generar- ya lo está haciendo -una gran contestación social. Ante ello“ se arma legalmente para hacer frente a las protestas masivas” que puedan tener lugar, indicando con claridad que piensa recurrir todo lo que haga falta a la represión directa sobre los movimientos de protesta.

Pero esta actuación del gobierno de Rajoy no se trata de un hecho aislado en el actual contexto europeo, ya que en el periodo histórico de crisis que se ha abierto, justamente por las violentas convulsiones sociales que origina, capitalismo y democracia se vuelven cada vez más incompatibles. Como negras experiencias del pasado demuestran, el capitalismo, confrontado a situaciones de crisis profunda, no duda en despojarse de sus ropajes democráticos para hacer uso de la más férrea represión y del recurso a regímenes dictatoriales y fascistas. En la punta de lanza de tales experiencias antidemocráticas pueden estar en el presente, países como Grecia o el Estado español, particularmente golpeados por la crisis.

El Ministro de Interior debe dimitir

Ante una tal actitud“ represiva y antidemocrática no queda sino denunciarla, exigir la retirada inmediata de esta propuesta de recorte de derechos y la dimisión de quien ha tenido la desfachatez de formularla.”

Pero no hay que quedarse ahí, sostienen desde IA, puesto que parece “ya evidente que nos hallamos ante un intento de involución política en toda regla caracterizada por el aumento indiscriminado de la represión y de la políticas securitarias; la limitación de derechos sindicales; los atentados contra los derechos de mujeres y minorías sexuales; y los ataques contra los derechos nacionales a través de la búsqueda de recentralización del Estado. Todo lo anterior exigirá desde ahora mismo una acción decidida del conjunto de movimientos sociales y de organizaciones sindicales y políticas.”

17 de abril de 2012 14:05, LUIS
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SI LO QUIEREN PENALIZAR, TENDRAN QUE METER A MEDIA ESPAÑA EN LA CARCEL

  • 18 de abril de 2012 07:55, pecera
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    “Pecera”
    Un cortometraje dedicado a los trabajadores que se dedican a robar a otros trabajadores.
    ************************************************************Sinopsis:
    Lola, la directora de una sucursal de trabajo temporal recibe una inesperada llamada a última hora de la noche. Es su “jefe de zona” y necesita urgentemente hablar con ella…
    Dirigido por Carlos Bouvier y protagonizado por Camila Bertone
    http://www.youtube.com/watch?v=V-Lt...

  • 18 de abril de 2012 23:47, Carlos
    0 vote

    Ke se acuse a organizaciones o medios de llamar a la lucha y la desobediencia, y más si la acusación viene de medios como La Razón, es un elogio. Las consecuencias, una vergüenza, y más motivo para la lucha.

  • 19 de abril de 2012 05:03, AQUE
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    FUERZA ESPAÑA, YA SEÑALADO Y PENSADOM TENDRAN QUE ENCARCELAR A MEDIO PAIS¡¡¡

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    IMG_20160722_185608.jpg​​Quiero denunciar los hechos que estoy viviendo en relación a una denuncia impuesta por la madre de mis hijos y los cumplimientos por parte de eso que llaman justicia en relación a la carta de los derechos de los ciudadanos empezando por la juez Ana Rosa Rincon Varona, el juzgado UPAD de 1 instancia e instrucción n 2 de Gernika , eso que llaman Justicia Gratuita y al abogado y procurador que presentan el escrito en nombre de la madre de mis hijos . También incluir en esta mi denuncia al colegio de abogados que se hacen llamar ilustres no se porque y a la abogada que me realizo el divorcio por no cumplir con su defensa presentándome una factura y desentendiéndose del caso

    QUIERO DESTACAR QUE TODAS LAS PERSONAS CITADAS SON COCIENTES DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PROFESIONALES COMO DEMUESTRA SU CATEGORÍA A LA ORA DE DECIDIR LOS CUMPLIMIENTOS DE SUS CONDENAS, ESCRITOS, DENUNCIAS, EXPROPIACIONES ETC .

    POR LO QUE SIGO QUIERO DESTACAR SU ALEVOSÍA A LA ORA DE TOMAR LAS DECISIONES, EJECUCIONES, EMBARGOS, CONDENAS, ETC INCUMPLIEDO ESTA CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

    Siendo consciente de mi denuncia YO IÑIGO LARTITEGI ARRIEN CON DNI: 30586290Q en Bermeo a 22/07/2016
    aportando documentos, como la demanda, mis solicitudes a la justicia gratuita, el rechazo del juzgado a mis pruebas aportadas por email, conversacional con la secretaria el día anterior al juicio, el auto de eso que llaman juicio, la factura de esa abogada que me deja el caso por mi imposibilidad de abonar la cantidad por email

    Carta de Derechos de los Ciudadanos
    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    EtiquetasEtiquetas: atención ciudadana

    PREÁMBULO

    I. UNA JUSTICIA MODERNA Y ABIERTA A LOS CIUDADANOS.

    Una justicia transparente.
    Una justicia comprensible.
    Una justicia atenta con el ciudadano.
    Una justicia responsable ante el ciudadano.
    Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada.
    II. UNA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS MÁS DÉBILES

    Protección de las víctimas del delito.
    Protección de los menores.
    Protección de los discapacitados.
    Los inmigrantes ante la justicia.
    III. UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y PROCURADORES.

    Una conducta deontológicamente correcta.
    Un cliente informado.
    Una justicia gratuita de calidad.
    EFICACIA DE LA CARTA DE DERECHOS.

    PREÁMBULO

    En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal es, precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001.

    Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de los usuarios de la Justicia. Idéntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas de día 22 de mayo de 2001.

    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    Este Grupo ha recogido las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas de la Cámara, así como las opiniones y sugerencias de las Instituciones y organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia. Buena parte de estas aportaciones se han integrado en el contenido de esta Carta.

    Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta desarrolla en su primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto de Estado, destacando la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

    La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica, para superar sus problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente los extranjeros inmigrantes en España a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios y derechos recogidos en esta Carta.

    La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, habiendo resultado especialmente útiles en esta materia las aportaciones recibidas del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

    Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta.

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