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Escrutando Traficantes de Información, último libro de Pascual Serrano

«En España, los medios están todavía peor que en Estados Unidos»

Cultura | Rubén G. Herrera - Tercera Información | 17-12-2010 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

Pascual Serrano es un veterano crítico que utiliza el análisis estructuralista para diseccionar el gran monopolio que ejercen los dueños de los medios. Sus estudios más recientes son: Desinformación: Cómo los medios ocultan el mundo (2009) y El periodismo es noticia. Tendencias sobre comunicación en el siglo XXI (2010). Entonces, la primera pregunta que surge en la mente del lector es probablemente… ¿Y qué nos trae de nuevo?

Mucho. Fundamentalmente, una actualización de las pruebas sobre el control de la información y la opinión en los medios y la connivencia con la clase política. En 2010 se ha criticado mucho a los grandes medios, sentando, si se me permite, un precedente en la forma de entender la ciudadanía la realidad informada. Por ello, es interesante esta propuesta de actualización, con una información sobre los propios medios que resulta imposible para un individuo, que se actualiza cada día y no puede seguirse con criticismo, más aún a sabiendas de que los medios no sirven para informarse sobre los medios… (algo parecido a esa máxima del “quién vigila a los vigilantes”).

Pero primordialmente, descubrimos que Traficantes de la Información es un libro divulgativo y ensayístico que al mismo tiempo funciona muy bien como manual.

*Premisa: Cada capítulo del libro sirve para entender a un grupo de comunicación distinto.

Un ejercicio inverso al de consumir información cada día. El estudio original está atado a una serie de conclusiones junto a críticos como Dardo Gómez: secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) quien hace afirmaciones tajantes:

«Hace años que los directores han resignado su poder de decisión y lo han dejado en manos de los gerentes y directores de marketing…». «El 40% de esta profesión está en paro o carece de todo tipo de contrato laboral».

Pascual Serrano explica que cuando en España se debate el Estatuto del Periodista, los medios argumentan ferozmente que «en una sociedad democrática los periodistas deben quedar fuera de la regulación política». En realidad se referían a que éstos quedasen fuera del imperio de la ley, ante el imperio empresarial. Y más recientemente, la Ley 7/2010 (31 de marzo) o Ley General de la Comunicación Audiovisual cede de nuevo al mercado más poderes, y ofrece “derecho a la autorregulación” a las empresas informativas. ¡Ahora también se podrá comerciar con patrimonio público, arrendar licencias a terceros…!! Este sistema de gestión indirecta, que sobre todo afectará a las licencias de televisión, permitirá monopolios más allá de los monopolios, más allá de limitaciones tradicionales. Una empresa podrá tener la misma influencia o muchísima más que la de su dueño, por lo que las restricciones legales se quedan en papel mojado, ya que la propiedad es cruzada. Se prohíbe tener muchísimo, aunque se permite desregularizar para compartir todo.

Por eso, es un reto entender cómo funcionan nuestros principales canales de producción de sentido, ideología, cultura e información…

«Traficantes de información es una historia de finanzas, despido laborales, manejos de Bolsa, especulaciones financieras, chantajes, sobornos y, por supuesto, delitos. Nada fuera de lo habitual si no fuese porque quieren hacernos creer que la historia de los medios de comunicación es la historia de la libertad de expresión y de la pluralidad informativa».

Quise, incesante, entrevistar a Pascual Serrano, pero afortunadamente encontré algunas preguntas ya respondidas en su medio, Rebelión.

Y es que, aplicando el mismo método de análisis estructuralista puede entenderse la desventura propia del libro hacia su publicación (acogido finalmente por Ramón Akal).

Porque, que los principales medios de comunicación y difusión de cultura están bajo el control de multinacionales y grupos económicos poderoso no es ningún misterio a estas alturas; pero entender de un plumazo qué intereses en cadena se producen en la cadena de televisión, emisora de radio, página web o periódico no es tan sencillo. En este sentido, Traficantes de Información está plagado de ejemplos muy recientes:

  •  Los despidos: Pascual hace un repaso profundo (hasta la fatiga) sobre los miles de despidos ilegales que se han producido en España, sobre todo en los últimos dos años.
  •  Los cierres: sobre todo de periódicos: por ejemplo, los pertenecientes al capítulo sobre el grupo Prensa Ibérica, de Francisco Javier Moll: como La opinión de Granada (2009), O comercio do Porto y A Capital (2005, con 151 años de historia). La prensa de Ibiza. La Opinión de Tenerife (2009)… En todos los casos, los cierres han sido inesperados, improcedentes e injustos. El Faro de Vigo tampoco ha estado exento de polémica en los últimos dos años.
  •  Las potencialidades de la TDT se han sacrificado en el proceso de acumulación natural del capitalismo cognitivo. La “participación creciente” ya no existe, porque la tienen toda. Un ejemplo de esto sería la consagración de una sola cadena nacional de La 10 de Vocento.
  •  Los nuevos marcos de regulación, fuera del amparo de la Constitución Española, o del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1984, sobre el derecho a recibir una información “veraz”. Este último queda convertido en una marca para su cotización en la Bolsa de valores o en objeto de trueque y comercio entre grandes grupos económicos y financieros.

    Y mucho más. Pascual Serrano hace público otro compendio de malas prácticas en España, país donde el sector informativo «está peor que en Estados Unidos». Y lo hace siguiendo la estela de analistas mediáticos como Enrique Bustamante (autor en 1981 del visionario Los amos de la información y prologuista de este libro); Información sobre la información, de Manuel Vázquez Montalbán; El poder de la banca en España, de Juan Muñoz; Vicente Romano con Los intermediarios de la cultura (1977); Fernando Quirós con España: concentración acelerada (2005); o La política de la Comunicación Audiovisual del Gobierno socialista (2004-2009): un giro neoliberal, de Ramón Zallo.

    En este recorrido, muchos investigadores ya apuntaron una conclusión que genera risas sardónicas: los grupos luchan inestablemente por crecer, pero esta bulimia no es beneficiosa para ellos mismos a largo plazo. Locura colectiva que, tal vez, no dentro de mucho, lleve a colapsos como los vistos en algunos grandes grupos multinacionales. Sin ir más lejos, los endeudamientos constantes, como el caso crítico del Grupo Zeta en 2008, ahora en manos de La Caixa.

  • 16 de diciembre de 2010 16:32, LUISANA
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    IMG_20160722_185608.jpg​​Quiero denunciar los hechos que estoy viviendo en relación a una denuncia impuesta por la madre de mis hijos y los cumplimientos por parte de eso que llaman justicia en relación a la carta de los derechos de los ciudadanos empezando por la juez Ana Rosa Rincon Varona, el juzgado UPAD de 1 instancia e instrucción n 2 de Gernika , eso que llaman Justicia Gratuita y al abogado y procurador que presentan el escrito en nombre de la madre de mis hijos . También incluir en esta mi denuncia al colegio de abogados que se hacen llamar ilustres no se porque y a la abogada que me realizo el divorcio por no cumplir con su defensa presentándome una factura y desentendiéndose del caso

    QUIERO DESTACAR QUE TODAS LAS PERSONAS CITADAS SON COCIENTES DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PROFESIONALES COMO DEMUESTRA SU CATEGORÍA A LA ORA DE DECIDIR LOS CUMPLIMIENTOS DE SUS CONDENAS, ESCRITOS, DENUNCIAS, EXPROPIACIONES ETC .

    POR LO QUE SIGO QUIERO DESTACAR SU ALEVOSÍA A LA ORA DE TOMAR LAS DECISIONES, EJECUCIONES, EMBARGOS, CONDENAS, ETC INCUMPLIEDO ESTA CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

    Siendo consciente de mi denuncia YO IÑIGO LARTITEGI ARRIEN CON DNI: 30586290Q en Bermeo a 22/07/2016
    aportando documentos, como la demanda, mis solicitudes a la justicia gratuita, el rechazo del juzgado a mis pruebas aportadas por email, conversacional con la secretaria el día anterior al juicio, el auto de eso que llaman juicio, la factura de esa abogada que me deja el caso por mi imposibilidad de abonar la cantidad por email

    Carta de Derechos de los Ciudadanos
    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    EtiquetasEtiquetas: atención ciudadana

    PREÁMBULO

    I. UNA JUSTICIA MODERNA Y ABIERTA A LOS CIUDADANOS.

    Una justicia transparente.
    Una justicia comprensible.
    Una justicia atenta con el ciudadano.
    Una justicia responsable ante el ciudadano.
    Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada.
    II. UNA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS MÁS DÉBILES

    Protección de las víctimas del delito.
    Protección de los menores.
    Protección de los discapacitados.
    Los inmigrantes ante la justicia.
    III. UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y PROCURADORES.

    Una conducta deontológicamente correcta.
    Un cliente informado.
    Una justicia gratuita de calidad.
    EFICACIA DE LA CARTA DE DERECHOS.

    PREÁMBULO

    En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal es, precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001.

    Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de los usuarios de la Justicia. Idéntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas de día 22 de mayo de 2001.

    La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

    Este Grupo ha recogido las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas de la Cámara, así como las opiniones y sugerencias de las Instituciones y organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia. Buena parte de estas aportaciones se han integrado en el contenido de esta Carta.

    Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta desarrolla en su primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto de Estado, destacando la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

    La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica, para superar sus problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente los extranjeros inmigrantes en España a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios y derechos recogidos en esta Carta.

    La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, habiendo resultado especialmente útiles en esta materia las aportaciones recibidas del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

    Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta.

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