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La Justicia argentina se trasladará otra vez a España para investigar crímenes del franquismo

Antecedentes de la pasividad de los tribunales españoles ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista durante la guerra y la postguerra.

España | César Pérez Navarro - Tercera Información | 10-04-2012 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

El Tribunal Constitucional afirmó el 5 de octubre de 2005, en un fallo histórico, que desde la Audiencia Nacional se podían juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad ocurridos más allá de nuestras fronteras, incluso sin existir víctimas españolas, al entender que “el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales”.

Esta cualidad de la justicia española, admirada por organizaciones y personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo, se vio truncada el día 19 de Mayo de 2009 por una enmienda pactada por los dos partidos mayoritarios de la cámara, PP y PSOE, de manera que la justicia universal sólo se aplicaría en los casos en los que se acreditase que los presuntos responsables del delito se encuentran en España o que existen víctimas españolas o vínculos relevantes con nuestro país. El texto de la enmienda modificó “con urgencia” los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo.

La resolución del Congreso, aprobada por 339 votos a favor y sólo 8 en contra, respondía al compromiso que Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores acordó con Tzipi Livni de frenar la demanda en la Audiencia Nacional contra siete responsables israelíes por la masacre de Al Daraj en 2002. Cuatro de los jueces de la Audiencia Nacional -Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco-, se manifestaron públicamente contra el acuerdo de PP y PSOE.

La modificación de las competencias de la Audiencia Nacional no afecta -sin embargo- a países donde ciudadanos españoles hayan sido víctimas de crímenes de lesa humanidad. Por ello, a principios de diciembre de 2011, la Audiencia Nacional ordenaba a la Embajada y a autoridades consulares españolas en Argentina, liberar más de 758 expedientes de desaparecidos españoles y descendientes de españoles durante la última dictadura miliar argentina. Ocurría gracias a las facilidades que la justicia argentina ha puesto en todo lo referido a la persecución de los crímenes de lesa humanidad en su país.

No es el caso de los tribunales del Estado español. Desde Abril de 2010, la justicia argentina denuncia el genocidio cometido en España entre 1936 y 1977 y hasta las primeras elecciones democráticas, enviando cartas a la justicia española. En Julio de 2011 respondía la Fiscalía General de Estado argumentando contra las evidencias que "no consta" ninguna denuncia en España sobre la “existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado para la eliminación física de los ciudadanos españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno”.

A finales de diciembre de 2011, la justicia argentina volvía a solicitar información al Estado Español sobre dicho genocidio cometido durante la guerra y la postguerra, y a raiz de numerosas demandas encabezadas por viudas, sobrinos e hijos de fusilados, ante los tribunales de Buenos Aires. La juez federal María Servini de Cubría pedía de nuevo nombres y domicilios de ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista comprendidos en ese período que incluían mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española, solicitando, en su caso, el certificado correspondiente en caso de fallecimiento. La jueza también solicitó información sobre otros datos como las fosas comunes, niños robados, trabajo esclavo, etc.

Tras solicitar igualmente datos personales de testigos del genocidio, a fin de localizarlos, la magistrada viajó el 15 de marzo a Madrid para realizar los interrogatorios pertinentes y continuar así su investigación que figura en el expediente "N.N. s/genocidio...". La ARMH le preparó el listado de personas que podrían dar testimonio.

"Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe una Comisión de la Verdad, (...) no hay un sólo niño a quien se le haya restituido su identidad; un sólo victimario que haya sido identificado; un solo siquiera a la que un juzgado le haya tomado declaración; un sólo imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos" afirmaban los abogados en su denuncia de los hechos ante la magistrada argentina.

Mientras los tribunales españoles se han negado por sistema a investigar y enjuiciar los crímenes de la dictadura, Argentina, que ha cumplido con las exigencias mínimas de Verdad, Justicia y Reparación con sus ciudadanos, es el primer país latinoamericano en asumir su principio de derecho universal y perseguir crímenes contra la humanidad fuera de sus fronteras.

Tras cerrar el Tribunal Supremo la vía a la investigación penal de los crímenes del franquismo y suprimir el Gobierno la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, la jueza argentina María Servini de Cubría viajará otra vez a España en los próximos meses de Junio y Julio, para tomar declaración a familiares de asesinados y desaparecidos bajo la dictadura de Francisco Franco.

Audio de "Más Voces";

Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org
10 de abril de 2012 13:33, Tinejo
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Que nos tengan que dar lecciones del principio de justicia universal allende los mares a estas alturas de una política democrática tan frustrante resulta repugnante.

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  • 10 de abril de 2012 23:43, luis
    0 vote

    El mundo esta cada vez mas patas arriba o al reves ya que los argentinos no han sido capaces de investigar y castigar a los culpables de genocidio en su propio pais,pero tienen tiempo y coraje para investigar algo ocurrido en España. Lo mismo para España que no fue capaz de cerrar el capitulo del franquismo, pero andaba preocupado de lo que hicieron otros dictadores en otros paises.

  • 11 de abril de 2012 12:47, Sara
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    En Argentina si se ha condenado a varios cabecillas de la dictadura;

    Cadena perpetua a un militar de la dictadura argentina
    http://www.europapress.es/latam/arg...

    Argentina: Condenas por crímenes cometidos en la ESMA
    http://www.rnw.nl/espanol/article/a...

    El último dictador argentino, Reynaldo Bignone, condenado a 15 años de prisión
    http://www.elmundo.es/america/2011/...

    La justicia argentina condena a Ricardo Cavallo a prisión perpetua
    http://mexico.cnn.com/mundo/2011/10...

    Etc.

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    Quiero denunciar a la Justicia Española


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    IMG_20160722_185608.jpg​​Quiero denunciar los hechos que estoy viviendo en relación a una denuncia impuesta por la madre de mis hijos y los cumplimientos por parte de eso que llaman justicia en relación a la carta de los derechos de los ciudadanos empezando por la juez Ana Rosa Rincon Varona, el juzgado UPAD de 1 instancia e instrucción n 2 de Gernika , eso que llaman Justicia Gratuita y al abogado y procurador que presentan el escrito en nombre de la madre de mis hijos . También incluir en esta mi denuncia al colegio de abogados que se hacen llamar ilustres no se porque y a la abogada que me realizo el divorcio por no cumplir con su defensa presentándome una factura y desentendiéndose del caso

    QUIERO DESTACAR QUE TODAS LAS PERSONAS CITADAS SON COCIENTES DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PROFESIONALES COMO DEMUESTRA SU CATEGORÍA A LA ORA DE DECIDIR LOS CUMPLIMIENTOS DE SUS CONDENAS, ESCRITOS, DENUNCIAS, EXPROPIACIONES ETC .

    POR LO QUE SIGO QUIERO DESTACAR SU ALEVOSÍA A LA ORA DE TOMAR LAS DECISIONES, EJECUCIONES, EMBARGOS, CONDENAS, ETC INCUMPLIEDO ESTA CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

    Siendo consciente de mi denuncia YO IÑIGO LARTITEGI ARRIEN CON DNI: 30586290Q en Bermeo a 22/07/2016
    aportando documentos, como la demanda, mis solicitudes a la justicia gratuita, el rechazo del juzgado a mis pruebas aportadas por email, conversacional con la secretaria el día anterior al juicio, el auto de eso que llaman juicio, la factura de esa abogada que me deja el caso por mi imposibilidad de abonar la cantidad por email

    Carta de Derechos de los Ciudadanos
    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    EtiquetasEtiquetas: atención ciudadana

    PREÁMBULO

    I. UNA JUSTICIA MODERNA Y ABIERTA A LOS CIUDADANOS.

    Una justicia transparente.
    Una justicia comprensible.
    Una justicia atenta con el ciudadano.
    Una justicia responsable ante el ciudadano.
    Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada.
    II. UNA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS MÁS DÉBILES

    Protección de las víctimas del delito.
    Protección de los menores.
    Protección de los discapacitados.
    Los inmigrantes ante la justicia.
    III. UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y PROCURADORES.

    Una conducta deontológicamente correcta.
    Un cliente informado.
    Una justicia gratuita de calidad.
    EFICACIA DE LA CARTA DE DERECHOS.

    PREÁMBULO

    En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal es, precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001.

    Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de los usuarios de la Justicia. Idéntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas de día 22 de mayo de 2001.

    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    Este Grupo ha recogido las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas de la Cámara, así como las opiniones y sugerencias de las Instituciones y organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia. Buena parte de estas aportaciones se han integrado en el contenido de esta Carta.

    Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta desarrolla en su primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto de Estado, destacando la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

    La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica, para superar sus problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente los extranjeros inmigrantes en España a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios y derechos recogidos en esta Carta.

    La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, habiendo resultado especialmente útiles en esta materia las aportaciones recibidas del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

    Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta.

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